Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana en el escenario de la ronda de sesiones en la Asamblea General de la ONU denunciaron la ruptura del orden democrático en Nicaragua, este miércoles en una declaración conjunta.
Los países signatarios de la declaración condenaron la represión por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra sus opositores, periodistas, miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y empresarios, de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 7 de noviembre.
Los países reafirmaron su compromiso con la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en las Américas. Y reiteraron que «la autoridad del gobierno solo puede fundarse en la voluntad del pueblo expresada en elecciones libres, justas y realizadas de una manera transparente».
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Republica Dominicana adoptamos una declaración conjunta en la que reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento y la promoción de la democracia. pic.twitter.com/phDrEXLz83
— ChileONU ?? (@ChileONU) September 22, 2021
«Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del estado de derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas», dice la declaración. «Evidenciada en la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias que afectan considerablemente la participación política, así como el respeto y garantía de los derechos humanos».
Señalaron además que Nicaragua «no reúne las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas», bajo la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Además rechazan la intimidación y amenaza a la que son sometidos los disidentes, la prensa y las personas defensoras de los DD. HH. y las prácticas que restringen la participación política.
Los ocho países pidieron la liberación inmediata y la restitución de los derechos políticos de los líderes detenidos sin el debido proceso, bajo los estándares internacionales.
Exhortaron al régimen de Ortega a que implemente «medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales» a fin de llevar a cabo elecciones libres, justas y creíbles. Además, señalaron que el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento contra los opositores, periodistas, miembros de la sociedad civil y defensores de DD. HH. y que existan garantías del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación política son «esenciales durante el proceso electoral».
Hicieron un «llamado a la comunidad internacional para impulsar la observación del proceso electoral nicaragüense y sus garantías de una forma imparcial», con el fin de que se «permita la participación de todos los candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación» que han sido restringidos en Nicaragua.
«Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, el respeto de sus derechos humanos y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país», agrega la declaración.
Por su parte, el presidente de Costa Rica expresó este martes su “profunda preocupación” por la situación de Nicaragua durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, haciéndose eco de las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
“Nos preocupa el encarcelamiento de opositores políticos, de periodistas, y de estudiantes”, dijo. “Hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y promoción a los derechos humanos, la libertad de expresión, y prensa tengan todas las condiciones” en el país centroamericano.
Esto ocurre mientras falta poco más de un mes para que se celebren las elecciones generales en el país centroamericano donde Ortega, que está en el poder desde 2007, busca obtener un quinto mandato. Durante estos últimos tres meses se puso en tela de juicio la legitimidad de las elecciones debido a represiones constantes del régimen contra líderes opositores, miembros del sector civil, empresarios, periodistas y activistas de derechos humanos.
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