Estados Unidos impuso este lunes sanciones a siete individuos y dos entidades vinculadas al régimen militar birmano en coordinación con Gran Bretaña y Canadá, informó el Departamento del Tesoro estadounidense, antes de que se cumpla un año del golpe militar de febrero en Birmania.
Entre los sancionados se encuentran el fiscal general de la Unión, Thida Oo, el presidente del Tribunal Supremo, Tun Tun Oo, y el presidente de la Comisión Anticorrupción, Tin Oo, por su papel en la persecución «políticamente motivada» por parte del régimen militar de la depuesta premio Nobel Aung San Suu Kyi, indicó el Departamento del Tesoro estadounidense en una declaración.
«Estamos coordinando estas acciones con el Reino Unido y Canadá para demostrar el firme apoyo de la comunidad internacional al pueblo de Birmania y para seguir promoviendo la rendición de cuentas por el golpe de Estado y la violencia perpetrada por el régimen», dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Las tres naciones también impusieron sanciones a K.T. Services and Logistics Co. Ltd., a su director ejecutivo, Jonathan Myo Kyaw Thaung, y a la dirección de adquisiciones del ejército por haber prestado presuntamente apoyo financiero al régimen militar.
Washington también sancionó a Tay Za, propietario de «múltiples empresas conocidas por suministrar equipos y servicios, incluidas armas, a los militares birmanos», junto con sus dos hijos adultos, quienes fueron «fundamentales para los negocios de Tay Za con los militares birmanos».
«Nosotros seguiremos persiguiendo a los responsables del golpe y de la actual violencia, a los facilitadores de la brutal represión del régimen y a quienes los apoyan financieramente», dijo a través de una declaración el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
A las personas sancionadas se les congelarán sus activos en Estados Unidos y se les prohibirá hacer negocios con estadounidenses.
El régimen militar destituyó el 1 de febrero de 2021 a un gobierno civil electo encabezado por Aung San Suu Kyi, lo que desató protestas y enfrentamientos entre el ejército y los insurgentes de las minorías étnicas de Birmania, país también conocido como Myanmar.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 1500 personas fueron asesinadas desde que los militares tomaron el poder. Además, 11,787 personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse a los militares en protestas pacíficas o actividades a través de internet. De ellas 8792 personas siguen detenidas y alrededor de 290 víctimas han fallecido como consecuencia de la tortura.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que había informes sobre las «operaciones de limpieza» del régimen militar contra los pobladores, así como los ataques indiscriminados mediante ataques aéreos y el uso de armamento pesado en zonas pobladas.
«Un año después de que los militares se hicieran con el poder, el pueblo de Myanmar –que ha pagado un alto costo tanto en vidas como en libertades perdidas– ha seguido defendiendo sin descanso su democracia», dijo Bachelet en una declaración.
La Embajada de Estados Unidos en Birmania emitió el lunes una declaración conjunta de la Alta Representante de la Unión Europea y los ministros de Asuntos Exteriores de nueve países, en la que se insta al régimen militar birmano a entablar un diálogo constructivo con todas las partes implicadas y a cesar la violencia.
Los nueve países son Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
«Nosotros reiteramos nuestro llamado al régimen militar para que ponga fin inmediatamente al Estado de Emergencia, permita el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los extranjeros, y devuelva rápidamente el país al proceso democrático», dice la declaración de la embajada de Estados Unidos.
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