El Departamento de Justicia anunció el miércoles cargos penales contra 78 personas en 16 estados de EE.UU. por supuestos fraudes en la atención médica y esquemas de abuso de opiáceos que dieron lugar a reclamaciones fraudulentas por valor de USD 2500 millones.
Según el departamento, los ancianos y los discapacitados, así como los pacientes con VIH, se encontraban entre los destinatarios de los esquemas.
De los USD 2500 millones en supuestas reclamaciones fraudulentas, se pagaron alrededor de USD 1100 millones, dijeron las autoridades. Los reclamos se hicieron a Medicare, los programas estatales de Medicaid y los programas de seguro complementario de Medicare proporcionados por aseguradoras privadas.
Como parte de las acciones de cumplimiento, el Departamento de Justicia “incautó o retuvo millones de dólares en efectivo, automóviles y bienes raíces”.
El fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que las acciones policiales involucraron “uno de los esquemas de fraude de atención médica más grandes jamás procesados por el Departamento de Justicia”. También dijo que el departamento “encontrará y llevará ante la justicia a los delincuentes que buscan defraudar a los estadounidenses y robar de los programas financiados por los contribuyentes”.
Los cargos, presentados o abiertos desde el 12 de junio hasta el 28 de junio, involucran una serie de casos con esquemas similares.
Fraude de telemedicina
Entre los señalados hay 11 acusados de presentar más de USD 2000 millones en reclamos fraudulentos a través de la telemedicina.
De estos cargos, uno de los casos involucró a una plataforma online llamada DMERx involucrada en un esquema que resultó en reclamos fraudulentos por valor de USD 1900 millones a Medicare y otras aseguradoras gubernamentales. El caso fue presentado en el Distrito Sur de Florida.
Según el caso, la plataforma online se centró en los estadounidenses mayores y discapacitados y logró que compraran equipos médicos y recetas médicas innecesarias: Aparatos ortopédicos y cremas para el dolor. Obtendría información de estos estadounidenses y generaría órdenes y recetas médicas falsas y fraudulentas. Estas órdenes y prescripciones luego serían firmadas por médicos reales, a quienes las supuestas compañías de telemedicina les pagaban para que las firmaran.
En otro caso, un médico con licencia en el estado de Washington, David Antonio Becerril, supuestamente firmó más de 2800 pedidos fraudulentos de aparatos ortopédicos, incluidos aparatos ortopédicos para los tobillos de un paciente cuya pierna había sido amputada años antes. Se alega que Becerril tardó menos de 40 segundos en revisar y firmar cada pedido fraudulento.
Medicamentos con receta
Las acciones policiales también involucraron a 10 personas acusadas de haber presentado colectivamente más de USD 370 millones en reclamos fraudulentos relacionados con medicamentos recetados.
De estos cargos, uno involucró a una empresa de distribución mayorista de productos farmacéuticos acusada de facilitar un esquema de fraude de USD 150 millones. Steven Diamantstein, propietario de Scripts Wholesale Inc., está acusado de haber desviado ilegalmente medicamentos recetados para el VIH y luego revenderlos haciéndolos parecer legítimos.
Según el Departamento de Justicia, “el acusado presuntamente compró la medicación desviada con un descuento sustancial a personas que obtenían los medicamentos principalmente a través de esquemas ilegales de ‘recompra’ en los que pagaban a pacientes con VIH en efectivo por su costosa medicación contra el VIH y reenvasaban esas pastillas para revenderlas”.
Luego, las farmacias compraban los medicamentos mal etiquetados, se los dispensaban a los pacientes y los facturaban a los programas de beneficios de atención médica, mientras que la empresa farmacéutica de distribución mayorista obtenía “ganancias ilegales sustanciales”, afirmó el departamento.
El abogado defensor de Diamantstein, Zach Intrater, le dijo a The Associated Press que Diamantstein se declaró inocente de los cargos y “espera impugnarlos en los tribunales”.
Distribución de opioides
Los cargos contra las 78 personas también incluyeron más de USD 150 millones en reclamos fraudulentos relacionados con otros tipos de fraude en la atención médica.
El departamento dijo que incluye cargos contra 24 médicos y profesionales médicos “que se llenaron los bolsillos”. Entre ellos se encontraban médicos que presuntamente recetaron opioides ilegalmente a pacientes que no los necesitaban.
Los cargos también incluyen casos en los que las empresas de atención médica y otros proveedores pagaron en efectivo para obtener información, de reclutadores de pacientes y de beneficiarios, sobre pacientes. Esto permitió a los proveedores presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare.
Con información de Associated Press y Reuters.
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