Los fiscales federales dirigidos por el abogado especial Jack Smith contraatacaron una moción judicial presentada por el presidente Donald Trump para retrasar los plazos judiciales en su próximo juicio sobre documentos clasificados.
En un escrito presentado el jueves, el equipo de fiscales del Sr. Smith escribió que el retraso propuesto por el expresidente en relación con la revisión de las pruebas clasificadas «amenaza con cambiar drásticamente todo el calendario establecido por la corte y eso equivale a una moción para aplazar la fecha del juicio del 20 de mayo de 2024». Escribieron que la petición del presidente Trump retrasaría las mociones relativas al descubrimiento de pruebas durante unos tres meses.
Los abogados del abogado especial dijeron que están abiertos a un breve período de retraso, pero estipularon que la petición del presidente Trump llevaría demasiado tiempo.
«En lugar de ello, los demandados abogan por un calendario que retrasaría los procedimientos más de tres meses», dice la moción, y añade: «Los demandados ya disponen de pruebas más que suficientes para proporcionar a la corte una descripción del tipo de información que consideran relevante y útil».
«La moción de los demandados puede y debe denegarse únicamente por este motivo».
A principios de este año, la juez de distrito Aileen Cannon fijó plazos para la tramitación de varias mociones que entran en el ámbito de la Ley de Procedimientos sobre Información Clasificada, a la que tanto el equipo de Trump como el del abogado especial hacen gran referencia, y que incluye normas sobre cómo tratar los documentos clasificados del caso.
Aunque gran parte de la presentación de los fiscales se refiere a los procesos de manipulación de material clasificado durante el juicio, su presentación también ofreció más información sobre las disputas legales internas en torno a los documentos clasificados. Hasta ahora, el equipo del Sr. Smith ha dicho que ha entregado 1.28 millones de páginas de material clasificado, incluidas transcripciones y entrevistas a testigos.
A principios de septiembre, la jueza Cannon dictaminó que las conversaciones del presidente Trump con sus abogados sobre documentos clasificados debían tener lugar en un lugar seguro del gobierno en Miami. El equipo de Trump se ha opuesto a esa sentencia, argumentando que sería inviable que el expresidente, que actualmente es el favorito republicano para las elecciones presidenciales de 2024, lo hiciera, y también ha dicho que su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach, es un lugar seguro.
«Las limitaciones a la divulgación de información clasificada establecidas en esta orden son vinculantes para el acusado y su abogado, y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones penales y/o civiles», escribió la jueza de distrito estadounidense a mediados de septiembre. La versión propuesta por los fiscales pedía que la orden fuera «vinculante para siempre».
El 22 de septiembre, los abogados del presidente Trump intentaron retrasar las fechas en una moción judicial y dijeron que los fiscales no habían entregado debidamente las pruebas. Los abogados del expresidente pretenden ahora presentar documentos judiciales que «exijan a la corte que prevea y aplique los argumentos de la defensa en respuesta a la petición de la Oficina del Asesor Especial de ‘eliminar’ algunas de las pruebas de este caso».
Otros casos
Los abogados del expresidente también han acusado a los fiscales federales, en otra petición judicial, de no facilitar todo el material clasificado que exige el proceso de descubrimiento de pruebas. El material clasificado es necesario para ellos, escribieron, en relación con lo que los fiscales deberían poder tachar.
El presidente Trump está acusado de cuatro delitos federales en el caso, y se ha declarado inocente. Los fiscales federales también acusaron a dos de sus ayudantes en relación con las presuntas violaciones en el manejo de registros clasificados.
El expresidente también ha sido imputado por separado en Washington D.C. y Georgia por sus presuntos intentos de revertir su derrota electoral en 2020 frente al presidente demócrata Joe Biden, y en Nueva York por un pago de soborno que hizo a una actriz de cine para adultos. Niega haber actuado mal.
Además, el expresidente ha mostrado públicamente su disposición a testificar en el juicio de los documentos clasificados, diciendo a un locutor de radio, Hugh Hewitt, a principios de este mes que «estoy deseando testificar». También negó las afirmaciones de que dijera a un empleado de Mar-a-Lago que borrara las grabaciones de seguridad del complejo de Palm Beach.
El presidente Trump también negó haber actuado mal después de que un reporte de la cadena ABC afirmara que una de sus ayudantes dijo a los investigadores federales que escribió repetidamente listas de tareas para ella en documentos de la Casa Blanca marcados como clasificados.
La ayudante, Molly Michael, dijo a los investigadores que más de una vez recibió peticiones o tareas del presidente Trump escritas en el reverso de tarjetas de notas que más tarde reconoció como material sensible de la Casa Blanca, reportó ABC el 18 de septiembre, citando fuentes anónimas. Las tarjetas tenían marcas visibles de clasificación y se utilizaban para informar a Trump cuando aún estaba en el cargo sobre llamadas telefónicas con líderes extranjeros u otros asuntos internacionales, según el medio de comunicación.
Sin embargo, un portavoz de Trump rechazó el reporte calificándolo de «filtraciones ilegales» y negó haber cometido delito alguno. La Sra. Michael tampoco ha comentado públicamente los reportes.
Con información de Reuters.
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