Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentaron este martes una nueva moción que busca nuevamente la suspensión de la orden de una jueza que designa a un perito especial para revisar los documentos que fueron incautados durante la redada del FBI del mes pasado que tenía como objetivo la residencia del expresidente Donald Trump.
En la última presentación, los fiscales del DOJ dijeron que quieren una suspensión «limitada» pero «crítica» de la orden para continuar su revisión de ciertos documentos. Argumentan que los materiales podrían potencialmente «poner en peligro la seguridad nacional».
«Estos registros son el núcleo de la investigación del gobierno, y la incapacidad del gobierno para revisarlos y usarlos limita significativamente su investigación», escribió el DOJ a la jueza Aileen Cannon, nominada por Trump. «La divulgación obligada de los registros marcados como clasificados a un perito especial perjudica aún más el interés del Poder Ejecutivo en limitar el acceso a tales materiales sin ningún propósito válido cumplido por su revisión».
La presentación del martes por la noche se emitió en gran medida en respuesta a una moción emitida por los abogados de Trump a principios de esta semana. Sus abogados argumentaron en contra de la solicitud del DOJ de una suspensión en la orden de Cannon de la semana pasada que aprobó un perito especial.
Los abogados del DOJ argumentan que no quieren la posesión de todos los documentos, sino que buscan «una suspensión solo en cuanto a un conjunto discreto de poco más de 100 registros marcados como clasificados, es decir, registros que fueron buscados específicamente por una citación previa del gran jurado, cuya retención no autorizada puede constituir un delito».
«En cambio, [Trump] hace referencia a otros registros incautados que contienen información personal o que podrían estar sujetos al privilegio abogado-cliente, ninguno de los cuales está en cuestión en esta moción de suspensión», escribió también el DOJ. «En cuanto a los registros marcados como clasificados, el demandante afirma que el gobierno no ha ‘probado’ su estado de clasificación».
Revisión de inteligencia
También en la presentación, el DOJ afirma que la Comunidad de Inteligencia de 17 agencias liderada por la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines tiene que determinar si la desclasificación de Trump de esos materiales fue una orden legítima. En declaraciones públicas, Trump y los miembros de su equipo han dicho que desclasificó una serie de materiales mientras era presidente y han indicado que los registros tomados por el FBI fueron desclasificados por él.
En el fallo de Cannon de la semana pasada, escribió que la Comunidad de Inteligencia, que incluye al FBI, puede continuar su revisión de los materiales que fueron incautados en la casa de Trump.
«Por razones obvias, la Comunidad de Inteligencia tendría una necesidad imperiosa de entender qué registros anteriormente clasificados han sido ahora desclasificados», dijo el DOJ el martes. Eso incluye «por qué y cómo» esos documentos fueron desclasificados, así como el «impacto de cualquier desclasificación», escribieron.
Un día antes, uno de los abogados de Trump, el ex fiscal federal Chris Kise, sugirió en la presentación del lunes (pdf) que el DOJ no quiere que un perito especial revise los documentos porque expondría la mala conducta en la agencia.
«El propósito mismo de un perito especial es servir como un tercero neutral, con la debida autorización, revisando los documentos para facilitar la resolución de los desacuerdos de las partes», escribió.
«Al oponerse a cualquier revisión neutral de los materiales incautados, el gobierno busca bloquear un primer paso razonable para restaurar el orden del caos y aumentar la confianza del público en la integridad del proceso», continuó la presentación, y agrega: «Un perito especial no es un agente ni para el presidente Trump ni para el gobierno».
Ambas partes propusieron el 9 de septiembre cada una diferentes nombres de candidatos que podrían servir en el papel de un perito especial —un tercero independiente que asistiría al juez en la disputa legal. Cannon escribió que el individuo aún no nombrado tendría la tarea de supervisar y revisar los documentos.
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