El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comenzado a aplicar retroactivamente su norma de «carga pública» a los solicitantes de la green card, después de que un tribunal de circuito suspendiera una orden judicial de alcance nacional que estaba en vigor desde finales de julio.
La normativa se aplicará a todas las solicitudes y peticiones de ciudadanía permanente pendientes y futuras que se presentaron a partir del 24 de febrero de 2020, según un aviso publicado en el sitio web del USCIS en español.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito anuló el 11 de septiembre un mandato nacional sobre dicha política impuesto el 29 de julio por un juez federal en Nueva York. El juez dictaminó que la norma obstaculizaría los planes para detener la propagación de la COVID-19.
Las solicitudes que hayan sido aprobadas después de dicha orden judicial no se verán afectadas.
La norma, que se introdujo por primera vez el año pasado, aumenta las posibilidades de rechazo de la solicitud de la green card para los inmigrantes que han recibido alguno de los beneficios de asistencia social durante más de un año en un período de tres años.
El juez George Daniels de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York dictaminó previamente que la regla haría más difícil que los inmigrantes solicitaran el test de COVID-19.
El Segundo Circuito suspendió temporalmente la orden judicial el 12 de agosto.
La administración Trump ha defendido la regla de la carga pública en la corte desde que la introdujo en 2019. La Corte Suprema ha fallado dos veces a favor de la administración.
Aunque simple en su concepto, la regla final (pdf) ocupó más de 200 páginas en el Registro Federal.
Las disposiciones de carga pública han sido parte de la ley de inmigración de EE.UU. desde al menos 1882. Una de las primeras leyes de carga pública conocidas en el Massachusetts colonial fue promulgada en 1645. A finales del siglo XVII, muchas colonias norteamericanas investigaban a los futuros inmigrantes y exigían fianzas a los que se creía que podían convertirse en cargas públicas.
Como los inmigrantes no reúnen los requisitos para la mayoría de los programas de asistencia social, la regla se aplica en gran medida a los inmigrantes del extranjero que solicitan convertirse en residentes permanentes.
Todos los solicitantes deben presentar un formulario de Declaración de Autosuficiencia. El formulario pregunta si el solicitante recibió alguno de los varios tipos de beneficios públicos, incluyendo Medicaid y cupones para alimentos. En el formulario también se pregunta sobre los ingresos familiares, los bienes, los recursos y la situación financiera del solicitante.
«Esa expectativa en nuestra ley de que los inmigrantes legales que van a permanecer aquí durante largo tiempo pueden valerse por sí mismos lleva mucho tiempo en vigor, no es una simple costumbre, sino que es un requisito legal de larga data», dijo el subsecretario de Seguridad Nacional en funciones, Ken Cuccinelli, a la CBS.
«Puedo citar una historia de mi familia italiana sobre las personas que fueron padrinos y se aseguraron de que sus apadrinados tuvieran trabajos y ese tipo de cosas. Eso es lo que esperamos».
Matthew Vadum contribuyó a la elaboración de este artículo.
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