Maykol Gómez, de 29 años y asesor de seguridad de una de las principales ferreterías de Venezuela, esperaba su despido en cualquier momento.
Su intuición halló razón hace un par de semanas, en plena cuarentena por la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, cuando su supervisor le confirmó que no continuaría laborando en la empresa.
El 2 de mayo, un mes y medio después de que el régimen de Nicolás Maduro decretara el aislamiento social por la COVID-19 en Venezuela, dejó de trabajar.
“En parte sí me lo esperaba. Varios compañeros habían salido por la misma causa un mes antes”, explica a la Voz de América desde su hogar.
Oficialmente, su compañía gestionó todos los ceses no como despidos, sino como “finalizaciones del contrato” en los períodos de prueba, dice.
En Venezuela, está prohibido despedir formalmente a cualquier trabajador. La inhabilidad laboral está vigente desde abril de 2002, en la gestión de Hugo Chávez.
Nicolás Maduro, líder chavista venezolano, ratificó esa orden hasta diciembre de 2020, como parte de las medidas paliativas de la cuarentena por el virus del PCCh.
La situación, sin embargo, ha levantado una ola de despidos, contracción de ingresos, disminución de puestos de trabajos y ceses de miles de empleados en Venezuela, según sindicatos como la Federación de Trabajadores del Estado Zulia, Fetrazulia.
La parálisis económica mundial por la pandemia se juntó en Venezuela con una crisis sin paralelos, que incluye la mayor inflación del mundo (9585.5 % en 2019).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que Venezuela será la tercera nación con peor comportamiento económico del año del «Gran Confinamiento». Según sus proyecciones, su Producto Interno Bruto se contraerá al menos un 15 por ciento.
“Estar sin trabajo ha hecho que sigan apareciendo deudas”, lamenta Maykol, padre de un niño de dos años.
Hoy, no cuenta más con los cinco millones de bolívares o 27.6 dólares al mes con los que pagaba el alquiler de su vivienda.
“Es muy difícil la situación. He estado buscando empleo, tocando puertas, pero ahorita nadie está contratando por las medidas económicas y la cuarentena”, explicó.
Hambre tras el volante
A la oficina de José Sarmiento, presidente del sindicato de transportistas del estado Zulia, el más poblado de Venezuela, llegan a diario decenas de choferes pidiendo ayuda.
Ese espacio donde tradicionalmente hay discusiones gremiales es “una caja de resonancia” del hambre de sus compañeros durante la pandemia, dice.
Sus representados imploran que les regalen un kilo de harina de maíz o arroz para sus hijos. Le confiesan que no aguantan más la necesidad en sus hogares.
Entre 1500 y 2000 choferes del transporte público tienen prohibido operar desde hace dos meses por orden del gobernador Omar Prieto, aliado de Maduro.
“Es muy preocupante y triste. Lo que veo es tristeza”, dice Sarmiento.
Los conductores de carros de cinco puestos ganaban entre dos y tres millones de bolívares por día (de 11 a 16.5 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela). Los de microbuses podían ganar hasta cuatro veces esa cantidad.
Hoy, explica Sarmiento, deben salir a la calle, no detrás de un volante, sino con frutas, ropa usada o bolsitas de jabón en polvo en sus manos para la reventa.
Otros, hartos de las penurias en casa, violan la prohibición oficial y salen a las calles a trabajar con sus vehículos. El sindicalista confirma la detención de 28 de ellos.
“Estamos tratando de subsistir y sobrevivir. ¿Qué haces si tienes hijos y te piden comida y no los tienes?. El transportista está desesperado porque no conseguimos dinero. No estamos pidiendo nada, sino trabajo. No somos limosneros”, señaló.
Virus laboral
La cifra oficial de desempleo en Venezuela rivaliza con las de los gremios patronales y sindicales del país, así como con los datos del FMI.
Los opositores acusan a Nicolás Maduro de manipular la tasa de ocupación laboral, incluyendo a empleados informales y a beneficiarios de planes sociales.
Maduro, en enero, dijo que la tasa de desocupación era de seis por ciento. El FMI la pronosticó en 35.5 por ciento en 2020, entre las más altas del mundo.
El director del FMI para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, alertó hace días que se anticipan la quiebra de empresas y el alza del desempleo durante la etapa de reapertura económica en todo el orbe tras la primera ola de la pandemia del virus del PCCh.
En el caso de Venezuela, se espera un acento en ese indicador. El economista Jesús Casique advierte sobre la preexistencia de un colapso empresarial en el país.
Solo en el sector las manufacturas, había 11,117 empresas en 1998. Veintidós años después, especifica, solo quedan 2849 compañías abiertas.
Esa “mortandad del parque industrial” nacional, agravada por la COVID-19, pone al país a niveles de 1953, asegura Casique, director de la firma Capital Market Finance.
María Laura (*) forma parte del grupo de 16 trabajadores de una empresa petrolera venezolana (su casa matriz está en Rusia) que fueron despedidos en dos tandas: la primera, el 26 de marzo, 11 días después de la cuarentena y, luego, el 27 de abril.
Tenía varios años laborando en el área administrativa de la compañía Borets Venezuela, dedicada a la venta de equipos de Bombeo Electrosumergibles, conocidos como BES.
La mayoría de los despedidos tenían entre seis y ocho años de antigüedad en la firma.
La cesaron a través de una llamada telefónica. Recibió, como sus excompañeros, un correo electrónico con tres documentos: una carta de renuncia para que la imprimiesen y firmaran, un escrito donde desisten de exámenes médicos, y el monto de su liquidación, con menos beneficios de los que recibirían si los despidiesen oficialmente.
María Laura no tiene dudas sobre la causa de sus destituciones: la ralentización del negocio petrolero por la COVID-19.
“La pandemia ha disminuido las actividades y, por tal motivo, la empresa ha decidido prescindir de nuestros servicios”, sostiene.
La joven apunta que su despido le ha afectado económica y emocionalmente. Dice que su salario era “un apoyo fundamental” en una familia de cinco integrantes.
Sus dos hermanos menores recibían su apoyo financiero para estudiar.
“Estoy buscando la forma de reinventarme, pues conseguir un trabajo, aun cuando la pandemia termine, no será tarea fácil”, comenta.
Pagos de centavos
Una de las principales empresas cerveceras de Venezuela cerró sus dos plantas productoras tras la declaratoria de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y de la posterior reacción del poder ejecutivo madurista.
La compañía no despidió a nadie. Apeló a una cláusula del contrato colectivo para pagarles a 290 empleados montos semanales que no suman ni siquiera el salario mínimo mensual vigente en el país, de 400,000 bolívares.
El secretario del sindicato de la cervecería, Ángel Fuenmayor, acota que, antes de la COVID-19, la empresa ya recibía latigazos de la crisis económica nacional.
“A raíz de la pandemia, se dio el cese total de las operaciones de las dos plantas, la de Cagua y la de Maracaibo. ¿Qué puede hacer un padre de familia que está cobrando de 17,000 a 25,000 bolívares semanalmente (13 centavos de dólar)?”, precisa.
Representantes de las cámaras de sectores como el industrial, la construcción y los centros comerciales advirtieron, al iniciar la cuarentena, que decenas de miles de empleos en Venezuela estaban en peligro por la inminencia de cierre de empresas.
Dos meses luego, Fuenmayor dice que ha visto a sus compañeros llorar por el hambre de sus familias. Lo cree consecuencia de la pandemia y de malas políticas del madurismo.
El impacto en la masa laboral, dice, es incluso “psicológico”. Los pagos, insiste, los sienten como un despido de facto, una medida que califica de “inconstitucional”.
“¿Para qué nos van a despedir, si ya esto es una asfixia?”, se pregunta. El sindicalista se contesta a sí mismo, agitado: “en Venezuela, desapareció el estado de derecho”.
(*) María Laura es el nombre ficticio de una empleada despedida de la empresa petrolera Borets Venezuela S.A. durante la pandemia, quien pidió reservar su identidad por temor a retaliaciones de parte de la empresa y del régimen de su nación.
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