La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) aún no ha citado a juicio a cerca del 82% de los inmigrantes ilegales a los que permitió entrar en Estados Unidos después de que una corte federal ordenara la suspensión de un programa de libertad condicional de la administración Biden.
En mayo, el juez T. Kent Wetherell II del distrito de la corte federal del norte de Florida, emitió una orden de restricción temporal (TRO), que impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. libere a los no ciudadanos en Estados Unidos a través de la política PWC «libertad condicional con condiciones» de la administración Biden. Esta política permitía a los inmigrantes ilegales entrar en Estados Unidos en libertad condicional con la condición de que se presentaran ante el ICE en un plazo de 60 días y recibieran un aviso de comparecencia (Notice to Appear, NTA), que iniciaría un procedimiento judicial para expulsarlos de Estados Unidos.
El estado de Florida interpuso una demanda para bloquear la política del PWC, comparándola con un «sistema de honor” a la inmigración que no hace lo suficiente para dar un seguimiento a las personas puestas en libertad en Estados Unidos. A pesar de la orden de restricción del juez Wetherell contra la política, los funcionarios del DHS procedieron a liberar a más de 2500 de estos inmigrantes ilegales en Estados Unidos, justificando la decisión diciendo que estas personas ya habían sido procesadas en el sistema PWC antes de que el juez Wetherell emitiera su TRO.
El juez Wetherell respondió a esta liberación de inmigrantes ilegales con una orden para que el ICE proporcionara estadísticas sobre cuántas personas recibieron finalmente sus NTA para iniciar los procedimientos de expulsión. Según los registros judiciales (pdf) presentados en respuesta, el ICE reveló que un grupo de 2572 inmigrantes ilegales fue liberado después de la TRO, y que 1065 (alrededor del 41.4 por ciento) de ellos nunca se registraron dentro de los 60 días para recibir su citación judicial e iniciar sus procedimientos de expulsión.
De los 1507 inmigrantes ilegales que sí se registraron ante el ICE, la agencia dijo que solo emitió NTA para 464 personas (alrededor del 18 por ciento). En total, 2108 (alrededor del 82 por ciento) de estas personas en libertad condicional de inmigración están esperando su NTA después de 60 días o se desconoce su paradero.
“Estas estadísticas son preocupantes, por decir lo menos”, escribió el juez Wetherell el martes (pdf), en respuesta a los documentos presentados por el ICE ante la Corte.
Juez: El DHS carece de plan para rastrear a inmigrantes ilegales desaparecidos
El juez Wetherell dijo que el DHS carece de un plan aparente para rastrear a aproximadamente el 41 por ciento de las personas en libertad condicional de PWC que no se registraron con el ICE tras ser liberados después de su TRO.
«La Corte es escéptica de que el DHS se tome en serio el rastreo de los extranjeros que no se presentaron como se les indicó o que vaya a tomar alguna medida contra ellos si alguna vez los encuentra», escribió el juez Wetherell.
El juez señaló que ICE tampoco se había comprometido a rastrear a las personas en libertad condicional de PWC que no se reportaron para comenzar su proceso de expulsión. Además de proporcionar sus estadísticas de seguimiento de los 2572 inmigrantes ilegales liberados por el DHS, un funcionario del ICE dijo que la agencia “puede tomar medidas coercitivas contra esos no ciudadanos”, incluida la emisión de órdenes de arresto contra esas personas, su detención y el inicio de sus procedimientos de expulsión.
«Dado que el inicio del procedimiento de expulsión es lo que se suponía que debía ocurrir si el extranjero se hubiera presentado como se le había indicado, es difícil entender por qué el DHS piensa que los extranjeros se tomarán en serio cualquiera de sus directivas si su ‘castigo’ por no hacerlo acaba siendo lo mismo que habría ocurrido si hubieran cumplido», escribió el juez Wetherell.
El programa PWC no incluye medidas específicas para el seguimiento de sus participantes. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, había impugnado anteriormente un programa de libertad condicional para inmigrantes conocido como Parole Plus Alternatives to Detention (Parole + ATD), que en realidad incluía el seguimiento de las personas en libertad condicional con diversos monitores GPS corporales. El juez Wetherell anuló el programa de libertad condicional + ATD en marzo, al considerar (pdf) que la política entraba en conflicto con los requisitos de la Ley de Inmigración y Naturalización de EE.UU., según los cuales los inmigrantes ilegales deben permanecer detenidos desde el momento de su detención hasta la finalización de su proceso de expulsión.
NTD News se puso en contacto con el DHS para que comentara si tenía previsto llevar un registro de los 2108 inmigrantes ilegales que aún no habían recibido la citación judicial para iniciar el procedimiento de expulsión, y de qué manera. El departamento no respondió al momento de la publicación de este artículo.
El juez no puede obligar al DHS a encontrar a los ilegales desaparecidos
El juez Wetherell concluyó su fallo ordenando al DHS que continúe proporcionando reportes periódicos sobre la situación de los 2572 inmigrantes ilegales que éste liberó en Estados Unidos después de que él emitiera su orden bloqueando la política de libertad condicional de PWC.
«La Corte no tiene autoridad para ordenar al DHS que localice y ponga bajo custodia a los extranjeros que no deberían haber sido puestos en libertad en virtud de la política impuesta de PWC y de quienes están violando su ‘libertad condicional’ y se encuentran ilegalmente en el país», concluyó el juez. «Todo lo que la Corte puede hacer en este momento es requerir al DHS que continúe proporcionando información actualizada sobre esos extranjeros —por lo que sea que valga para aquellos que son responsables de supervisar al DHS y hacer que sus responsables políticos rindan cuentas por sus actos y omisiones».
De NTD News.
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