Estados Unidos y los países europeos, entre otros, exigieron este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra los militares birmanos para frenar la represión y asegurar el fracaso del golpe de Estado.
Aunque numerosos Gobiernos han impuesto ya sanciones contra la junta militar, hasta ahora no ha habido acciones concretas en Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad limitándose a condenar la violencia, pues China y Rusia -que tienen poder de veto- se han mostrado por el momento reacias a ir más allá.
«El Ejército ha ignorado nuestras condenas, poniendo a prueba al Consejo de Seguridad. ¿Va el Consejo a discutir nimiedades sobre el lenguaje en otra declaración? ¿O vamos a actuar para salvar vidas?», señaló la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.
La representante estadounidense recalcó que los militares «tienen que sentir los costes asociados con sus horribles acciones» e hizo referencia a posibles medidas como sanciones contra líderes del Ejército, empresas o un embargo de armas.
En una declaración conjunta, los países de la Unión Europea (UE) -que, como EE.UU., han impuesto sanciones por su cuenta- subrayaron que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar.
«Se nos ha avisado claramente: la violencia se está descontrolando y podría llevar a una guerra civil. Hay un riesgo inmediato de un baño de sangre. Si esto no se detiene y se da marcha atrás, llevará a una tragedia en Birmania y tendrá efectos desestabilizadores en la región», señalaron.
Estonia, uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, defendió que el órgano debe comenzar a trabajar en una resolución que abra la puerta a sanciones, incluido un amplio embargo de armas, con el fin de «detener las atrocidades».
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido ya en varias ocasiones al Consejo de Seguridad una respuesta «firme» a la represión por parte de las fuerzas de seguridad birmanas, que se ha cobrado hasta ahora más de 600 vidas, según los últimos recuentos.
Los uniformados, liderados por el general Aung Min Hlaing, justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, considerados legítimos por los observadores internacionales y en los que arrasó el partido de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
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