Estados Unidos anunció hoy la reducción de su aportación a la Organización de Estados Americanos (OEA) en campañas a favor del aborto, en el marco de una ampliación de sus políticas para restringirlo.
«Las instituciones de la OEA deberían estar concentradas en encarar las crisis de Nicaragua, Cuba y Venezuela, no en avanzar la causa a favor del aborto. Y para dejar claro que nuestro mensaje es escuchado reduciremos nuestras contribuciones a la OEA», subrayó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa.
Esta decisión se enmarca dentro de una extensión de las políticas antiaborto del Gobierno.
En ese sentido, Pompeo adelantó que su país rechazará «ofrecer asistencia a organizaciones no gubernamentales extranjeras que apoyen otros grupos extranjeros en la industria global del aborto».
Remarcó que se llevará a cabo «una estricta prohibición de los mecanismos de financiación por la puerta de atrás» para asegurar que «los dólares de los contribuyentes estadounidenses no serán usados para respaldar abortos».
El anuncio amplía la política decretada en 2017 en la que Washington bloqueaba fondos para grupos extranjeros que llevasen a cabo actividades de planificación familiar, y ahora se aplica también a los que aportan financiación para terceros o hacen campaña activa fuera del país.
Pompeo citó específicamente «las recientes prueba de activismo a favor del aborto de un órgano de la OEA».
El titular de Exteriores no precisó a qué entidad del organismo hemisférico encabezado por el secretario general Luis Almagro se refería ni el monto de esta rebaja en las aportaciones.
«Nuestra reducción será el equivalente a la cuota estimada de EE.UU. en posibles gastos relacionados con estas actividades de aborto», dijo sin ofrecer más precisiones.
El Departamento de Estado anunció en mayo de 2017 el programa «Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global», que tendrá 8800 millones de dólares para financiar organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que cumplan con la regla de «mordaza global», aquella que prohíbe asistir a asociaciones que ayuden en el acceso al aborto.
La regla, también conocida como la «política de Ciudad de México», fue reinstaurada por el presidente Donald Trump apenas tres días después de tomar posesión de su cargo en enero de 2017, después de que hubiera sido revocada por su predecesor, Barack Obama.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el movimiento en contra del aborto ha ganado impulso en el país, y los activistas consideran que el nombramiento de dos jueces conservadores en la Corte Suprema en los últimos dos años acercan la posibilidad de que se revise la legalización del aborto, aprobada en 1973.
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