Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra siete funcionarios de El Salvador y Guatemala por perpetrar «ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción» en ambos países.
El Departamento de Estado publicó este lunes un comunicado anunciando a siete funcionarios centroamericanos que incluirán en la «Lista de Actores Corruptos y No Democráticos».
«Estados Unidos está comprometido a apoyar a la gente del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor», dice el comunicado.
«Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte.
De acuerdo a esta ley, los funcionarios designados no podrán ser elegibles para visas y no podrán viajar a Estados Unidos.
«Estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala», agregó el departamento.
«En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el Fiscal General Porras de Guatemala y el Secretario General Pineda a la lista», tuiteó el secretario del Departamento de Estado el 20 de septiembre.
In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021
Entre la lista de sancionados que será enviada al Congreso, se encuentran los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo de El Salvador: Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.
Según el gobierno estadounidense, los jueces «socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña».
El 1 de mayo, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general–funcionarios con los que el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año. Sin embargo, una vez instalados, los nuevos magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa.
En ese momento, la vicepresidenta Kamala Harris se pronunció sobre el hecho, señalando que un poder judicial independiente «es crucial» para una democracia sana y una economía fuerte. Diversos organismos internacionales, como la OEA y la ONU, se sumaron también a la preocupación.
Asimismo, la democracia en el país nuevamente se vio vulnerada, dijo el departamento de Estado, luego que se aprobara una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección de Bukele, a pesar de que la Constitución prohibía mandatos consecutivos a la presidencia.
En cuanto a Guatemala, se agregó a María Consuelo Porras Argueta De Porres, actual Fiscal General de Guatemala; y a Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del Ministerio Público, a la lista de actores corruptos.
«Porras obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales (…) ordenando a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas», dijo el gobierno estadounidense.
Por su parte, Pineda obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al presuntamente alertar a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.
«Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano», agregó el departamento en el comunicado.
Con información de EFE.
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