El Departamento de Justicia (DOJ) publicó esta semana una parte de un memorando legal que ayudó al entonces fiscal general William Barr en su decisión sobre si debía procesar al entonces presidente Donald Trump por obstrucción a la justicia durante la investigación del abogado especial Mueller.
Lo que estaba en juego en este caso era si el departamento podía mantener ocultas al público partes de un memorando interno del 24 de marzo de 2019 utilizando una exención de la Ley de Libertad de Información. El tribunal federal ordenó que el memorando debía ser divulgado en su totalidad al público.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha apelado parcialmente la decisión de la jueza de Distrito Amy Berman Jackson, pero también ha publicado la primera página y una sección del controvertido memorando legal. El departamento dijo que continuaría sus gestiones para que el resto del documento se mantuviera tachado.
La parte no tachada del memorando muestra cómo los altos funcionarios de la Oficina de Asesoría Legal del departamento presentaron el argumento a favor de que Barr llegara a una determinación pública sobre la conveniencia de procesar a Trump por obstrucción a la justicia. El funcionario había determinado que el entonces abogado especial Robert Muller no había llegado a esa conclusión en su informe y recomendó que Barr asumiera la tarea.
«Aunque el abogado especial reconoció la injusticia de formular una acusación contra el presidente sin presentar cargos penales, el hecho de que el informe no se pronuncie sobre los asuntos descritos en él podría interpretarse como una acusación de ese tipo si el informe confidencial se hiciera público», decía parte de la sección uno del memorando.
En 2019, Barr anunció que Mueller no aportó pruebas suficientes para sustentar un caso de obstrucción a la justicia.
«Después de revisar cuidadosamente los hechos y las teorías legales esbozadas en el informe, y tras consultar a la Oficina de Asesoría Legal y a otros abogados del departamento, el vicefiscal general y yo concluimos que las pruebas desarrolladas por el abogado especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia», dijo Barr en una conferencia de prensa.
La divulgación del memorando se produjo en un caso presentado por la organización sin fines de lucro Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que había presentado una solicitud de registro público para obtener la información que Barr había revisado antes de su anuncio público sobre el informe del abogado especial Robert Mueller, en el que desestimó las acusaciones de que la campaña de Trump había conspirado con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
La solicitud de CREW se hizo después de que Barr dijera al Congreso el 18 de abril de 2019 que las pruebas presentadas por Mueller no podían establecer suficientemente que Trump hubiera cometido un delito de obstrucción a la justicia. Barr dijo en ese momento que tomó la decisión después de «revisar cuidadosamente los hechos y las teorías legales esbozadas en el informe, y tras consultar a la Oficina de Asesoría Legal y a otros abogados del departamento».
La organización buscaba los documentos utilizados en esas consultas con los abogados del departamento.
Los abogados del DOJ argumentaron que el memorando del 24 de marzo de 2019 era un «consejo y análisis» proporcionado antes de que Barr tomara una decisión sobre la cuestión de si debía procesar a Trump. Sin embargo, Jackson rechazó los argumentos del DOJ, diciendo que en el momento en que Barr recibió el memorando, él y los redactores tenían un entendimiento compartido sobre la decisión de no procesar a Trump y, por lo tanto, el documento no era «predecisional».
También concluyó que el memorando representaba «un asesoramiento estratégico, en contraposición a un asesoramiento jurídico» y quedaría fuera del ámbito de la exención.
El DOJ está disputando la conclusión de Jackson sobre el documento, argumentando que la juez llegó a la conclusión porque el departamento había «descrito incorrectamente la naturaleza del proceso de decisión» en el que Barr estaba involucrado cuando se refirió al memorando en sus escritos. Añadieron que la imprecisión en su descripción del proceso decisorio es lo que llevó al tribunal a determinar que el memorando no debía estar protegido por el privilegio del proceso deliberativo.
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