La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó este sábado un estado de emergencia nacional por 30 días para que el Gobierno cuente con las herramientas y recursos necesarios para atender la pandemia del COVID-19, coronavirus de Wuhan, pese a que el país no registra casos sospechosos ni confirmados.
La medida, solicitada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue aprobada con 83 votos de los 84 diputados y no implica la suspensión de las garantías constitucionales.
Los legisladores no sometieron a votación otra solicitud de Bukele de declarar un estado de excepción para suspender algunas libertades constitucionales al no alcanzar el respaldo necesario para su aprobación.
La sesión plenaria se instaló la tarde del viernes y tras más de 12 horas, en las que se desarrollaron reuniones con representantes del Gobierno, el presidente del Congreso, Mario Ponce, ordenó un receso en la madrugada de este sábado y convocó al pleno para las 14.00 hora local (20.00 GMT).
Esta decisión le valió a Ponce las críticas de sus colegas y generó algunos exabruptos.
Con el estado de emergencia nacional el Gobierno busca «cortar la cadena de transmisión» o «responder adecuadamente» a la confirmación de casos.
De acuerdo con el diputado opositor, Emilio Coreas, las autoridades del Ejecutivo les manifestaron a los legisladores que se encuentran en cuarentena unas 1180 personas, que incluyen a 5 salvadoreños que compartieron un vuelo con un ciudadano guatemalteco contagiado con el COVID-19.
«Para prevenir eficientemente la pandemia de COVID-19 y lograr su control es preciso decretar un estado de emergencia nacional» y de «calamidad pública y desastre natural» en todo el país, reza el decreto aprobado.
Otro objetivo de esta declaración es «facilitar el abastecimiento adecuado de todos insumos, de la naturaleza que fuera necesaria, para hacer frente a la mencionada pandemia».
El decreto legislativo, que entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, establece que los salvadoreños deberán limitar su circulación «en lugares afectados o en riesgo epidémico» y en los que se establezcan cordones sanitarios.
También limita las reuniones y espectáculos «que representen riesgo» a la salud de los habitantes y da la potestad de fijar precios máximos a bienes y servicios vinculados con la prevención y atención del coronavirus.
El Ministerio de Hacienda también fue habilitado para buscar recursos para atender la emergencia y limitó la transferencia de fondos del presupuesto estatal a la autorización previa del Congreso.
Pese a las largas conversaciones, el Ejecutivo no logró conseguir los votos que necesitaba para declarar el estado de excepción, en cuya propuesta se establecía la suspensión del derecho a entrar o salir de país y la garantía de no ser obligado a cambiar de domicilio, entre otras.
El artículo 29 de Constitución de la República de El Salvador establece que durante un estado de excepción también es posible suspender la libertad de expresión, no obstante, la propuesta no establece esta medida.
«La propuesta de decreto enviada por el Gobierno no incluye la suspensión de la libertad de expresión, ni la de prensa, ni la de la libre difusión del pensamiento, así como tampoco autoriza al Estado a abrir correspondencia. Nada de eso nos sirve para controlar el virus», publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.
Añadió que «cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada y que «cualquier medida que queramos tomar después será insuficiente».
La mañana del viernes, Bukele ordenó a la Dirección General de protección Civil decretar una alerta roja, medida que se sumó a una cuarentena nacional decretada el miércoles y que prohíbe la entrada de extranjeros.
El mandatario también ha ordenado a Protección Civil y el Ministerio de Salud que se implemente la medida de cierre de bares y discotecas por los próximos 14 días.
Además, señaló que «se prohíben las aglomeraciones de más de 75 personas -exceptuando lugares de trabajo, personas en circulación y terminales de autobuses-«.
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