El proyecto de ley exige al presidente estadounidense que «elimine la prórroga de determinados privilegios, exenciones e inmunidades a las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong».
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley que podría revocar los privilegios de las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong y provocar su cierre en Estados Unidos.
Los observadores afirman que tendrá repercusiones considerables para el Partido Comunista Chino (PCCh) en el poder y sus intereses financieros.
La Ley bipartidista de Certificación de las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong (HKETO) fue aprobada el 10 de septiembre por una abrumadora mayoría de 413 votos a favor y 3 en contra.
El proyecto de ley exige al presidente estadounidense que «retire la prórroga de ciertos privilegios, exenciones e inmunidades a las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong», incluidas las de Washington, Nueva York y San Francisco, «si Hong Kong deja de contar con un alto grado de autonomía respecto a la República Popular China, y para otros fines».
Según el proyecto de ley, si el gobierno de EE.UU. determina que estas tres HKETOs «ya no merecen la extensión y aplicación de [sus] privilegios, exenciones e inmunidades», se pondrá fin a su funcionamiento en un plazo de 180 días. Si el gobierno estadounidense considera que las HKETO cumplen las normas, podrán prorrogar sus operaciones durante un año, hasta la próxima evaluación.
El proyecto de ley fue copatrocinado por el representante Chris Smith (republicano de Nueva Jersey), presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE.UU. sobre China, y el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts). Es la primera vez que el Congreso estadounidense toma medidas legislativas sobre Hong Kong, desde que la región aprobó en marzo el Artículo 23 de la Ordenanza de Seguridad Nacional, que permite al PCCh coartar aún más los derechos humanos y la libertad.
Smith declaró en una audiencia realizada el 10 de septiembre que la legislación es «un siguiente paso necesario para demostrar de forma tangible nuestra solidaridad con los ciudadanos perseguidos en Hong Kong», entre los que se encuentran el magnate de los medios de comunicación encarcelado Jimmy Lai, el activista Joshua Wong y la abogada de derechos humanos Tonyee Chow.
«Tres años después de que el PCCh impusiera la ley de seguridad nacional en Hong Kong, debemos hacer frente a esta nueva realidad», afirmó.
«El Hong Kong que todos conocíamos y respetábamos ha desaparecido», y la ciudad que un día fue bastión de la libertad en un mar de opresión «está ahora gobernada por las marionetas del PCCh, que se han vuelto tan represivas como sus amos de Beijing», afirmó.
«Estas oficinas sirven como brazo propagandístico de Beijing en Estados Unidos, defendiendo y desmantelando la libertad de Hong Kong y oscureciendo la verdad», agregó.
En 2019, millones de ciudadanos de Hong Kong protestaron contra la ley de extradición del PCCh para proteger sus derechos humanos y la independencia judicial en Hong Kong. El movimiento fue reprimido por la Policía de Hong Kong, que está apoyada por el PCCh, a lo que siguió la imposición por parte de Beijing de una amplia ley de seguridad nacional en 2020.
El proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado estadounidense antes de ser enviado al presidente Joe Biden para que lo convierta en ley.
Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong y sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 128,000 dólares por presunta violación de la ley de seguridad nacional, acogió con satisfacción el proyecto de ley, ya que «constituye una respuesta muy necesaria para que el gobierno de Hong Kong rinda cuentas por sus evidentes abusos contra los derechos humanos».
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh, Mao Ning, respondió al proyecto de ley el 11 de septiembre en una rueda de prensa ordinaria en Beijing: «Deploramos enérgicamente y nos oponemos firmemente a la atroz maniobra de Estados Unidos de manipular las cuestiones relacionadas con Hong Kong».
El gobierno de Hong Kong declaró en un comunicado el 11 de septiembre que «condenaba enérgicamente» que la Cámara de Representantes estadounidense utilizara la ley «para calumniar las leyes de salvaguarda de la seguridad nacional en Hong Kong y difamar la situación de los derechos humanos en Hong Kong», y que «interfiere groseramente en los asuntos de Hong Kong».
En la actualidad, el gobierno de Hong Kong tiene 14 HKETO en todo el mundo, tres de ellas en Estados Unidos.
Impacto en el PCCh
Kung Shan-Son, investigador adjunto del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, declaró a The Epoch Times el 12 de septiembre que el PCCh protestó porque «si se cierran las oficinas de representación de Hong Kong en Estados Unidos, se impedirá que Hong Kong atraiga inversiones extranjeras y habrá menos bases para el personal del gobierno de Hong Kong que opera en Estados Unidos».
Chen Shih-min, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Taiwán, declaró a The Epoch Times el 12 de septiembre que, tras la aprobación de la ley de seguridad nacional en 2020, «es obvio que la libertad política y el Estado de derecho de Hong Kong fueron destruidos.»
«Algunas personas incluso piensan que Hong Kong se ha convertido en realidad similar a Shenzhen [en China] ahora», dijo Chen.
Chen señaló que, desde entonces, el PCCh ha reforzado aún más su control sobre Hong Kong y ha detenido y condenado a más de 300 hongkoneses en virtud de la ley de seguridad nacional.
Para los países occidentales, dijo Chen, «Hong Kong ha perdido su condición de territorio aduanero independiente porque, obviamente, ya no tiene un alto grado de autonomía».
En cuanto al impacto que la ley pueda tener, Chen dijo que será un golpe para el PCCh, «porque una cantidad considerable de fondos han sido transferidos a China a través de Hong Kong, ya que es una zona de libre comercio».
China también ha utilizado el arancel preferencial de Hong Kong y algunos de los privilegios comerciales para exportar sus mercancías a Occidente a través de ella, dijo Chen.
La industria financiera china también se verá afectada, dijo Chen, ya que las transacciones entre China y otros países han pasado por Hong Kong.
«Cuando Hong Kong pierda este estatus, será difícil que la industria china de servicios financieros, muy controlada por Beijing, sobreviva en la comunidad internacional. Solo circulará dentro de China», afirmó.
Otra consecuencia es que los funcionarios del PCCh ya no podrán transferir a otros países dinero obtenido ilegalmente en China a través de Hong Kong, dijo Chen.
Con información de Luo Ya y Reuters.
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