El Departamento de Justicia (DOJ) instó a la corte de apelaciones a exigir a un juez de la corte inferior a desestimar el caso penal contra el exasesor nacional, el teniente general Michael Flynn.
El caso de Flynn generó un gran debate luego de que el juez del Tribunal de Distrito, Emmet Sullivan, se negara a desestimar inmediatamente el caso contra el general retirado. El Departamento de Justicia desestimó el caso Flynn el 7 de mayo, explicando que creen que el FBI no tuvo una «investigación justificada» cuando los agentes de la oficina fueron a entrevistar a Flynn el 24 de enero de 2017.
Sullivan no actuó de inmediato ante la solicitud, y en su lugar nombró a un exjuez federal como amicus curiae, o amigo de la corte, para «presentar argumentos en oposición a la Moción de Desestimación del gobierno» en el caso penal contra Flynn y para «abordar si el Tribunal debía emitir una Orden de Mostrar Causa por la cual el Sr. Flynn no debería ser arrestado por desacato por perjurio». También invitó a partes externas a evaluar si debería desestimar el caso y potencialmente acusar a Flynn por desacato al tribunal.
Su decisión llevó a los abogados de Flynn a buscar una orden, un mandamiento judicial, en la corte de apelaciones para obligar a Sullivan a conceder la desestimación. El Departamento de Justicia presentó un escrito en estos procedimientos el lunes, argumentando que la medida de Sullivan no era apropiada, ya que no es el papel del tribunal tomar decisiones procesales.
“En lugar de invitar a más procedimientos, el tribunal debería haber otorgado la moción del gobierno para desestimar. Y dada la infracción de la corte en el desempeño del Ejecutivo de sus deberes constitucionales, un mandamiento de mandamus es apropiado”, escribió el Departamento de Justicia en su informe (pdf).
Las ramas judiciales o legislativas no pueden interferir con la discreción fiscal del ejecutivo al obligar a esa rama a enjuiciar a ciertas personas, argumentaron los abogados del departamento.
Refiriéndose a un caso anterior similar, Estados Unidos v. Fokker Services BV los abogados argumentaron que la Constitución de los Estados Unidos asigna la discreción procesal primaria al poder ejecutivo y que el poder judicial generalmente carece del poder para adivinar esas decisiones, «mucho menos para imponer sus propias preferencias de carga».
“El tribunal de distrito planea someter la decisión de ejecución del Ejecutivo a una extensa investigación judicial, escrutinio, supervisión y participación. Según los precedentes del Tribunal Supremo y de este Tribunal, es claro e indiscutible que el tribunal de distrito no tiene autoridad para embarcarse en ese curso”, escribieron los abogados.
La presentación del Departamento de Justicia también abordó la decisión de Sullivan de nombrar un amicus curiae para ayudar con la decisión de acusar a Flynn por desacato al tribunal por perjurio, cuando decidió cambiar su declaración.
Los abogados argumentaron que la decisión de Flynn de cambiar su declaración para afirmar su inocencia «no se exponía a sí mismo a enjuiciamiento por desacato penal a la corte». También agregaron que incluso si Flynn habría cometido desacato criminal, el tribunal de distrito carece de la autoridad para presentar su propio caso contra el general.
El escrito del DOJ fue firmado por varios abogados, incluido Noel Francisco, el Procurador General de los Estados Unidos.
John Reeves, un abogado de apelaciones y exasistente del fiscal general de Missouri, dijo que era «muy inusual y raro» para el procurador general y cinco de sus diputados que firmen el informe. Normalmente, dijo, el procurador general autoriza a un fiscal de los Estados Unidos a redactar y presentar el informe, por no decir firmar y participar en la redacción.
«Esto demuestra que el DOJ está muy preocupado por las acciones del juez Sullivan, y quiere que se rectifiquen de inmediato [sic]», escribió Reeves en un hilo de Twitter en respuesta a la presentación del DOJ.
El informe del Departamento de Justicia llega horas después de que la abogada de Sullivan, Beth Wilkinson, presentara un informe diciendo que las apelaciones deben mantenerse fuera del caso. Wilkinson dijo que la moción de desestimación del 7 de mayo del Departamento de Justicia es tan inusual que el juez necesita más información para evaluarla.
Ella argumentó que la moción no incluía «declaraciones juradas o declaraciones», fue «firmada solo por el Fiscal Federal interino, sin que se unan fiscales», y no abordó otras declaraciones supuestamente falsas de Flynn incluidas en su declaración de delito.
El argumento de Wilkinson no mencionó ninguno de los documentos que el DOJ citó como una razón para desestimar el caso. Estos documentos, publicados recientemente, incluían notas escritas a mano que revelaban que altos funcionarios de la agencia habían cuestionado si el objetivo de interrogar a Flynn era «¿hacer que mienta, para que podamos procesarlo o despedirlo?».
Los documentos también revelaron que Peter Strzok, el entonces subdirector adjunto del FBI para operaciones de contrainteligencia, contactó urgentemente a los agentes que manejaban el caso Flynn para aconsejarles que no cerraran el caso luego de que los agentes determinaron que no había más pistas para seguir en la investigación de Flynn.
En diciembre de 2017, Flynn se declaró culpable de mentir en la entrevista del FBI sobre su llamada con el embajador ruso Sergey Kislyak, pero luego intentó retirar esa declaración. Los abogados de Flynn argumentaron que había sido coaccionado por el FBI en la entrevista.
Petr Svab contribuyó a este informe.
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