Análisis de noticia
América Latina es la nueva línea del frente en la batalla por la influencia entre Estados Unidos y el régimen chino.
La amenaza actual incluye el programa de asociación para el cumplimiento de la ley del Partido Comunista Chino (PCCh) en el mundo subdesarrollo, particularmente en América Latina.
La cooperación internacional en materia de aplicación de la ley (LEC) del PCCh consiste en proporcionar materiales, equipos, herramientas digitales económicas, capacitación a agentes de policía extranjeros, y consultas sobre legislación judicial. Estos programas se centran en el mundo subdesarrollado e incluyen la instalación de sistemas de vigilancia al estilo de Xinjiang.
A través de la LEC, los regímenes autocráticos se están asociando con el PCCh para aumentar su vigilancia y control social sobre su propia gente. Es posible que el programa no represente una amenaza inmediata o directa para los Estados Unidos, pero sí representa una amenaza para el desarrollo de la democracia y el mantenimiento de las libertades en todo el mundo subdesarrollado.
Esta tendencia es particularmente preocupante en América Latina, ya que lleva la vigilancia del PCCh directamente a la frontera sur de Estados Unidos y la costa caribeña. Por esta razón, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, identificó a China como la mayor amenaza para los intereses estadounidenses.
En sus informes técnicos de políticas de América Latina de 2008 y 2016, Beijing destacó la importancia de la «cooperación judicial y policial». En el foro 2019-2021 para China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el PCCh priorizó la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La creciente presencia de empresas chinas en la región, así como los delitos internacionales como el tráfico de drogas y tráfico de personas, se han convertido en pretextos para que el PCCh se involucre más con las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad locales.
Las bandas delictivas organizadas chinas que se están expandiendo en América Latina han motivado a los gobiernos locales a organizar operaciones conjuntas con sus homólogos chinos. En junio de 2010, el secretario de Justicia de Brasil, Romeu Tuma Júnior, fue despedido por ser un agente de la «mafia china«. En 2016, las fuerzas de seguridad chinas cooperaron con las autoridades locales en Argentina para contrarrestar la tríada china Pi Xiu. También se ha llevado a cabo una cooperación similar en Panamá y otras naciones.
El aumento de la inversión china ha posicionado a un número creciente de personas e intereses comerciales chinos en lugares peligrosos. La estructura de asociación público-privada del PCCh brinda apoyo gubernamental a empresas privadas, lo cual enriquece al país.
Aparte de los subsidios financieros y los préstamos blandos de los bancos estatales, este apoyo se extiende a la seguridad física. En consecuencia, el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) y las fuerzas de seguridad realizan entrenamientos, preparándose para participar en suelo extranjero para rescatar ciudadanos o proteger empresas chinas. Las empresas chinas de petróleo y minería operan en regiones remotas de países a menudo devastados por la guerra o inestables, a veces invadiendo tierras indígenas, haciéndolas vulnerables a ataques violentos o secuestros para pedir rescate. El EPL tuvo que intervenir cuando los trabajadores chinos fueron atacados en Sudán del Sur. En Yemen y Libia, el EPL tuvo que evacuar a ciudadanos chinos. Este tipo de riesgos también existen en Venezuela y otras partes de América Latina, como cuando los proyectos petroleros chinos fueron atacados en el norte de Ecuador.
Como parte de la LEC, las empresas chinas han donado vehículos y equipos policiales a países de América Latina, particularmente del Caribe. En la Zona de Libre Comercio de Colón en Panamá, se instaló la “Tecnología de Ciudad Segura” de Huawei , que incluye cámaras de reconocimiento facial, similares a las que se utilizan para oprimir a los uigures en la región china de Xinjiang. ZTE ha ayudado a Venezuela a controlar su población a través de tarjetas de identificación inteligentes. Un equipo de empleados de ZTE ahora está estacionado en CANTV, la empresa de telecomunicaciones estatal venezolana. Argentina decidió comprar tecnología de vigilancia de ZTE.
En 2017, China vendió 51 vehículos blindados Chery Tiggo a la policía nacional uruguaya y donó dos omnibuses Marcopolo y 10 camiones blindados. China también proporcionó a la policía 4000 componentes del sistema de vigilancia, 1000 de los cuales se desplegaron en la frontera brasileña. El resto se dirigió a la capital, Montevideo, como parte del sistema de respuesta nacional. Además de la tecnología de vigilancia, Uruguay también está implementando sistemas biométricos chinos. Los productos de seguridad chinos ahora representan el 53 por ciento del mercado uruguayo.
A través de la formación y los intercambios policiales internacionales, el PCCh se esfuerza por «normalizar» los sistemas de control social basados en la tecnología. Al dirigirse a la 86ª Asamblea General de Interpol, el líder del PCCh, Xi Jinping, dijo que el modelo chino es un sistema más eficiente que debería utilizarse para la seguridad global y la gestión social.
Los actores no democráticos están siguiendo el ejemplo de China, adoptando una ley de ciberseguridad que sigue el modelo de Beijing. El régimen de Nicolás Maduro de Venezuela también utilizó la capacitación y la tecnología chinas para construir un sistema de gestión social. Desde 2008, 80 países han adoptado las herramientas de vigilancia doméstica de China.
La difusión del modelo de seguridad del PCCh en todo el mundo está teniendo un impacto negativo en los derechos humanos y el estado de derecho, así como en la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el país y en el extranjero. Para contrarrestar la influencia negativa de la cooperación policial internacional del PCCh, el Departamento de Estado de EE. UU. ha ofrecido las Academias Internacionales para el Cumplimiento de la Ley (ILEAs). El objetivo de las academias del Departamento de Estado es mejorar las habilidades de los socios extranjeros de justicia penal de los Estados Unidos, así como mejorar la coordinación en la lucha contra el crimen internacional.
La visión de la Academia es mejorar la democracia apoyando el estado de derecho y utilizar una legislación mejorada y la aplicación de la ley para mejorar el funcionamiento de los mercados libres a fin de mantener la estabilidad social, política y económica. Durante los últimos 20 años, 60,000 agentes de 85 países diferentes se han graduado de las ILEAs.
Si bien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una alternativa de aplicación de la ley de alta calidad, la asociación con China a menudo va acompañada de préstamos, subvenciones e inversiones–lo que hace que la batalla por la influencia sea aún más difícil.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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