El Pleno del Congreso debate este martes si inicia la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, con la duda de si Podemos va a votar a favor de su toma en consideración, porque de lo contrario podría frustrarse una vez más.
A las tres de la tarde comenzará en el Pleno el debate de la toma en consideración del texto pactado por PSOE, Sumar, EH Bildu y al que se han sumado ERC, el PNV y BNG, en un nuevo intento de cambiar la ley vigente desde 2015 y cuya reforma ya ha fracasado en dos ocasiones.
Fuentes de Podemos han indicado que sus diputados no podían garantizar el apoyo en la toma en consideración hasta asegurar que algunas de las enmiendas que plantearían en la tramitación tendrían el apoyo de los firmantes del texto.
La proposición de ley, registrada en la primera semana de octubre, es fruto del acuerdo sobre los cuatro artículos en los que hasta el momento no ha habido consenso: el material antidisturbios, la desobediencia y resistencia, las faltas de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.
En concreto, se plantea la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por medios menos lesivos, así como terminar con las sanciones «injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas» en las faltas de respeto a la autoridad.
Si sale adelante el texto, se considerarán infracción leve «los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».
La desobediencia o resistencia a la autoridad habrán de ser manifiestas, claras y objetivables y se considerará infracción leve la negativa a identificarse ante los agentes, según el texto que llega al Pleno.
En cuanto a las devoluciones en caliente, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que «deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional».
Policías y guardias civiles se oponen a la reforma
Policías y guardias civiles se han concentrado este martes frente al Congreso de los Diputados para rechazar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, pactada entre el Gobierno y sus socios, a la que consideran «un auténtico despropósito» que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes.
La protesta, convocada por dieciocho sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles aglutinados en la plataforma ‘No a la España insegura’, ha tenido lugar a mediodía, horas antes de que el pleno del Congreso debata el inicio de la tramitación para modificar la norma, que se realizará por la vía de urgencia.
Resguardados al abrigo de paraguas y chubasqueros por la cortina de lluvia inicial, los manifestantes han recibido la visita del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha acercado a escuchar sus reivindicaciones, así como de otros dirigentes políticos como el diputado de Vox Javier Ortega Smith y la exdiputada de ese grupo Macarena Olona.
«Dicen que están trabajando para defender la seguridad de la gente y resulta que ahora vosotros no vais a tener vuestra seguridad ya no garantizada, pero al menos preservada», ha comentado Feijóo durante su conversación con los líderes de la protesta, que le han trasladado su malestar sobre la intención del Gobierno y le han pedido que trabaje para revertir la reforma.
«Seguiremos trabajando. Mucho ánimo y estamos en contacto. A ver qué se puede hacer, vamos a intentarlo», ha respondido Feijóo, acompañado de sus compañeros de filas Miguel Tellado y Ana Vázquez.
Los policías se han hecho notar con el ruido constante de vuvuzelas y silbatos y han teñido el cielo de azul oscuro al encender un par de bengalas mientras coreaban consignas como «no a la España insegura», «picoletos y maderos, estamos hasta los huevos» o peticiones de dimisión dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Delante de una gran pancarta con el lema «No a esta reforma, no a la España insegura», Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, ha señalado que la reforma «es un auténtico despropósito», que «va a suponer la pérdida del principio de autoridad» para los agentes y ha advertido de que «quien más la va a sufrir» será la propia ciudadanía.
«Si Policía Nacional y Guardia Civil no trabajamos con seguridad, será imposible que demos seguridad a la sociedad», ha argumentado.
Domínguez ha repasado «los puntos más flagrantes» de la modificación del texto, como el hecho de que las faltas de respeto pasen a ser infracciones leves y no sean «ni siquiera sancionables» si la persona que las ha proferido «se retracta», lo que, ha aducido, redundará en la pérdida de autoridad de los agentes.
Sobre la prohibición de las pelotas de goma, una herramienta que ha considerado «indispensable» en las «manifestaciones violentas» por su uso «represivo» y «persuasivo», el portavoz de Jupol ha advertido que generará «más lesiones tanto a los policías como a los propios manifestantes» al incrementarse el combate cuerpo a cuerpo.
Por su parte, Ernesto Vilariño, portavoz de Jucil, ha puesto el foco en que la reforma, tal y como está planteada por el Ejecutivo, supondrá «una pérdida para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos».
Ha pedido al Ejecutivo y a sus socios de gobierno que no aprueben esta modificación, que «prácticamente nos deja desnudos ante las situaciones que vivimos a diario».
En el plano político, Ortega Smith ha censurado que el Gobierno «pretende consumar junto a sus secuaces socios» lo que ha considerado como «un golpe más contra el Estado de derecho» y «la seguridad de los ciudadanos».
«Se abre la veda para las manifestaciones ilegales, para rodear las instituciones, el Congreso, el Senado, los ayuntamientos», ha criticado a preguntas de la prensa.
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