Las autoridades estadounidenses no han demostrado que el expresidente Donald Trump mantuviera registros clasificados, dijeron los abogados del exmandatario en una nueva presentación el 20 de septiembre.
El Gobierno «presupone que los documentos que reclama que son clasificados, de hecho sean clasificados y que su separación es inviolable. Sin embargo, el Gobierno aún no ha probado este hecho crítico», escribieron los abogados de Trump a la Corte de Apelaciones de la Corte de Circuito de Estados Unidos para el 11º Circuito.
Ellos señalaron una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, que se mantuvo en vigor durante la presidencia de Trump, que da al presidente la autoridad para desclasificar cualquier documento. También indicaron que Trump tenía la autoridad absoluta para desclasificar cualquier registro.
En la casa de Trump en Mar-a-Lago los agentes del FBI que ejecutaron en agosto una orden de allanamiento, encontraron unos materiales marcados como clasificados y el gobierno los ha descrito repetidamente como registros clasificados.
Los abogados estadounidenses, en una reciente moción ante la Corte de Circuito, dijeron que «la corte de distrito emitió una orden sin precedentes que prohíbe el uso por parte del Poder Ejecutivo de sus propios registros altamente clasificados en una investigación criminal con implicaciones directas para la seguridad nacional».
Solicitud de suspensión parcial
Los abogados solicitaron una suspensión parcial de una orden emitida por la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, la persona designada por Trump que nombró a un perito especial para revisar los registros incautados y ordenó al gobierno que deje de usar los registros incautados para cualquier cosa que no fuera una revisión de seguridad nacional.
El Departamento de Justicia pidió al tribunal que le permita seguir utilizando los registros para una investigación penal sobre Trump.
Este argumento en parte dependía de sí Trump estaba facultado para reclamar el acceso legítimo a los materiales clasificados. Los abogados estadounidenses dijeron que él no lo estaba «porque esos registros son propiedad del gobierno, sobre los que el Poder Ejecutivo tiene el control exclusivo y en los que el demandante no tiene ningún interés de propiedad». Los reclamos de privilegio ejecutivo no pueden funcionar porque Trump ya no es presidente, agregaron.
«Incluso si un expresidente pudiera hacer valer el privilegio ejecutivo contra el examen y uso de sus propios documentos por parte del Poder Ejecutivo, cualquier afirmación de este tipo fracasaría inevitablemente en cuanto a los registros que llevan marcas de clasificación», agregaron.
También argumentaron que dejar que el perito especial y los abogados de Trump revisen los registros marcados como clasificados «impondría un daño irreparable al gobierno y al público» lo que no se debería permitir.
Respuesta de Trump
Los argumentos del gobierno asumen, sin presentar pruebas, que los documentos marcados como clasificados son clasificados, dijeron los abogados de Trump en la nueva presentación, que fue interpuesta en respuesta a la moción del gobierno.
Ellos dijeron que todos los registros del gobierno, independientemente de la clasificación, caen bajo la Ley de Registros Presidenciales o la Ley de Registros Federales. Cada registro cae bajo uno u otro. Ninguno cae bajo ambos.
En virtud de la ley presidencial, Trump tiene el interés y la capacidad de acceder a los registros de cuando era presidente, según la nueva presentación.
«En la medida en que algunos de los materiales incautados constituyen registros presidenciales, un expresidente tiene un derecho ilimitado de acceso a sus registros presidenciales, aunque no sea ‘dueño’ de ellos», dijeron los abogados de Trump, citando una excepción al acceso que establece que «los registros presidenciales de un expresidente estarán disponibles para dicho expresidente o el representante designado por el expresidente».
La posición de Trump es que los jueces y otros no pueden tomar determinaciones sobre los documentos sin una «revisión cuidadosa y organizada» del perito especial. Los abogados del expresidente dijeron que no se debe permitir que el gobierno siga usando los documentos para su investigación criminal porque «pueden muy bien estar fuera de los límites».
La nueva presentación se produjo poco antes de que se programara la primera audiencia en la que participaría el perito especial, el juez de distrito estadounidense Raymond Dearie, designado por Reagan, para repasar los detalles de la potencial revisión que hará Dearie de los materiales incautados.
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