Estados Unidos impuso una nueva serie de sanciones a funcionarios georgianos por el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes a principios de año.
«La acción de hoy subraya nuestra preocupación por las consecuencias de las acciones antidemocráticas en Georgia y los esfuerzos de personas clave por utilizar la violencia y la intimidación para lograr sus objetivos», declaró Bradley T. Smith, subsecretario en funciones de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado hecho público por el Departamento del Tesoro el 16 de septiembre.
La medida se produce después de que Georgia aprobara a principios de este año una ley contra la influencia extranjera que obliga a las organizaciones que reciben financiación del extranjero a registrarse como «organizaciones que persiguen intereses extranjeros».
Los defensores de la ley, incluido el partido gobernante Sueño Georgiano, afirman que es necesaria para proteger al país de influencias extranjeras malignas.
Los críticos afirman que la ley reprime la libertad de expresión y arruinará la perspectiva de que Georgia, un pequeño país de la región del Cáucaso Sur, ingrese en la Unión Europea.
Antes de que se aprobara la ley en mayo, varias instituciones y Estados occidentales —entre ellos Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y Francia— habían instado a Georgia a desecharla, calificando la legislación de antidemocrática e inspirada por el Kremlin.
En las semanas previas a la aprobación de la ley se produjeron varias protestas multitudinarias en Tiflis, la capital de Georgia, que a menudo acabaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía.
Desde el principio, las autoridades georgianas han mantenido que los manifestantes comenzaron la violencia.
Washington afirma que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes no violentos.
«La violencia perpetrada por el Departamento Especial [de Georgia] incluyó la brutal paliza a muchos asistentes a las protestas no violentas contra la nueva ley de influencia extranjera», dijo el Departamento del Tesoro.
Las sanciones afectan al jefe del Departamento de Tareas Especiales, dirigido por el Ministerio del Interior de Georgia, y a su adjunto, así como a dos personas cercanas al partido gobernante.
Además, el 16 de septiembre, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a docenas de funcionarios georgianos que, según dijo, habían participado en «abusos de los derechos humanos, prácticas corruptas u otras acciones antidemocráticas».
No era la primera vez. En junio, el Departamento de Estado anunció un primer tramo de restricciones a funcionarios georgianos acusados de ser «cómplices de socavar la democracia».
También anunció planes para llevar a cabo una «revisión completa» de su relación con el gobierno de Georgia.
Poco después, el Pentágono «aplazó indefinidamente» las maniobras militares conjuntas programadas entre Estados Unidos y Georgia.
En aquel momento, el partido gobernante de Georgia acusó a Occidente de recurrir a «amenazas y chantajes» y de tratar de limitar «la independencia y soberanía de Georgia».
En julio, Bruselas respondió a la ratificación de la ley contra la influencia extranjera —y a las manifestaciones que la acompañaron— suspendiendo el proceso de adhesión de Georgia a la UE.
También anunció la suspensión de una ayuda militar de 30 millones de euros (unos 33.4 millones de dólares) destinada anteriormente por la UE a las fuerzas armadas de Georgia.
Poco después, el Departamento de Estado anunció que suspendía más de 95 millones de dólares de la ayuda financiera estadounidense programada para Georgia.
El Primer Ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, calificó de «contraproducentes» las medidas punitivas de Washington y pidió un «restablecimiento» de las relaciones entre Estados Unidos y Georgia.
La guerra de 2008, revisada
Funcionarios occidentales han comparado la nueva ley de influencia extranjera de Georgia con la legislación utilizada ostensiblemente por el Kremlin para reprimir la disidencia.
Además, han afirmado que la aprobación de la ley demuestra que Georgia, antigua república soviética, está gravitando cada vez más cerca de Moscú.
En 2008, Rusia ganó una breve guerra con Georgia —supuestamente iniciada por esta última— por las pequeñas pero estratégicamente importantes regiones de Abjasia y Osetia del Sur.
Desde entonces, Rusia mantiene fuerzas militares en ambos territorios, que reconoce como «repúblicas independientes».
Tiflis y la mayoría de las capitales occidentales, mientras tanto, siguen considerando las regiones como parte de Georgia.
El 14 de septiembre, Bidzina Ivanishvili, fundador del partido Sueño Georgiano, declaró que Georgia era responsable de la guerra de 2008.
En declaraciones recogidas por los medios de comunicación locales, afirmó que Tiflis debía «disculparse» ante el pueblo de Osetia del Sur por iniciar el conflicto y atraer así la intervención militar rusa.
Ivanishvili, ex primer ministro, también afirmó que Mikheil Saakashvili, presidente de Georgia de 2004 a 2013, había iniciado el conflicto con Rusia a instancias de potencias extranjeras.
Saakashvili cumple actualmente una condena de seis años de prisión por abuso de poder durante su mandato.
En un comunicado, el partido Movimiento Nacional Unido de Saakashvili condenó las declaraciones de Ivanishvili, afirmando que servían a los intereses de Moscú.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense también se pronunció sobre las polémicas afirmaciones de Ivanishvili.
«No creo que Georgia tenga que disculparse por haber sido invadida por Rusia, como tampoco tiene que disculparse por el hecho de que Rusia siga ocupando ilegalmente el 20% del territorio georgiano», declaró a la prensa el 16 de septiembre.
Con información de Reuters.
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