Los fiscales de EE. UU. han acusado a un ejecutivo con sede en China que trabaja para una empresa estadounidense de videoconferencias por su rol en interferir con videoconferencias llevadas a cabo este año en conmemoración de la masacre de la Plaza Tiananmen, anunció el Departamento de Justicia el 18 de diciembre. La descripción de la empresa coincide con Zoom, una popular app de videoconferencia con sede en EE. UU. y desarrollada en China.
Los fiscales alegan que Jin Xinjiang, o «Julien» Jin, trabajó bajo la dirección de funcionarios de seguridad chinos para censurar una serie de reuniones en mayo y junio de este año llevadas a cabo por activistas estadounidenses para conmemorar el 31º aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989, cuando el régimen chino reprimió violentamente un movimiento de protesta que pedía reformas a favor de la democracia. Jin fue acusado de conspiración por cometer acoso interestatal y conspiración ilegal por transferir un medio de identificación. Jin todavía está prófugo en China.
Un activista radicado en Estados Unidos y censurado durante el evento, Zhou Fengsuo, confirmó a NTD, medio asociado de The Epoch Times, que el FBI le informó hoy que un empleado de Zoom fue acusado.
«Jin trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de la RPC [República Popular de China] y miembros de los servicios de inteligencia de la RPC para ayudar al gobierno de la RPC a silenciar el discurso político y religioso de los usuarios de la plataforma de una empresa de tecnología estadounidense», dijo el fiscal de los Estados Unidos en funciones, Seth D. DuCharme en un comunicado.
Los eventos descritos en los documentos judiciales coinciden con una polémica ocurrida en junio, cuando Zoom suspendió la cuenta de un grupo de activistas chinos radicados en EE. UU. una semana después de que usaran la plataforma para realizar un evento de conmemoración a las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen. Zoom luego confirmó que el régimen chino exigió que se suspendieran tres cuentas de activistas de derechos chinos en el extranjero porque la participación en los eventos se consideraba «ilegal en China». El incidente provocó la indignación de legisladores y activistas que acusaron a la empresa estadounidense de ceder ante la censura china. En China está fuertemente prohibido hablar sobre la sangrienta represión de 1989.
«Ninguna empresa con intereses comerciales importantes en China es inmune al poder coercitivo del Partido Comunista Chino», dijo el secretario de justicia auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers, en un comunicado.
Jin era el nexo entre la compañía y las fuerzas del orden y funcionarios de inteligencia chinos, dijeron los fiscales. Según la denuncia, los funcionarios chinos le ordenaron a Jin que desactivara al menos cuatro videoconferencias en la plataforma que conmemoraban el evento, la mayoría de las cuales fueron organizadas por disidentes chinos en Estados Unidos.
En mayo y junio, Jin, junto con funcionarios chinos, idearon un plan para convencer a los ejecutivos estadounidenses de desactivar las reuniones y suspender las cuentas de los activistas al fabricar pruebas de que sus reuniones habían violado los términos de servicio de las plataformas.
Ellos crearon cuentas de correo electrónico falsas en la plataforma para mostrar que los anfitriones y los participantes de las reuniones aparentemente apoyaban a organizaciones terroristas, incitaban a la violencia, o distribuían pornografía infantil. La evidencia fabricada hizo que las reuniones parecieran hablar sobre el abuso o la explotación infantil, terrorismo, racismo o incitaciones a la violencia, según la demanda judicial.
Jin y los funcionarios también proporcionaron capturas de pantalla supuestamente de los perfiles de usuario de los participantes que mostraban a una persona enmascarada sosteniendo una bandera del Estado Islámico, según los fiscales.
Jin pudo utilizar estos detalles para convencer a los ejecutivos estadounidenses de que desactivaran las videoconferencias y suspendieran o cerraran las cuentas de los activistas estadounidenses.
«Jin cometió delitos voluntariamente y trató de engañar a otros en la empresa para ayudar a las autoridades de la República Popular China a censurar y castigar el discurso político fundamental de los usuarios estadounidenses simplemente por ejercer sus derechos a la libre expresión», dijo DuCharme.
Los fiscales alegan además que las autoridades chinas utilizaron la información proporcionada por Jin para intimidar a los participantes de la reunión que residen en China o a los familiares de los participantes que viven en China. Las autoridades chinas detuvieron temporalmente al menos a una persona que planeaba hablar en el evento. También visitaron a los familiares de un participante y les ordenaron que le dijeran al participante que dejara de hablar en contra del régimen chino y, en cambio, apoyara al socialismo y al Partido Comunista Chino.
Si es declarado culpable de ambos cargos, Jin enfrenta un máximo de 10 años de prisión.
Al ser contactado por The Epoch Times, Zoom dijo que emitiría un comunicado en breve.
Con información de Eva Fu.
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