El Departamento del Estado impuso sanciones el viernes contra el Ministerio del Interior del régimen cubano (MININT) y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su participación en «graves abusos de los derechos humanos».
El departamento señaló en un comunicado que el MININT es «responsable, cómplice o ha participado de manera directa o indirectamente en graves abusos de los derechos humanos», y que el general Álvarez también es designado por ser líder de un organismo que haya participado, o cuyos miembros hayan participado, en dichos abusos.
«Unidades especializadas de la rama de seguridad del estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política, y la policía de Cuba apoya a estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés para el MININT», dijo el secretario Mike Pompeo en el comunicado publicado el 15 de enero.
Según Pompeo, los funcionarios del MININT «han supervisado la tortura de muchos de los presos políticos» en Cuba, que de acuerdo al departamento son más de 100. En su último reporte actualizado, la ONG Prisoners Defender informó un total de 138 prisioneros políticos condenados hasta el 4 de enero.
Las sanciones aplicadas por Estados Unidos son en virtud del Decreto Ejecutivo 13818, basado en la Ley Magnitsky, el cual permite el bloqueo de los bienes de personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos o corrupción que se encuentren en Estados Unidos o en propiedad de estadounidenses.
Como un ejemplo resaltante de violaciones de derechos humanos en la isla, Estados Unidos mencionó el caso del activista cubano Daniel Ferrer.
«En septiembre de 2019, el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT en Cuba, donde denunció haber sido golpeado, abusado y mantenido en aislamiento», señala el comunicado. El activista, de 49 años, pasó casi ocho años en prisión como parte de los 75 opositores encarcelados en la “Primavera Negra” de 2003, por ser uno de los promotores del Proyecto Varela, liderado por el fallecido disidente Oswaldo Payá.
«El caso de Ferrer es solo un ejemplo del abuso sistemático y diario que el Ministerio del Interior del régimen inflige al pueblo cubano», añadió Pompeo.
Ferrer celebró por Twitter la medida tomada por Estados Unidos: «Agradecemos esta justa condena que es a la vez un importante gesto solidario de EE. UU.».
Asimismo, Pompeo señaló que durante el tiempo en su cargo anterior como viceministro del MININT, Álvarez fue «cómplice del acoso y la vigilancia de periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, entre ellos, más recientemente, los miembros del pacífico Movimiento San Isidro».
El movimiento San Isidro, un grupo que busca «proteger la libertad de expresión, asociación, creación y difusión del arte y la cultura en Cuba», según su sitio web, atrajo la atención mundial cuando algunos de sus miembros iniciaron una huelga pacífica luego de que el régimen castrista detuviera en noviembre a uno de sus integrantes, el músico Denis Solís, y lo condenara a ocho meses de cárcel por el delito de “desacato”.
«La represión de las libertades fundamentales por parte del régimen de Castro requiere la condena y la acción de todos los países que respetan la dignidad humana», dice el comunicado.
Recientemente, la administración Trump ha tomado varias acciones contra el régimen castrista, entre ellas sanciones enfocadas al sector militar. El pasado lunes, el Departamento de Estado incluyó nuevamente a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo.
Con información de EFE.
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