El Gobierno de Estados Unidos manifestó este miércoles su rechazo a la detención de la exdiputada y actual funcionaria guatemalteca Ligia Hernández, arrestada ayer por el Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano.
«Condenamos con dureza el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo más del uso del sistema judicial como arma por parte del Ministerio Público», dijo en sus cuentas oficiales el encargado de América Latina para el Departamento de Estado, Brian Nichols.
«Estados Unidos rechaza las acciones para criminalizar a quienes luchan contra la corrupción y defienden la democracia», recalcó Nichols.
Hernández fue arrestada el martes al mediodía a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala y rendirá su primera declaración hasta el próximo viernes por la mañana.
La exlegisladora forma parte del gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y ambos fueron diputados en el período 2020-2024 con la agrupación política Movimiento Semilla, que ganó las elecciones en 2023 con un discurso anticorrupción.
Hernández, de 42 años, es la actual directora del Instituto de la Víctima, una entidad gubernamental, puesto que ocupa desde febrero pasado por decisión del actual presidente.
La funcionaria indicó en un mensaje en sus canales en redes sociales que existía una orden de captura en su contra por un falso caso de corrupción vinculado al Movimiento Semilla y se preguntó cuántas personas inocentes más irán a la cárcel injustamente o forzadas al exilio a manos del Ministerio Público.
«La respuesta es clara: o gana el Ministerio Público o gana Guatemala», aseveró Hernández.
El caso fue presentado en diciembre de 2023 por el Ministerio Público después de que Arévalo de León, con su discurso anticorrupción, sorprendiera con su triunfo en las elecciones de dicho año cuando las encuestas lo colocaban en octavo lugar.
Del caso se sabe poco ya que se encuentra «bajo reserva», una medida legal que permite acceso al expediente del mismo solamente a las partes involucradas. Sin embargo, el Movimiento Semilla tampoco ha tenido acceso al mismo, una decisión considerada ilegal por expertos.
El Ministerio Público guatemalteco es dirigido por Consuelo Porras Argueta, señalada como corrupta por Estados Unidos y la Unión Europea, que le han vedado el acceso a su territorio.
Porras Argueta fue acusada en 2023 por Arévalo de León por querer llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura, que finalmente se llevó a cabo de manera accidentada en enero pasado.
Al menos un centenar de personas han tenido que salir al exilio por la persecución del Ministerio Público, mientras otros se encuentran en prisión como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de daños sin sentencia judicial firme por un supuesto caso de lavado de dinero.
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