WASHINGTON—Cuando la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) prometió que dentro de los 100 días de haber asumido la presidencia, traerá 135 millones de personas a ‘Medicare para Todos’ sin costo alguno para ellos», ella era solo una de las múltiples aspirantes a la Casa Blanca de su partido que promocionaba planes de expansión dramáticos para el programa federal de salud de Estados Unidos de 55 años de antigüedad.
La propuesta de Warren, como la de su rival el senador Bernie Sanders (I-Vt.), requeriría una reorganización total del sistema de salud de Estados Unidos de 3.6 billones de dólares. Garantizaría un cuidado de salud integral, financiado y administrado por el gobierno, mientras que eliminaría los programas de seguros de salud privados.
Otros demócratas, como el exvicepresidente Joe Biden, permitirían a las aseguradoras privadas continuar en el negocio, pero establecerían una «opción pública» de un solo pagador como alternativa.
Medicare les costó a los contribuyentes más de USD 583 mil millones en 2019, mientras que Medicaid (incluyendo el Programa de Seguro Médico para Niños) añadió otros USD 399 mil millones. Todos los planes de los candidatos presidenciales demócratas requerirían un gasto adicional, con algunas estimaciones de hasta 38 billones de dólares.
Los estadounidenses han debatido los méritos y deméritos de Medicare y su subsidiaria Medicaid desde 1965, pero una cosa ha estado clara durante décadas: el desperdicio, el fraude y la ineficiencia son características de la atención médica del gobierno.
Una revisión del Epoch Times de los informes de la Oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) para el período del 20 de febrero al 2 de marzo encontró los siguientes titulares:
- Dos médicos de Connecticut pagan más de 4.9 millones de dólares para resolver las alegaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas.
- Sanofi acuerda pagar 11.85 millones de dólares para resolver las acusaciones de que pagó sobornos de Medicare a través de una Fundación de Asistencia de Copago.
- Un médico acusado por su supuesto papel en un fraude de 120 millones de dólares en el sector de la salud y en una conspiración para el lavado de dinero.
- Cinco acusados condenados en el sur de Florida a penas de prisión por su papel en esquema de fraude de Tricare y Medicare.
- Nueva York hizo pagos inadmisibles por un total de más de 10 millones de dólares para la atención médica administrada.
El que esos cinco ejemplos sean ilustrativos y no atípicos se ve en el hecho de que el problema se hizo tan generalizado que los funcionarios federales se vieron obligados en 2007 a crear el Grupo de Tareas de Fraude en el Medicare (MFTF, por sus siglas en inglés) para combatir el despilfarro, el fraude y la ineficiencia del programa. El MFTF incluye oficiales de la ley federales, estatales y locales.
Desde su creación, el MFTF ha presentado 2829 acusaciones y ha generado cerca de 3500 millones de dólares en «cuentas por cobrar investigativas», es decir, multas, reembolsos y restituciones.
Tres años después del establecimiento del MFTF, se vio poco progreso ya que «60 Minutes» de CBS News informó que Medicare «proporciona un flujo de ingresos rico y constante para los delincuentes que continuamente encuentran nuevas formas de robar una parte considerable del medio trillón de dólares que se pagan cada año en beneficios de Medicare». De hecho, el fraude a Medicare —que se estima ahora en unos 60 mil millones de dólares al año— se ha convertido en uno de los crímenes más rentables de América, si no el más».
Y la ola de crímenes de Medicare continúa.
Robert Moffit, investigador principal de la Fundación Heritage y miembro de la Comisión de Salud de Maryland, es subsecretario adjunto de legislación en el HHS, donde luchó con los principales problemas que afectan a Medicare y Medicaid.
Cuando el miércoles The Epoch Times le preguntó sobre la corrupción endémica en el programa, Moffit señaló tres factores:
«Primero, Medicare (y Medicaid en menor medida) es el mayor pagador del sistema de salud americano. Por lo tanto, es un objetivo natural del elemento criminal», dijo Moffit.
«En segundo lugar, el sistema de pago de Medicare, regido por miles de páginas de normas y reglamentos, es enormemente complejo y, por lo tanto, es igualmente difícil de cumplir por parte de los profesionales y de la policía por parte de los funcionarios de Medicare».
«Este sistema bizantino proporciona la perfecta cobertura de la jungla de papeleo para los malos actores, y también atrapa a los practicantes honestos en los errores y equivocaciones de la oficina. Gran parte del despilfarro de Medicare no es fraude, sino pagos indebidos de Medicare a practicantes e instituciones médicas».
«En tercer lugar, como el sistema de Medicare es básicamente una operación de pago de reclamaciones, o de escritura de cheques del gobierno, los que escriben los cheques no se ven directamente afectados financieramente ni por el pago indebido ni por su incapacidad para vigilar eficazmente el despilfarro, el fraude o el abuso».
Sobre este último factor, Moffit añadió que «en ese caso, Medicare es exactamente diferente a una compañía de seguros de salud privada donde hay un poderoso incentivo económico para vigilar el sistema y monitorear las reclamaciones; ya que el fracaso administrativo impacta directamente en el resultado final de la compañía».
En general, Moffit caracterizó los problemas de corrupción e ineficiencia de Medicare como «un fracaso de la administración, y este fracaso de la administración incurre en un costo administrativo, aunque los funcionarios gubernamentales nunca categorizan las decenas de miles de millones de dólares perdidos anualmente por el despilfarro, el fraude y el abuso como un costo administrativo, y no aparece en los libros de Medicare como un costo administrativo. Pero lo es».
Medicare para todos aumentará esos costos, según Grace-Marie Turner del Instituto Galen, quien dijo al Congreso en 2019 que «el nuevo sistema de pagador único todavía requeriría muchas de las mismas funciones administrativas que cualquier sistema de seguros:
Los médicos, hospitales, laboratorios y otros proveedores de servicios tendrían que ser aprobados y las tasas de pago establecidas. El gobierno necesitaría verificar que los servicios aprobados se prestaran realmente, y sería necesario que hubiera una necesidad aún mayor de salvaguardias contra el fraude y los abusos».
Contacte con Mark Tapscott en [email protected]
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