El gobierno estadounidense pidió la liberación del abogado chino de derechos humanos Yu Wensheng, detenido en China desde hace más de un año.
«Hoy hace un año #YuWensheng fue juzgado por abogar por reformas constitucionales en @Twitter, una plataforma prohibida en #China», declaró la Comisión Ejecutiva del Congreso de China (CECC) en su Twitter el 9 de mayo.
Yu provocó la ira de las autoridades chinas después de publicar una carta abierta en Twitter en enero de 2018, dirigida a altos funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh), quienes se habían reunido en Beijing para una importante reunión política.
Una de las reformas constitucionales que Yu sugirió fue la abolición de la Comisión Militar Central de China (CMC), el máximo órgano de dirección militar del PCCh. Él instó a que el poder de la CMC se transfiriera al Consejo de Estado, el más alto órgano administrativo del gobierno chino, similar a un gabinete de gobierno.
Yu argumentó que el ejército chino debería pertenecer al país y no al Partido.
Un día después de su posteo en Twitter, la policía local tomó a Yu en custodia cerca de su casa en Beijing. Luego fue llevado a la ciudad de Xuzhou en la costa de la provincia de Jiangsu en China y puesto bajo «vigilancia residencial».
Cuatro meses más tarde, la oficina del fiscal de Xuzhou lo acusó de obstruir la administración del orden público e «incitar a la subversión del poder del Estado», una acusación general que el régimen chino suele utilizar contra los disidentes.
La esposa de Yu, Xu Yan, dijo que su marido fue sometido a un juicio secreto en el Tribunal Popular Intermedio de Xuzhou sin su conocimiento, el 9 de mayo de 2019.
No ha sido condenado y no está claro dónde está detenido actualmente.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, declaró que no había base legal para la detención de Yu y que la privación de su libertad era «contraria al artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», de acuerdo a una opinión emitida el 29 de mayo del año pasado.
En declaraciones a la edición en chino de The Epoch Times, a principios de este mes Xu dijo que las autoridades no le han permitieron ni a ella ni al abogado de su marido reunirse con él, desde su detención en enero de 2018.
En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter el 1 de mayo, en medio del llanto, Xu instó a los embajadores extranjeros a presionar a Beijing para que liberen a su marido. «Él no es culpable. Él sólo está cumpliendo con sus obligaciones como abogado y ejerciendo el derecho a la libertad de expresión que le otorga la Constitución [china]», dijo.
El 8 de mayo, Xu publicó otro vídeo en el que mostraba sus llamadas telefónicas a Liu Mingwei, el juez que presidía el caso de Yu, y a la oficina del fiscal en Xuzhou. Liu no respondió a la llamada telefónica, mientras que una persona no identificada de la oficina del fiscal dijo que no se había llegado a un veredicto en el caso de Yu.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos expresa su preocupación por el caso de Yu. El 20 de abril, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, pidió en un comunicado de prensa «la liberación de todos los detenidos injustamente» en China, incluyendo a Yu.
«Seguimos preocupados por la debilidad del estado de derecho [de la República Popular China], las detenciones arbitrarias, la tortura bajo custodia y las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos dentro de sus fronteras», añadió Ortagus.
Yu defendió sin éxito el caso de su colega, el abogado de derechos humanos Wang Quangzhang, quien fue recientemente liberado tras cumplir una condena de 4,5 años por cargos de «subversión del poder del Estado».
Al igual que Wang, Yu también representó a activistas y adherentes del grupo espiritual Falun Gong, una práctica de meditación también conocida como Falun Dafa, que ha sido severamente perseguida por el régimen desde 1999.
El comisionado de derechos humanos del gobierno alemán, Bärbel Kofler, junto con el embajador general francés para los derechos humanos, François Croquette, también emitieron una declaración conjunta el 9 de mayo sobre el caso de Yu.
«Aprovechamos el aniversario de su juicio para reiterar nuestra preocupación por el hecho de que su familia no haya recibido ninguna información sobre el estado del juicio de Yu Wensheng, su veredicto o su situación personal desde entonces», indica la declaración conjunta. «Nosotros hacemos un llamado a las instituciones chinas para que dirijan el proceso de acuerdo con el estado de derecho».
La organización de derechos humanos Front Line Defenders, con sede en Irlanda, también expresó su preocupación por Yu, en un comunicado el 8 de mayo.
«Front Line Defenders pide al Tribunal Municipal Intermedio de Xuzhou que confirme las obligaciones de derechos humanos de China en virtud de la Constitución china y el derecho internacional de los derechos humanos y, sin demora, exonere a Yu Wensheng y lo libere incondicionalmente», dijo.
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