El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó al estado de Maine, alegando violaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ley ADA) por supuestamente segregar innecesariamente a niños con discapacidades de salud conductual en hospitales, instalaciones residenciales y un centro de detención juvenil.
La demanda, presentada el 9 de septiembre, alega que el sistema de servicios de salud mental de Maine está estructurado de tal manera que obliga a cientos de niños a recibir atención institucional, a veces fuera del estado y separándolos de sus familias.
El DOJ afirma que Maine no proporcionó a los niños suficientes servicios de salud conductual basados en la comunidad, dejando a las familias sin otra opción que la institucionalización, según una declaración del DOJ.
«El Estado de Maine tiene la obligación de proteger a sus residentes, incluidos los niños con discapacidades de salud conductual, y estos niños no deben ser confinados en instalaciones lejos de sus familias y recursos comunitarios», dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke en una declaración de prensa.
«La División de Derechos Civiles se ha comprometido a garantizar que las personas con discapacidad puedan obtener los servicios que necesitan para permanecer en casa con sus familias y seres queridos, en sus comunidades».
La demanda tiene su origen en una investigación que comenzó a raíz de las quejas de que Maine no estaba administrando los servicios de salud conductual de conformidad con los requisitos de la ley ADA, que fueron reforzados por la decisión de 1999 de la Corte Suprema en el caso Olmstead vs. L.C., que obliga a las entidades públicas a prestar servicios en el entorno menos restrictivo posible.
Según la denuncia del DOJ, el estado no ha proporcionado adecuadamente servicios basados en la comunidad. Algunos niños están detenidos en el Centro de Desarrollo Juvenil Long Creek, un centro de detención juvenil que el DOJ llamó un «hospital psiquiátrico de facto».
El DOJ envió una carta en junio de 2022 a la gobernadora Janet Mills y al fiscal general Aaron Frey de sus hallazgos de violaciones de derechos civiles, e identificó los pasos que el estado debe tomar para remediar las violaciones.
En la carta se alegó que las familias a menudo esperan cientos de días para recibir servicios comunitarios y, mientras tanto, las fuerzas del orden o las salas de urgencias de los hospitales se convierten en la respuesta por defecto a las crisis de salud conductual.
La carta acusó a Maine de mantener largas listas de espera para servicios esenciales, como unidades móviles de crisis, acogimiento terapéutico y cuidados intensivos a domicilio.
El DOJ afirma que el estado no ha abordado adecuadamente estos problemas a pesar de reconocerlos desde hace años, lo que condujo a una mayor segregación y daño a los niños y las familias. La demanda exige que Maine revise su sistema de servicios de salud conductual para garantizar que los niños reciban servicios adecuados en sus hogares y comunidades, en cumplimiento de la ley ADA.
La oficina de Mills dirigió a The Epoch Times al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine para que comentara la demanda.
Lindsay Hammes, portavoz del departamento, indicó a través de una declaración a The Epoch Times que la agencia está de acuerdo con el DOJ en que el estado tiene la obligación de proteger a los niños con discapacidades de salud conductual, y que este punto de vista ha sido el foco de atención de la gobernadora y la legislatura estatal durante los últimos seis años, mientras trabajan para proporcionar «nuevas inversiones significativas» para fortalecer estos servicios.
También dijo que la agencia de salud ha colaborado con el DOJ para abordar las acusaciones planteadas por primera vez en 2022.
«Estamos profundamente decepcionados de que el DOJ de Estados Unidos haya decidido demandar al Estado en lugar de continuar nuestro esfuerzo de colaboración y buena fe para fortalecer la prestación de servicios de salud conductual infantil», dijo Hammes en la declaración enviada por correo electrónico. «El Estado de Maine se defenderá enérgicamente y, a lo largo del litigio, seguirá trabajando duro para fortalecer la prestación de lo que todos estamos de acuerdo en que son servicios vitales».
La Oficina del Fiscal General de Maine no respondió a una solicitud de comentarios.
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