El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado un proyecto de ley de seguridad fronteriza que otorgará a las fuerzas de seguridad del estado amplia autoridad para detener a los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en Texas y permitirá a los jueces locales ordenar su salida del país.
La medida adoptada el 18 de diciembre por el gobernador republicano pone en vigor una de las leyes de inmigración más estrictas del país y establece un enfrentamiento con el gobierno federal, que tiene autoridad sobre la política de inmigración. Según las nuevas normas, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el estado de Texas, incluidos los que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, tendrían autoridad para detener a los inmigrantes sospechosos de entrar ilegalmente en el país.
Dado que la infracción se considera un delito menor, el juez tiene autoridad para ordenar al acusado que abandone el país.
La aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad federal, por lo que es probable que la ley se enfrente a rápidos desafíos legales.
«La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte», dijo Abbott en una ceremonia de firma de la ley en el muro fronterizo de Brownsville (Texas).
Por otra parte, el lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. cerró temporalmente dos pasos fronterizos ferroviarios en Texas para destinar a los funcionarios a ayudar a procesar a los migrantes. Los operadores ferroviarios dijeron que los cierres en Eagle Pass y El Paso obstaculizarían el comercio antes de Navidad.
Quienes se oponen a la nueva ley argumentan que podría dar lugar a la elaboración de perfiles raciales o a la detención ilegal de ciudadanos e inmigrantes residentes legales. Además, los demócratas afirman que haría que los inmigrantes víctimas de delitos se sintieran aprensivos a la hora de llamar a la policía.
La nueva legislación no se aplica a los residentes que llevan más de dos años en el país, según el representante estatal David Spiller, uno de los republicanos que llevan el proyecto de ley.
En su defensa, afirmó que se aplicaría principalmente en las inmediaciones de la frontera y que contenía salvaguardias adecuadas.
Expertos jurídicos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han expresado su oposición a la legislación de Texas, argumentando que se opone directamente a la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración.
Los demócratas afirmaron que los republicanos de Texas pretenden que la recién nombrada mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EE.UU. reconsidere un caso de 2012 que invalidó secciones significativas de la anterior legislación sobre inmigración.
También expresó su preocupación el Gobierno mexicano, que ya ha manifestado su oposición a otras medidas adoptadas por Texas en la frontera.
Es muy probable que se enfrente a desafíos en los tribunales. Los opositores argumentarán que se trata de una flagrante violación de la ley en Estados Unidos, ya que la autoridad para deportar a las personas corresponde por completo al gobierno federal.
Abbott, que actualmente cumple su tercer mandato como gobernador de Texas, ha hecho de la aplicación de políticas cada vez más agresivas en la frontera entre Texas y México un eje central de su administración.
Además de dotar a las fuerzas del orden de mayores poderes de detención, los republicanos de Texas están a punto de aprobar USD1500 millones para pagar la continuación de la construcción de un añadido a los tramos del muro fronterizo federal.
En los últimos meses, Texas también ha presentado una demanda para mantener una barrera flotante en el Río Grande y prohibir a los agentes de la Patrulla Fronteriza que destruyan el alambre de púas.
Abbott ha hecho de la seguridad fronteriza una parte fundamental de su administración, en gran parte a través de un programa en cooperación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas, llamado Operación Lone Star, que se puso en marcha en marzo de 2021.
La operación es un esfuerzo para asegurar la frontera impidiendo la entrada de drogas, armas y personas, así como para contrarrestar las actividades criminales transnacionales entre los puertos de entrada.
Según un comunicado de prensa del 15 de diciembre de la oficina de Abbott, los esfuerzos colectivos de la Operación Lone Star se han traducido en más de 489,500 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 37,500 arrestos de delincuentes, incluidos más de 34.100 cargos por delitos graves.
La operación también ha reubicado a grupos de migrantes en varios lugares, incluidos más de 12,500 migrantes que han sido transportados en autobús a Washington, DC, desde abril de 2022, junto con un número significativo también transportados a las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles.
Con información de The Associated Press.
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