El estado profundo juega con los mercados financieros

Opinión

La parte menos investigada del gobierno federal son las altas esferas de la administración pública. Es invisible para los grandes medios de comunicación principalmente porque los reporteros dependen en gran medida de los burócratas de carrera para reportar y obtener consejos. Por lo tanto, lo dejan en paz solo por razones de carrera. Se convierte en una especie de camarilla en la que cada parte protege a la otra.

El estado administrativo es fácilmente la rama más poderosa del gobierno en términos de peso y longevidad y, sin embargo, no se menciona en ninguna parte de la Constitución de Estados Unidos. Ni siquiera existió desde la época de la Fundación a fines del siglo XIX. Tuvo poco o ningún poder hasta después de la Primera Guerra Mundial. Incluso hoy en día, la mayoría de los estadounidenses no saben nada al respecto, a pesar de que su poder está en todas partes.

He estado dando conferencias a audiencias recientemente, simplemente repasando la historia de su nacimiento y crecimiento, y el gran drama recientemente relacionado con la innovadora orden ejecutiva del presidente Trump que habría colocado a muchos entre los 2.3 millones en empleos a voluntad. Quedarían reclasificados de una nueva forma: Anexo F.

Al menos entonces, habría habido alguna supervisión. Pero esa orden fue rechazada por Biden el día que asumió el cargo.

La batalla por el futuro del estado administrativo—a veces y correctamente llamado Estado Profundo por su aparente poder invisible y permanencia—podría ser el tema más importante en la vida política estadounidense en la actualidad. El enorme y arrogante poder del gobierno federal depende totalmente de ello. Los demócratas dependen de su continuidad y, hasta cierto punto, los republicanos también.

Cuando Trump asumió el cargo de presidente, ingenuamente asumió que era una especie de director ejecutivo. En el cargo. Sus deseos serían obedecidos. Sus políticas serían promulgadas. Lo que enfrentó en cambio fue un poder que de alguna manera no anticipó. El pantano que él quería drenar no era un pantano sino una presa Hoover, hecha de cemento e imposible de mover.

Lo persiguieron, tratando de destruir su presidencia. Lo hicieron dos veces hasta que finalmente desataron la aplicación asesina: una pandemia. Eso lo puso en la extraña posición de verse obligado a escuchar a los «expertos» dentro del gobierno, quienes le dijeron que cerrara toda la economía. Increíblemente, y gracias a la persuasión de personas dentro de su propia administración, siguió adelante. Después de ese momento, el Estado Profundo dirigió el espectáculo mientras mientras él era marginado hasta que fue sacado de la administración.

En cualquier caso, muchas personas hoy en día son conscientes de esta bestia que gobierna el Beltway. Hoy se postulan muchos políticos que juran que se enfrentarán a él y lo desmantelarán. No hay otra forma de hacerlo que no sea desfinanciarlo por completo a través del Congreso. Debe haber recortes importantes y drásticos en la financiación. Habrá gritos y llantos como nunca hemos oído, si ese día llega. Ya lo veremos.

Una cuestión importante: ¿cómo se puede hacer frente al estado administrativo? Un artículo de investigación desatendido y enormemente importante del Wall Street Journal muestra el camino. Esta notable pieza de periodismo requirió la recopilación e investigación de muchos miles de reportes financieros. Para ser exactos, 31,000 formularios de información financiera de 12,000 empleados senior de carrera. Las fechas van de 2016 a 2021, por lo que esto es esencialmente actual. Recopilaron datos sobre 850,000 activos financieros y 315,000 transacciones en acciones, bonos y fondos por parte de funcionarios, cónyuges e hijos.

Los resultados son de gran interés periodístico y absolutamente impactantes:

“Miles de funcionarios de todo el poder ejecutivo del gobierno informaron que poseían u operaban acciones que iban a subir o bajar con las decisiones que tomaban sus agencias…».

“Más de 2600 funcionarios de agencias desde el Departamento de Comercio hasta el Departamento del Tesoro, durante las administraciones republicana y demócrata, revelaron inversiones en acciones en empresas mientras esas mismas empresas ejercían presión sobre sus organismos para obtener políticas favorables. Eso equivale a más de uno de cada cinco empleados federales senior en 50 agencias federales revisadas por el Journal”.

¡Más de uno de cada cinco empleados federales tiene inversiones en las empresas que regulan! Esto es realmente notable y mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado.

Ninguna de esta información es de acceso público. Tiene que ser solicitado y luego los reporteros tienen que esperar la información de regreso. Uno podría suponer que los reporteros habrían estado en esto durante años. En realidad, aparte de la cobertura regular en The Epoch Times y ahora este informe del Wall Street Journal, se ignora por completo.

Por decirlo de una manera más fina: esto es corrupción. Y hay que investigarlo más a fondo. No podemos permitir que las agencias normativas sean presionadas por empresas en las que las personas que tienen el poder de hacer o deshacer empresas enteras tengan una posición financiera en los resultados.

Es tan común ahora—el virus de la corrupción es tan omnipresente—que esta multitud de burócratas probablemente crea que esto es completamente normal y esperado. Por el amor de Dios, probablemente se jacten de ello a estas alturas e intercambien consejos sobre acciones. Se trata de una corrupción de nivel tercermundista que uno supondría que nunca veríamos en una república constitucional. Y sin embargo, aquí está.

El Journal informa además:

• Más de cinco docenas de funcionarios de cinco agencias, incluida la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, informaron de la operación de acciones en empresas poco antes de que sus departamentos anunciaran acciones de cumplimiento, como cargos y acuerdos, contra esas empresas.
• Más de 200 altos funcionarios de la EPA, casi uno de cada tres, declararon haber invertido en empresas que ejercían presión sobre la agencia. Los empleados de la EPA y sus familiares poseían colectivamente entre USD 400,000 y casi 2 millones en acciones de empresas de petróleo y gas en promedio cada año entre 2016 y 2021.
• En el Departamento de Defensa, los funcionarios de la oficina del secretario informaron que poseen colectivamente entre USD 1.2 millones y USD 3.4 millones en acciones en compañías aeroespaciales y de defensa en promedio cada año examinado por el Journal. Algunos tenían acciones en empresas chinas mientras Estados Unidos estaba considerando incluirlas en la lista negra.
• Alrededor de 70 funcionarios federales declararon que utilizaron técnicas financieras más riesgosas, como ventas en corto y las operaciones de opciones, con algunas transacciones individuales valuadas entre USD 5 millones y USD 25 millones. En total, los formularios revelaron más de 90,000 operaciones con acciones durante el período de seis años revisado.
• Cuando las participaciones financieras causaban un conflicto, las agencias a veces simplemente renunciaban a las reglas. En la mayoría de los casos identificados por el Journal, los funcionarios de ética certificaron que los empleados habían cumplido con las reglas, que tienen varias exenciones que permiten a los funcionarios tener acciones que entran en conflicto con el trabajo de su agencia.

¿Por qué no se ha revelado esto hasta ahora? Bueno, según las regulaciones federales, las inversiones de USD 15,000 o menos no se consideran conflictos potenciales. Lo mismo ocurre con las tenencias de USD 50,000 o menos en fondos mutuos que se enfocan en una industria específica. Esa pequeña laguna puede ser aprovechada para obtener grandes ganancias.

En la serie de comedia británica “Yes, Minister”—que es brillante—se nos presenta una imagen de la burocracia administrativa del gobierno que es hábil para frustrar los planes de los políticos y los ministros temporales que habitan en las burocracias. Aparecen y la mayor parte de las veces la administración pública se ríe de ellos.

La administración pública tiene todo el conocimiento institucional y puede romper la reputación de los designados sin ningún problema. Esto ha sucedido durante décadas y lo vemos a diario en el funcionamiento de la política. Es por eso que no importa quién entre y salga del cargo, el cambio fundamental nunca ocurre realmente. Estas personas son expertas en hacer de la democracia una ilusión.

Esta es una razón suficientemente mala y suficientemente buena para instituir de inmediato el Anexo F como un primer paso en el desmantelamiento de esta maquinaria. En realidad, sin embargo, la situación es peor. No es solo una burocracia impenetrable e imposible, frustrando los deseos de los votantes después a cada paso. Resulta que también es un escándalo financiero corrupto. Esta noticia lo demuestra con impactante detalle.

Hace años, cuando las burocracias federales no estaban completamente cerradas al público, pasé un tiempo dando vueltas por las oficinas del Departamento de Transporte y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ambos lugares eran un caos de pereza, incompetencia, desprecio e indiferencia. La gente de carrera allí estaba haciendo fortuna, se especializaban en la supervivencia y, por lo demás, eran totalmente inútiles, según pude comprobar.

En ese momento me pregunté por qué a más periodistas no les importaba investigar. Más tarde, todas estas burocracias se cerraron a los visitantes. Ahora sabemos por qué son especialmente invisibles. Es porque están ocurriendo cosas terribles en estos palacios de mármol que dominan las calles del D. C. Usan su poder para hinchar sus 401K. Esa es la clave para entender lo que los impulsa.

Supongo que este es uno de esos secretos de Washington que todos conocen pero de los que nadie habla públicamente. Si alguna vez va a haber un cambio en este país, debe haber investigaciones profundas y acciones decisivas.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times