El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas (2005-2010), Eugenio Hernández Flores, quien estaba en prisión desde 2017 y cuenta con un proceso de extradición hacia Estados Unidos, fue puesto en libertad la madrugada de este sábado.
Hernández Flores, quien estaba preso desde 2017 por acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal y asociación delictuosa, dejó del penal estatal de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde se encontraba recluido.
El exgobernador de Tamaulipas alcanzó la libertad condicional luego de que un juez federal concediera el cambio de la medida cautelar dictada por un juez penal del estado, informó la defensa de exmandatario estatal.
La libertad que alcanzó Hernández Flores fue condicionada, esto debido a que tiene vigente un proceso de extradición ya que es requerido por la justicia de Estados Unidos, por los delitos de asociación para lavar dinero, operar un negocio para enviar dinero sin licencia y cometer fraude bancario en el sistema financiero de EE.UU.
Hernández Flores fue encarcelado el 6 de octubre de 2017 en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de apropiarse de un predio de 1600 hectáreas en el puerto de Altamira, también en Tamaulipas, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según informes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a las 03.00 horas (09.00 GMT) varios vehículos de lujo, con escoltas, y Hernández Flores a bordo abandonaron la prisión.
En un comunicado emitido la noche del viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México acusó que la excarcelación de Hernández Flores refrenda «una conducta judicial inadmisible, que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos».
Además, señaló que a Hernández Flores «se le condicionó a exhibir una fianza» por 5 millones de pesos (290,000 dólares) que le costará al requerido, el 10 % de dicho monto, es decir, 500,000 pesos (29,900 dólares), «a pesar del evidente riesgo de evasión del buscado, ya que se ha declarado procedente su extradición, misma que el afectado ha dilatado mediante el juicio de amparo».
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