Una corte federal de apelaciones escuchará los argumentos sobre un caso de alto riesgo que podría determinar si cientos de miles de personas perderán su capacidad de trabajar y permanecer en Estados Unidos.
El 10 de octubre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito volverá a examinar el caso que cuestiona la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que desde 2012 ha protegido de la deportación a más de 830,000 personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y les ha proporcionado permisos de trabajo renovables.
La prolongada batalla legal sobre el destino de DACA, que fue promulgada mediante una acción ejecutiva del presidente Barack Obama y nunca fue aprobada por el Congreso, se remonta a 2018, cuando Texas y otros ocho estados liderados por republicanos presentaron una demanda, argumentando que el gobierno de Obama se había extralimitado en su autoridad para crear un programa de inmigración sin el consentimiento del Congreso.
En julio de 2021, el juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de los estados, declarando ilegal el DACA. Sin embargo, no llegó a terminar el programa, diciendo que «cientos de miles de beneficiarios individuales de DACA, junto con sus empleadores, estados y seres queridos, han llegado a confiar en el programa DACA».
Como parte del fallo de Hanen, los funcionarios federales de inmigración podrían seguir procesando las renovaciones de DACA, pero se les prohíbe aceptar solicitudes por primera vez.
El gobierno de Biden apeló la decisión y, en octubre de 2022, el Quinto Circuito coincidió con Hanen en que el memorando de 2012 de Obama por el que se creaba DACA era ilegal. Aún así, permitió a los actuales beneficiarios de DACA seguir renovando su estatus y devolvió el caso a la corte de distrito para evaluar el impacto de una política de la Administración Biden que incorporó DACA en las regulaciones federales.
Poco después, Hanen falló en contra de la regulación de DACA de 2022, pero una vez más no llegó a ordenar el fin inmediato del programa. El gobierno federal ha apelado desde entonces, y el caso está ahora una vez más ante el Quinto Circuito.
Es poco probable que el panel de tres jueces emita un fallo inmediatamente después de los argumentos orales del 10 de octubre. La decisión podría tardar semanas o incluso meses, y es probable que se recurra ante la Corte Suprema.
Si eso sucede, sería la segunda vez en cuatro años que la legalidad de DACA es escuchada por el más alto tribunal de la nación. En junio de 2020, la Corte Suprema dictaminó 5-4 para preservar DACA, encontrando que la administración del presidente Donald Trump había actuado arbitrariamente en sus esfuerzos por terminar el programa.
Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), un grupo legal sin fines de lucro que representa a los beneficiarios de DACA en el caso, espera que la Corte Suprema tome el caso durante su período de octubre de 2025. Sin embargo, si el Quinto Circuito emite un fallo antes, el caso podría ser escuchado tan pronto como el término actual, con una decisión para junio de 2025.
«Es importante señalar que incluso si el Quinto Circuito dictamina que DACA es ilegal, no necesariamente ordenará el fin inmediato de DACA, sino que podría permitir que los beneficiarios actuales continúen renovando», dijo MALDEF en su sitio web.
Según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), más de 535,000 personas en Estados Unidos tienen el estatus DACA activo desde junio. La mayoría de los beneficiarios tienen entre 31 y 40 años.
La gran mayoría de los beneficiarios de DACA son de México, con alrededor del 81 por ciento (433,840) nacidos allí. El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú completan los cinco principales países de origen.
Los beneficiarios de DACA están repartidos por todo Estados Unidos, pero se concentran en gran medida en estados que son destinos tradicionales de inmigrantes. California (150,090) y Texas (89,360) suman el 44% de todos los beneficiarios de DACA, seguidos de Illinois (28,330), Nueva York (21,250) y Florida (21,170). Estos cinco estados principales se han mantenido sin cambios desde 2017.
A nivel local, el área metropolitana de Los Ángeles tiene la mayor concentración de beneficiarios de DACA, con más del 10 por ciento viviendo allí. Otros grandes complejos metropolitanos, como Nueva York, Dallas, Houston y Chicago, albergan cada uno alrededor de 30,000 participantes de DACA.
Aunque DACA protege a los beneficiarios de la deportación y proporciona autorización de trabajo, no ofrece una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense. Según el USCIS, DACA no es un estatus migratorio legal, sino que clasifica a los beneficiarios como de baja prioridad para la expulsión.
«La acción diferida es una forma de discreción procesal que no confiere el estatus de residente permanente legal o una vía a la ciudadanía», dijo el USCIS en su página web. «Solo el Congreso, actuando a través de su autoridad legislativa, puede conferir estos derechos».
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