El gobierno de Biden dijo el viernes que pronto pondrá fin a la política de salud pública del Título 42 que se ha utilizado durante los últimos dos años para expulsar rápidamente a los inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos, mientras se teme la llegada de una importante ola de migrantes en los próximos meses.
«Después de considerar las condiciones actuales de salud pública y una mayor disponibilidad de herramientas para luchar contra el COVID-19 (como vacunas y terapéuticas altamente efectivas), la directora de los CDC ha determinado que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho de introducir migrantes en Estados Unidos», dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en un comunicado el viernes.
El Título 42 fue implementado durante la Administración de Trump como un medio para deportar rápidamente a los extranjeros ilegales debido a la pandemia. Tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Joe Biden utilizaron la medida.
La orden terminará ahora el 23 de mayo, dijeron los CDC, que añadieron que la decisión se tomó «en consulta con el Departamento de Seguridad Nacional». Las agencias ahora estarán «ampliando un programa para proporcionar vacunas COVID-19 a los migrantes y prepararse para la reanudación de la migración regular bajo el Título 8», dijeron los CDC.
Los críticos han dicho que la eliminación de la norma probablemente atraerá a más inmigrantes ilegales a la frontera entre Estados Unidos y México. En febrero de este año, el Título 42 habría obligado a regresar a cerca del 55% de los inmigrantes ilegales.
Entre ellos, el fiscal general republicano de Arizona, Mark Brnovich, advirtió que anular el Título 42 estimulará una «oleada» de inmigración ilegal, según una carta que envió a la Casa Blanca esta semana.
«Sus políticas de inmigración ya han conducido a la peor crisis fronteriza de la historia de nuestra nación, y ahora entendemos que su administración está revocando una política vital, el Título 42, que comprometerá aún más la salud pública y abrumará a las fuerzas policiales», dijo.
Los senadores Mark Kelly (D-Ariz.) y Kyrsten Sinema (D-Ariz.) también han expresado su preocupación por la decisión, y el miércoles hablaron con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Sinema anunció que le comunicó a Mayorkas su intención de celebrar una audiencia sobre la cuestión.
Pero la Casa Blanca, en respuesta a los informes de que los CDC pondrían fin a la norma, alegó que la mayoría de las personas que cruzan la frontera ilegalmente no podrán permanecer en Estados Unidos.
«Para ser claros, la mayoría de los individuos que cruzaron la frontera sin autorización legal serán puestos rápidamente en proceso de remoción y si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, serán removidos rápidamente», dijo el jueves la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, a los periodistas.
En el último año, algunos grupos de izquierda y legisladores demócratas han presionado a Biden para que anule la orden, mientras que otros, como la Unión Americana de Libertades Civiles, han presentado demandas para bloquear la norma.
Frente a las elecciones legislativas de 2022, es probable que los legisladores del Partido Republicano ataquen a Biden y a los demócratas por la eliminación de la norma, en un intento de presentar al partido como débil en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
Esto se produce cuando el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, dijo a principios de esta semana que Estados Unidos está programado para alcanzar un millón de encuentros con inmigrantes ilegales en lo que va de año.
“Probablemente en los próximos dos o tres días superaremos el millón de encuentros o aprehensiones a lo largo de la frontera suroeste”, dijo Ortiz en la Exposición de Seguridad Fronteriza en San Antonio, Texas.
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