El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía. Esta aprobación se logró tras el acuerdo alcanzado con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, quienes exigieron la implementación de esta ley como condición para apoyar la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Seis meses después de ser registrada en la Cámara Baja por el Partido Socialista en solitario, pero con el apoyo expreso de todos los socios de gobierno y parlamentarios, la ley que prevé amnistiar a cerca de 370 encausados por delitos de corrupción y terrorismo cometidos durante el proceso independentista en Cataluña en 2017.
La ley, que ha obtenido 177 votos a favor y 172 en contra, ha tenido una tramitación tortuosa por la oposición frontal del PP y Vox, que han intentado frenarla tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta, los populares dilataron su procedimiento hasta el máximo de dos meses permitido por el reglamento.
Jueces y fiscales se oponen a la amnistía
La iniciativa también encontró la oposición de más de 5.500 funcionarios públicos que alertan del daño que esta ley supone para la democracia y la independencia judicial.
El ‘Pacto de profesionales en defensa del estado de derecho‘ se creó con el respaldo de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, los Inspectores de Hacienda del Estado, los Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en reacción a la ley de amnistía.
Consideran que esta ley sienta un «precedente inaceptable en nuestro Ordenamiento Jurídico al perdonar delitos de corrupción, terrorismo o contra la dignidad humana», en palabras de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales durante el acto de presentación del pacto.
Finalmente, después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y algún conflicto como el que planteó el Senado al Congreso por las atribuciones de las Cámaras y que finalmente fue retirado, la amnistía pasará a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.
La aplicación de la ley
La ley de amnistía se publicará en el BOE tras su aprobación en las Cortes pero no hay garantía de que sea mañana viernes, tal como apuntan algunas fuentes del Ejecutivo.
Otras fuentes socialistas del Gobierno también reconocen estar preocupados tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en la que elevan a la justicia europea su denuncia de que la amnistía infringe el derecho de la Unión Europea, lo que podría revertir en su suspensión.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicarla «con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica» mientras que desde Sumar se avisa de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.
El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Bruselas evita dar fecha para pronunciarse sobre la amnistía
La Comisión Europea dijo este jueves que tiene que analizar aún la ley de amnistía, que hoy aprobó el Congreso de los Diputados español, y evitó dar un calendario preciso sobre cuándo dará su opinión sobre la concordancia de la norma con el derecho comunitario.
«La Comisión ha estado con un estrecho contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión y ha seguido de cerca los acontecimientos. Ahora que la ley se ha adoptado, la Comisión será capaz de analizar su relevancia en términos de derecho comunitario y continuaremos siguiendo los acontecimientos en el contexto de la preparación de nuestro informe del Estado de derecho de este año», dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario Anitta Hipper.
La Comisión Europea inició un contacto con el Gobierno español respecto a la ley de amnistía cuando se empezaron a conocer los detalles del proyecto, durante las negociaciones entre el PSOE y Junts en Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó información sobre la norma y la Comisión remitió a España quince preguntas, cuyo contenido no ha sido divulgado. La Comisión ha afirmado que no se pronunciará sobre la ley hasta que se complete su tramitación en el Congreso de los Diputados.
La Comisión de Venecia emitió un informe señalando que la amnistía no debe redactarse para individuos específicos y expresó preocupación por la ampliación temporal de la ley sin justificación.
Con información de EFE
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