El gobernador y fiscal general del estado de Washington proponen nuevas medidas de control de armas

Por Chase Smith
23 de diciembre de 2022 9:10 PM Actualizado: 23 de diciembre de 2022 9:10 PM

El gobernador de Washington, Jay Inslee, y el fiscal general del estado, Bob Ferguson, ambos demócratas, anunciaron propuestas legislativas en una conferencia de prensa el lunes para prohibir la venta de las llamadas «armas de asalto», exigir permisos para comprar armas y hacer que los vendedores de armas sean potencialmente responsables de los delitos cometidos por particulares.

El texto de la legislación no se había publicado hasta el viernes, pero el gobernador y el fiscal general publicaron hojas informativas con los aspectos más destacados de dos de las propuestas.

La hoja informativa del proyecto de ley para prohibir la venta de “armas de asalto” (pdf) define las armas como “armas semiautomáticas con al menos una característica de estilo militar. El diseño del arma permite que se dispare con mayor facilidad, precisión y rapidez que un rifle de caza típico».

Los detalles de la propuesta para exigir permisos para la compra de armas de fuego no se dieron a conocer junto con las otras propuestas, pero el proyecto de ley se mencionó en la rueda de prensa.

“Necesita obtener una licencia para conducir un automóvil en el estado de Washington. Necesitas obtener una licencia para ir a pescar. Ya es hora de que obtengas una licencia para asegurarte de que tienes formación de seguridad para comprar un arma en el estado de Washington», dijo Inslee. «Ya es hora de que aprobemos un proyecto de ley para asegurarnos de que tienes un permiso antes de comprar un arma de fuego».

La otra legislación propuesta (pdf) exigiría a los miembros de la industria de las armas de fuego que desarrollan su actividad en Washington que «establezcan, apliquen y hagan cumplir controles razonables sobre la fabricación, venta, distribución, importación, uso y comercialización de productos relacionados con las armas de fuego». El incumplimiento de esta norma constituiría una infracción a la Ley de Protección de los Consumidores y a la Ley de Alteración del Orden Público.

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El gobernador de Washington, Jay Inslee, en Seattle, el 22 de octubre de 2021. (Bruce Bennett/Getty Images)

Inslee alude al reciente tiroteo en un instituto

Inslee calificó la violencia armada como una epidemia y agregó que más de 800 habitantes de Washington mueren al año debido a la violencia armada, incluidos 23 en noviembre.

“Lo que solía ser una discusión en un estacionamiento que podría terminar en una pelea a puñetazos, ahora es alguien muerto en la calle que no regresa a casa con sus familias”, dijo Inslee. “Lo que solía ser una pelea a puñetazos en Ingraham High School cuando yo estaba allí en 1969, fue un tiroteo fatal de un joven en la escuela a la que yo iba”.

Inslee se refería a un incidente en una escuela secundaria del norte de Seattle en noviembre, donde un joven de 17 años recibió cinco disparos en la espalda y murió luego de una pelea en un baño por la posesión del arma, según The Seattle Times.

Sofie Blazejova, estudiante de último año de Ingraham High School, habló en la conferencia de prensa de la concentración con sus compañeros de clase en el encierro durante el tiroteo. Leyó un mensaje de texto que envió a su hermana durante la terrible experiencia. «Estoy encerrada ahora mismo. Posibles disparos. Si pasa algo, te quiero mucho».

El gobernador agregó que la legislación propuesta es solo una parte de lo que él y el fiscal general ven como soluciones a la violencia armada.

“Quiero dejar esto claro. Nuestras leyes de seguridad de armas no son lo único que vamos a hacer para combatir la violencia armada: vamos a brindar más salud mental a nuestros jóvenes, vamos a atacar la crisis de personas sin hogar, vamos a formar a más agentes de policía para que haya más agentes en la calle para protegernos», dijo Inslee. «Pero también tenemos que tener algo que vaya al corazón de la violencia armada, que es que demasiadas armas del tipo equivocado están en las manos equivocadas».

El fiscal general señaló dos encuestas estatales que muestran que los habitantes de Washington “apoyan abrumadoramente la prohibición de las armas de asalto”. Dijo que desde 2014, los votantes habían aprobado iniciativas como cerrar las lagunas en la verificación de antecedentes, crear órdenes de protección contra riesgos extremos, aumentar la edad para comprar y crear estándares de «almacenamiento seguro».

Ferguson señaló en un comunicado de prensa que ha propuesto una prohibición de “armas de asalto” en la Legislatura estatal desde 2017.

Los opositores dicen que las propuestas son una pérdida de tiempo y dinero

El representante estatal Jim Walsh, republicano, dijo en un comunicado posterior a la conferencia de prensa que las propuestas eran una “pérdida de tiempo y dinero de los contribuyentes”.

“La Corte Suprema de EE. UU., en su reciente decisión Bruen, ha dictaminado claramente que los esquemas estatales de control de armas como estos son inconstitucionales—e ilegales”, dijo en el comunicado. “Acabarán siendo anulados por las cortes federales”.

Walsh agregó que las «propuestas performativas» desafían la constitución del estado, que establece el derecho de los ciudadanos a portar armas.

“Cualquier persona imparcial puede ver que prohibir toda una categoría de rifles y exigir un permiso estatal especial para comprar cualquier arma de fuego socava ese derecho”, dijo.

Los representantes del Comité de Ciudadanos por el Derecho a Poseer y Portar Armas (CCRKBA), con sede en Washington, criticaron las propuestas y afirmaron que los dos demócratas necesitaban un «curso de actualización sobre la Constitución».

“Tal vez Jay Inslee debería regresar a la facultad de derecho para poder hacerlo bien”, dijo el presidente de CCRKBA, Alan Gottlieb, en un comunicado. “Conducir es un privilegio. La pesca deportiva recreativa es un privilegio. Pero poseer un arma de fuego es un derecho protegido por las constituciones de Estados Unidos y del estado de Washington. La noción de que los ciudadanos deberían necesitar una licencia para ejercer un derecho, y una hoja de permiso de la policía antes de poder ejercer ese derecho, es una abominación que claramente no pasa la prueba del olfato”.

Gottlieb continuó, afirmando que la mención del fiscal general a dos encuestas que muestran el apoyo público a la prohibición no determinaba lo que se consideran «derechos constitucionalmente protegidos».

“El fiscal general debe saber que los derechos constitucionalmente protegidos no están determinados por los caprichos de las encuestas de opinión”, agregó. “Tanto la constitución de Estados Unidos como la de Washington protegen el derecho a portar armas. Ninguna de las dos dice nada sobre el tipo de armas, cómo funcionan o qué aspecto pueden, o no, tener».


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