El expresidente catalán, Carles Puigdemont, logró dar un mitin de cinco minutos hoy jueves 8 de agosto ante 3.500 de independentistas que se congregaron en el paseo Lluís Companys de Barcelona, junto al Parlamento de Cataluña sin ser detenido.
El político catalán, que se encuentra prófugo de la justicia desde hace casi siete años y que reside en Waterloo, Bélgica, había anunciado su intención de acudir a Cataluña para asistir, en su condición de diputado electo del Parlamento Catalán, este jueves 8 de agosto a la investidura de Salvador Illa.
Tres minutos antes de las nueve de la mañana, Puigdemont apareció andando por la calle Trafalgar, flanqueado por el presidente del Parlament, Josep Rull, y se abrió paso hasta el escenario instalado frente al Arco de Triunfo donde simpatizantes, cargos electos y representantes de partidos y entidades independentistas le esperaban, según han informado a Efe fuentes de la Guardia Urbana.
Entre los asistentes se entraban caras muy conocidas de la política catalana como Laura Borràs, Albert Batet, Josep Rius o Miriam Nogueras, el abogado Gonzalo Boye, así como representantes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) -David Minoves ha sido uno de los primeros en llegar-, y la CUP -como Carles Riera-, además del presidente de Òmnium, Xavier Antich.
«Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar», afirmó Puigdemont desde el atril del escenario montado frente al Arco de Triunfo de Barcelona.
Tras su intervención, el expresidente abandonó el escenario, rodeado por numerosos diputados y cargos electos de Junts con dirección a las puertas del Parlament. Sin embargo, durante, el trayecto, Puigdemont desapareció.
Mossos niegan tener un acuerdo con Puigdemont
Los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, han recibido una lluvia de críticas por haber permitido la huida del expresidente de un acto público televisado y a metros del amplio dispositivo policial que protegía el Parlament.
En un comunicado, la policía catalana justificó su actuación de hoy y explicó que el dispositivo estaba diseñado para que la detención «se hiciera de forma proporcionada y en el momento más oportuno para no generar desórdenes públicos».
«Los Mossos d’Esquadra desmienten que hubiera ningún acuerdo o conversación previa con el entorno de Carles Puigdemont», y aseguran que han activado un dispositivo «proporcional» porque su prioridad era garantizar la seguridad del pleno de investidura.
Tras la huida, la policía ha activado el dispositivo Jaula para localizar a Carles Puigdemont, lo que ha comportado controles en las carreteras, y han detenido a un agente de la policía catalana, titular del coche en el Puigdemont se ha fugado, por facilitar supuestamente su huida.
La investigación, liderada por la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Reacciones
Varios presidentes autonómicos del Partido Popular han responsabilizado este jueves al jefe del ejecutivo central, Pedro Sánchez, de lo que consideran «humillación» a los españoles por la reaparición en Barcelona y posterior huida de Carles Puigdemont con motivo de la sesión de investidura de Salvador Illa.
Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que el expresidente de la Generalidad de Cataluña haya vuelto a «humillar al Estado» y ha responsabilizado de este «ridículo» a Pedro Sánchez.
«España y el Gobierno de España son ahora mismo un hazmerreír internacional», ha afirmado en su cuenta de la red social X el presidente andaluz.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir que España haya sido «humillada», al tolerar un «mitin» del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a escasa distancia del Parlament, sin haber sido aún detenido.
«Hemos tenido que asistir a un esperpento, a una anomalía democrática, de ver a un delincuente, un huido de la justicia, que ha podido celebrar un mitin a pocos metros del Parlament, ante la pasividad del Gobierno de la nación, que ha demostrado una vez más que arrastra el orgullo de una patria por un interés personal», ha denunciado Garriga.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, por su parte ha criticado que RTVE haya retransmitido el acto de «un prófugo».
«Es una humillación para todos los españoles obligados a pagar hasta la más estúpida multa», aseguró Abascal en un mensaje publicado en la red social X.
Por su parte, el analista, eurodiputado y líder de la plataforma ciudadana Se acabó la fiesta (SALF), Alvise Pérez, anunció en redes sociales que ha registrado una denuncia contra «todos aquellos Mossos d’ Esquadra y otras autoridades y funcionarios públicos que hayan participado en la no detención de Puigdemont».
«La denuncia del líder de SALF por encubrimiento y omisión perseguir delitos acaba de ser telemáticamente registrada en el sistema de Justicia para su ejecución y medidas inmediatas», aseguró Pérez.
Situación procesal de Puigdemont
Carles Puigdemont fue acusado de malversación de fondos públicos, rebelión, prevaricación y desobediencia a la autoridad por el Tribunal Supremo de España en relación con su papel en la organización del referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017. En febrero de 2024, el alto tribunal abrió otra nueva causa contra el líder independentista por terrorismo.
Sin embargo, con la amnistía que Pedro Sánchez negoció con el partido de Puigdemont a cambio de su apoyo para ser investido presidente tras las elecciones de julio de 2023, la causa por terrorismo fue archivada, no así la causa por malversación que continúa abierta.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo dictó el 1 de julio un auto en el que declaraba no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, y a los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig. En la misma resolución, el juez acordó mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su
presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.
La malversación es un delito que implica la utilización indebida de fondos públicos para fines no autorizados o ilegales. En el caso de Puigdemont, se le acusa de haber desviado fondos públicos para financiar la logística, publicidad y otros aspectos relacionados con la organización del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Con información de EFE
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