Los países que defienden el estado de derecho y protegen la libertad y los derechos humanos son más capaces de responder eficazmente a crisis como la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), ha dicho el Departamento de Estado de EE.UU.
«Las respuestas de los gobiernos a la epidemia de COVID-19 no deben utilizar la enfermedad como pretexto para la represión de personas o ideas», dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
El departamento destacó los esfuerzos de EE.UU. para asegurar la buena gobernanza y la protección de la libertad y los derechos humanos en varios países al responder a la pandemia de COVID-19.
Los regímenes autoritarios están mal equipados para enfrentar la crisis causada por la pandemia, porque su supresión del libre pensamiento, la libertad de expresión y otras libertades impide a los científicos y periodistas operar libremente, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una conferencia de prensa en abril.
Con Hong Kong, Pompeo advirtió al régimen chino contra el uso de COVID-19 como pretexto para socavar la autonomía de Hong Kong al imponer una ley de seguridad nacional que debilita el estado de derecho y permite al régimen sofocar los derechos de los residentes.
En cuanto a Irán y Siria, el Departamento de Estado dijo que ambos regímenes continúan tomando medidas enérgicas contra la disidencia antigubernamental y difundiendo desinformación sobre el impacto de las sanciones de EE.UU. y la UE en su respuesta a COVID-19. En cambio, podrían tomar medidas para mitigar la crisis causada por la pandemia y liberar «a los detenidos arbitrariamente de las cárceles superpobladas», dijo el Departamento de Estado.
El departamento dijo que ha estado trabajando con socios internacionales para exponer las campañas de desinformación de los regímenes y pidió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas les haga responsables de sus acciones.
Apoyar la libertad de expresión, combatir la desinformación
El Departamento de Estado condenó las amenazas de violencia hechas por el líder de la República de Chechenia de Rusia, Ramzan Kadyrov, contra dos periodistas por su cobertura de la pandemia, así como al propio gobierno ruso por censurar los artículos que critican la respuesta de Rusia a COVID-19.
Además, el Departamento de Estado impuso sanciones adicionales a Kadyrov por violaciones de los derechos humanos que duraron más de una década «incluyendo tortura y ejecuciones extrajudiciales», dijo el departamento en una declaración separada.
La preocupación es que «Kadyrov está usando ahora la excusa de la pandemia del coronavirus para infligir más abusos a los derechos humanos» del pueblo checheno, dijo.
Kadyrov se enfrentó anteriormente a una sanción después de que una investigación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) encontrara graves violaciones a los derechos humanos que cometió bajo «un clima de impunidad», según la declaración.
El Departamento de Estado también hizo un llamado a la libertad de expresión en Uzbekistán, donde los periodistas se enfrentan a multas sustanciales o a una pena de prisión por difundir información falsa sobre COVID-19, según la declaración.
Estados Unidos apoya la libertad de expresión al respaldar la difusión de información sobre COVID-19 y las formas de prevenir su propagación, al tiempo que contrarresta la desinformación a través de una estación de radio comunitaria en el Congo, y se asocia con estaciones de radio y televisión locales, medios de comunicación y activistas comunitarios en Guinea.
El Departamento de Estado instó a los gobiernos de Azerbaiyán y Bangladesh a que no utilizaran la pandemia como pretexto para silenciar a la oposición política y a los críticos de la respuesta del gobierno a la pandemia, suprimir el debate público o sofocar la libertad de expresión.
En ambos países se ha detenido o acosado a personas por ejercer la libertad de expresión y, en un caso en Azerbaiyán, una persona fue confinada a un hospital psiquiátrico, según la declaración.
En Ucrania, Estados Unidos ha proporcionado durante la pandemia consultas y asistencia jurídica para proteger la libertad de expresión y ha abogado contra la expulsión de la minoría romaní de la ciudad de Kiev por haber violado presuntamente las restricciones de cuarentena.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también ayudó a Malí a garantizar la protección de la salud en sus elecciones legislativas de este año al proporcionar puestos para el lavado de manos a más de «22,000 colegios electorales que llegaron a casi 2.7 millones de votantes», dijo el departamento.
En Bolivia, la USAID ha estado proporcionando datos científicos y tendencias relacionadas con la propagación del virus del PCCh que las autoridades locales están utilizando para reprogramar sus elecciones.
La USAID también ha ayudado a Indonesia a mejorar la transparencia de sus procedimientos de contratación de COVID-19 para prevenir la corrupción, mientras que en Kosovo ha contribuido a mitigar el impacto de COVID-19 en el sistema judicial.
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