Este jueves Estados Unidos anunció sanciones contra la policía de Nicaragua y tres de sus comisionados por abusos de derechos humanos y acciones en contra de la democracia en el país.
El secretario de Estado de EE. UU. a través de un comunicado del 5 de marzo señaló que la acción busca promover «la rendición de cuentas de quienes desempeñan un papel en los graves abusos de los derechos humanos y tratan de silenciar las voces en favor de la democracia en Nicaragua».
Las sanciones financieras son en contra de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y tres comisionados de la PNN, Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina; resultando en la prohibición a cualquier estadounidense de realizar transacciones con cualquiera de ellos.
De acuerdo con Mike Pompeo las medidas son adoptadas en conformidad al Decreto Ejecutivo 13851, «Bloqueo de la propiedad de determinadas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua», y a la Ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA).
El secretario explicó que la PNN es el «principal instrumento de represión violenta contra el pueblo nicaragüense» utilizado por el régimen de Daniel Ortega, quien lleva 13 años en el poder.
Asimismo señaló que es «responsable o cómplice; o responsable de ordenar, controlar o dirigir de otro modo; o por haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en actos importantes de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos contra personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018».
«La PNN ha utilizado municiones reales contra los manifestantes, ha participado en escuadrones de la muerte y ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias», afirmó Pompeo.
Por su parte los tres hombres sancionados son funcionarios del régimen de Nicaragua y dirigentes de la policía.
Valle Valle, jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la PNN en 2019, dirigió el acoso a los ciudadanos mientras se refugiaban en el centro comercial Metrocentro en Managua. Pérez Olivas es jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la PNN y Director de la prisión El Chipote, «un infame lugar de prácticas abusivas», expresó Pompeo. Mientras que Urbina es el comisionado de la División de Operaciones Especiales de la PNN y ha jugado un papel central en la represión en todo el país.
«Estados Unidos insta al régimen de Ortega a que deje inmediatamente de reprimir al pueblo nicaragüense, a que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, que permita las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua», señala el comunicado.
La crisis de Nicaragua ha dejado entre 328 y 684 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, cuando miles de jóvenes salieron a las calles para protestar por la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, así como cientos de presos o desaparecidos, y miles de heridos, según organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales. Ortega admite solo 200 víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH), señalan al Gobierno de Nicaragua como responsable de la violencia, que incluye delitos “de lesa humanidad”.
Con información de VOA y EFE.
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