Los jueces federales en tres estados han emitido medidas cautelares temporales contra la nueva política de «carga pública» de la administración Trump (pdf) que busca garantizar que los futuros inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos sin convertirse en una carga para los contribuyentes.
Casi simultáneamente, los jueces en tres casos separados ante los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de California y el Distrito Este de Washington ordenaron el viernes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementar y hacer cumplir las nuevas reglas, que está previsto que entren en vigencia el 15 de octubre. Dos de esos mandatos temporales, a saber, Nueva York y Washington, son a nivel nacional.
En respuesta, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando su decepción con los fallos, especialmente el mandato nacional.
«Las decisiones de hoy impiden que los oficiales de inmigración de nuestra nación garanticen que los inmigrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos sean autosuficientes y, en cambio, permiten que los no ciudadanos continúen aprovechando nuestros recursos públicos generosos pero limitados reservados para los estadounidenses vulnerables», se lee en el comunicado. «Estos mandatos son el último ejemplo inexplicable de que se ordena a la Administración que cumpla con la orientación imperfecta o sin ley de una administración anterior en lugar de las leyes reales aprobadas por el Congreso».
Como una política de larga data, el gobierno federal puede negarle a una persona que ingrese a los Estados Unidos u obtener el estatus de residente permanente legal si se determina que el solicitante puede convertirse en una carga para el país, en otras palabras, una «carga pública».
«A través de la regla de la carga pública, la administración del presidente Trump está reforzando el ideal de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos», Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., un agente del DHS, dijo en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el 12 de agosto.
La nueva regla define a un inmigrante como una «carga pública» si recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. La regla también enumera los casos en que las personas están exentas de la regulación, en gran parte por razones humanitarias.
La Casa Blanca señaló que promover la autosuficiencia entre los inmigrantes ha sido un principio básico del sistema de inmigración durante mucho tiempo, citando una legislación bipartidista (pdf) de 1996 promulgada por el Congreso y el presidente Bill Clinton.
Parte de la legislación establece que «los extranjeros dentro de las fronteras de la nación [no deberían] depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades».
«La disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos», continúa, y agrega que «a pesar del principio de autosuficiencia, los extranjeros han estado solicitando y recibiendo beneficios públicos de los gobiernos federal, estatal y gobiernos locales a tasas crecientes».
Mimi Nguyen Ly contribuyó a este informe.
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