El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, aseguró que Estados Unidos evaluará “los próximos pasos a tomar” si el régimen orteguista persiste en rechazar un diálogo con la Alianza Cívica, durante un evento en Managua el 14 de agosto.
“Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembro de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomarán en cuenta”, dijo el diplomático al referirse sobre la decisión unilateral del régimen de Nicaragua de no seguir negociando una solución a la crisis que azota al país desde abril de 2018, durante un evento para presentar a la nueva agregada de prensa, Laura Santini.
Dichas conversaciones ofrecían “retomar el sendero de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico” para Nicaragua.
Sullivan explicó que los acuerdos dentro de las negociaciones incluían el compromiso del régimen de “devolver los medios de comunicación ocupados a sus legítimos dueños, acabar con las restricciones de la importación de papel y otros suministros, y respetar otros derechos civiles garantizados por la Constitución de Nicaragua”.
El Ejecutivo nicaragüense y la Alianza Cívica iniciaron una segunda ronda de negociaciones que permitió alcanzar en abril acuerdos parciales para la liberación de los manifestantes encarcelados a raíz de los sucesos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 y la restitución de los derechos civiles suspendidos durante los últimos meses.
El régimen nicaragüense y la Alianza Cívica iniciaron un diálogo durante abril, lo cual permitió la liberación de presos políticos que fueron detenidos por participar en protestas contra Ortega desde el estallido social del 18 de abril de 2018. Sin embargo, el rechazo del gobierno de Daniel Ortega durante las negociaciones de abril y mayo, sumado al asesinato del estadounidense Eddy Montes, dificultaron más dichas conversaciones.
El pasado 16 de mayo, Eddy Antonio Montes Praslín, de 57 años, falleció de un disparo durante un motín en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, donde permanecía recluido como “preso político”. Montes había sido reportado como desaparecido en octubre pasado y luego apareció en prisión.
Los “presos políticos” son personas que fueron detenidas por participar en protestas contra Ortega desde el estallido social del 18 de abril del año pasado.
Pero esta no es la primera vez que Estados Unidos lanza una advertencia hacia el régimen orteguista en lo que va del año.
Durante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela el 6 de agosto, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dio a entender que Nicaragua podría ser el próximo país latinoamericano en recibir sanciones por parte de Estados Unidos, luego de la orden ejecutiva emitida por Trump para bloquear las propiedas del régimen venezolano el día anterior:
“Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí [en Nicaragua] otra vez, y va a funcionar en Venezuela y Cuba”, expresó Bolton durante su discurso, al referirse a los regímenes sobre los que Estados Unidos impuso bloqueos económicos anteriormente.
Así mismo, empresarios nicaragüenses advirtieron al régimen de Daniel Ortega que se tomara en serio las advertencias de Estados Unidos sobre imponer al país centroamericano un bloqueo económico similar al de Venezuela.
“Es una advertencia política y se hizo de dos maneras porque [Bolton] mencionó que ya Nicaragua fue sujeta de embargo en 1985 y en algunos documentos [entre el Gobierno de EE.UU.] ha circulado que es un tema que se puede aplicar nuevamente”, dijo Aguerri a La Prensa.
Así mismo, esta posible medida no resulta sorprendente para los empresarios y opositores del régimen, quienes dijeron que estuvieron advirtiendo que “por negarse [Nicaragua] a dialogar una salida política a la crisis, se van a intensificar las presiones internacionales, y de eso el único responsable es Ortega quien se está aferrando al poder a costa de sacrificar la economía y a todos los nicaragüenses”, sentenció Arana.
“La opción de la dictadura es mantenerse en el poder a costa de la muerte de quien se oponga y de la destrucción de la economía nacional”, informó la Unidad Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, en una declaración pública el 2 de agosto.
El primer embargo de Estados Unidos contra Nicaragua ocurrió el 1 de mayo de 1985, también bajo el régimen sandinista, cuando el entonces presidente Ronald Reagan anunció su decisión de imponer sanciones económicas contra Nicaragua. Dicho embargo prohibía la importación de productos fabricados en Estados Unidos y países aliados a Nicaragua.
Siete meses después del anuncio de Reagan, el 90% de las industrias textiles, alimentarias, de calzado y de cuero se desplomaron por el corte en el suministro de materias primas.
En febrero de 1990, la administración de George W. Bush anunció el fin del embargo y se reanudó la importación y exportación de productos entre ambos países, así como el restablecimiento del tráfico aéreo y marítimo entre EE.UU. y Nicaragua.
Durante el evento, el diplomático dijo que «el gobierno de Nicaragua debería regresar a la mesa de negociaciones y cumplir con lo que se comprometió en el mes de marzo», y que confía que de ser así, los “testigos y acompañantes” los apoyarán en alcanzar la solución. “Mi gobierno comparte el criterio que negociaciones serias que resuelvan los principales temas son el camino para acabar con el sufrimiento en Nicaragua y abrir la puerta a un capítulo nuevo y más prometedor en la historia de este país”, sostuvo.
La CIDH, que responsabiliza al régimen de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad, sostiene que la crisis ha dejado al menos 326 muertos desde su inicio en abril pasado, pero las organizaciones locales cuentan 594 muertes. Ortega solo admite 200.
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