El gobierno de Estados Unidos afirma que él, y no Moderna, debería enfrentar una demanda que alega que la compañía cometió una infracción de patente con su vacuna contra COVID-19.
La corte debería permitirle “liberar a Moderna de cualquier responsabilidad por la infracción de patentes que resulte en la ejecución del contrato ‘-0100 y transferir a Estados Unidos cualquier obligación por la fabricación o el uso de las invenciones reivindicadas en las patentes -en el- juicio resultante de los actos autorizados y consentidos», dijo el gobierno.
La responsabilidad no se refiere a una admisión de infracción de la patente, dice la presentación, sino a «tener la responsabilidad legal en cualquier acto que pueda constituir la supuesta infracción».
Arbutus Biopharma y Genevant Sciences demandaron a Moderna en 2022 ante un tribunal federal de Delaware, alegando que Moderna en su vacuna utilizó «tecnología innovadora» que Arbutus ya había creado y patentado.
Más tarde, Moderna solicitó la desestimación, argumentando que, según la ley federal, cualquier reclamo de infracción relacionado con invenciones que se utilizan «por o para el gobierno» y con «la autorización y el consentimiento del gobierno» debe manejarse en la Corte de Reclamaciones Federales.
El primer punto se cumplió en el contrato de 2020 entre Moderna y el Ejército de Estados Unidos, el contrato ‘-0100, que estableció en parte que el acuerdo era «para el gobierno de Estados Unidos (…) y la población de EE. UU.», dijo Moderna. El segundo punto, dijo la compañía, se cumplió con la inserción de una regulación que establece que el gobierno “autoriza y da su consentimiento para todo uso y fabricación, en la ejecución de este contrato o cualquier subcontrato en cualquier nivel, de cualquier invención descrita en y cubierta por un Acuerdo por la patente de Estados Unidos”.
En su fallo que rechaza el intento de Moderna de desestimar el caso, el juez de distrito de EE. UU., Mitchell Goldberg, dijo que las acusaciones contra Moderna indican que el desarrollo y la venta de las vacunas era principalmente para el beneficio de los destinatarios de las vacunas. El gobierno de Estados Unidos fue un beneficiario incidental, dijo. Según la jurisprudencia, la ley de 1498 no ampara las invenciones con beneficio incidental.
“Si bien el descubrimiento puede revelar que toda, parte o ninguna de las supuestas actividades infractoras fueron ‘para el gobierno’, el registro limitado apropiado para su consideración en esta etapa no me permite tomar tal determinación”, dijo el juez Goldberg, miembro designado por George W. Bush. El juez también se negó a determinar que Moderna cumpliera con el estándar de contar con la autorización y el consentimiento del gobierno, en parte porque el gobierno no había presentado ningún documento que respaldara a la empresa.
En la nueva declaración de interés, los abogados del gobierno dejaron en claro que respaldan a Moderna.
Ellos ofrecieron muchos de los mismos argumentos que Moderna puso en su moción, cuando le pidieron al juez que les permitiera defenderse contra el reclamo de la patente en la corte de Reclamos Federales.
“Yo creo que la declaración del gobierno de EE. UU. es bastante importante (…) porque realmente establece que la distribución gratuita de vacunas al público está cubierta por el 1498”, dijo a The Epoch Times James Love, director de Knowledge Ecology International. El gobierno compró vacunas contra COVID-19 con fondos de los contribuyentes y las hizo gratuitas para el público hasta el día de hoy.
Love encontró fuerte el argumento del gobierno y cree que finalmente convencerá a Goldberg de fallar a favor del gobierno y de Moderna.
Audiencia
Las partes se habían estado preparando para presentar las evidencias antes de que el gobierno entregara su presentación. Una audiencia del 16 de febrero destinada a repasar el cronograma de la presentación de evidencias se convirtió en una audiencia sobre la declaración.
La presentación judicial del gobierno no prueba que Moderna haya desarrollado la vacuna en beneficio del gobierno, dijo ante el tribunal David Berl, en representación de los demandantes.
“¿Esto es para el gobierno o es, más bien, en beneficio de la población de Estados Unidos? El gobierno no tiene nada que decir sobre esta cuestión”, dijo Berl. “Esto no es una cuestión que deba decidir el gobierno, es una cuestión que debe decidir la corte. Esa es una cuestión de hecho ferozmente disputada”.
La pruebas, revelarían las comunicaciones que dejarían en claro si Moderna actuó bajo el control del gobierno o de manera independiente, dijo Berl.
Él también señaló que un segundo contrato entre Moderna y el Ejército, firmado en 2022, no contiene las cláusulas reglamentarias que Moderna citó para respaldar la versión de autorización y consentimiento. Ese contrato establece explícitamente que «los términos del contrato no constituyen una autorización o consentimiento expreso o implícito del gobierno en virtud de la sección 1498», dijo el gobierno en su presentación.
Eso podría significar que parte del caso, que se ocupa del último contrato y cualquier uso no gubernamental por parte de entidades privadas, continuará en una corte de EE. UU. en Delaware, mientras que la otra parte, que se ocupa del contrato original, pasará a la Corte de Reclamaciones Federales.
El gobierno sería el acusado en esta última corte, dijo un abogado del gobierno, sin decir si el gobierno impugnará la acusación de infracción.
Los abogados de Moderna pidieron al juez que reconsidere el fallo sobre la moción de desestimación a la luz de la nueva posición del gobierno.
Goldberg solicitó presentaciones de las partes mientras considera esa solicitud.
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