El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez México cuando la pandemia de covid-19 lo permita, informó este lunes el Ejecutivo mexicano.
«El Gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas acordaron que el comité realice una visita al país en cuanto las condiciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 lo permitan», informaron en un comunicado conjunto la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.
Según detallaron, esta será la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada desde su creación, y la cuarta en que México recibe de un órgano de tratado (creado en virtud de los derechos humanos y con expertos independientes) de la ONU.
«México ha reconocido que prevalecen desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y que es fundamental reforzar las políticas y estrategias para abordarlos de manera integral y con la cooperación internacional del sistema multilateral», indicó el texto.
Por ello, el país reiteró «su apertura al diálogo constructivo» y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.
«La experiencia y buenas prácticas que el comité ha desarrollado desde su creación a través de jurisprudencia contribuirán a los esfuerzos de México para fortalecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas», apuntó.
El Estado mexicano y el comité desarrollarán juntos un programa de trabajo que permita a los expertos «contar con información de primera mano de las autoridades federales y locales», así como de colectivos de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
México suma más de 91,000 personas desaparecidas y sin localizar desde 1964, cuando empezaron los registros.
El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.
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