Opinión
El 8 de noviembre, Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, anunció orgulloso en X, antes Twitter, que había llegado a un acuerdo con diputados del Parlamento Europeo (PE) para crear una «cartera de identidad digital» europea, que permitiría a todos los ciudadanos de la UE tener «una identidad electrónica segura para toda la vida».
Según el propio sitio web de la Comisión Europea, la identidad digital europea puede utilizarse para toda una serie de transacciones, como proporcionar identificación personal dentro y fuera de Internet, mostrar certificados de nacimiento y médicos, abrir una cuenta bancaria, presentar declaraciones de la renta, solicitar una universidad, guardar una receta médica, alquilar un coche o registrarse en un hotel.
Varias personas, entre ellas el eurodiputado holandés Rob Roos, han expresado su preocupación por que una identificación digital centralizado pueda poner en peligro los derechos de privacidad y movilidad de los europeos. Una carta firmada por más de 500 «expertos en ciberseguridad, investigadores y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo» advierte de que la normativa propuesta sobre la identificación digital reducirá la seguridad digital de los ciudadanos en lugar de mejorarla.
Pero uno de sus principales artífices, Breton, mantiene que «el monedero tiene el máximo nivel tanto de seguridad como de privacidad», mientras que la Presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, insiste en que se trata de «una tecnología en la que podemos controlar nosotros mismos qué datos se utilizan y cómo». Así pues, o bien los críticos exageran los problemas de libertad civil y privacidad, o bien los defensores de la tecnología les restan importancia. Ambos no pueden tener razón.
En teoría, una identificación digital europea universal podría programarse de forma permanente de tal manera que el ciudadano tuviera pleno control sobre qué partes de su «cartera digital» comparte en cada momento y cuáles no. No tendríamos mucho de qué preocuparnos si el DNI digital europeo fuera programado ahora y para siempre por personas que se tomaran en serio la privacidad y no estuvieran dispuestas a explotar la tecnología a su alcance para «empujar» -o incluso » forzar»- a los ciudadanos a cumplir sus políticas de control de enfermedades, no discriminación, propaganda de guerra o cambio climático.
Pero en la práctica, sería muy ingenuo suponer que un documento de identidad digital programable a escala europea, controlado por una burocracia centralizada, no sería explotado, tarde o temprano, para «empujar» a la gente a cumplir con las políticas que resulten favorecidas por los «poderes fácticos».
Y no hace falta ser muy imaginativo para prever las formas en que un documento de identidad digital europeo podría aprovecharse para erosionar la igualdad y la libertad de los europeos, ya que las mismas personas que son la cara pública de esta iniciativa de documento de identidad digital fueron las que pusieron en marcha el sistema de biovigilancia más omnipresente de la historia de Europa, a saber, los llamados certificados digitales COVID.
El funcionamiento de los certificados digitales COVID, que fue aprobado tanto por la Comisión Europea (la misma que ahora impulsa un sistema de identificación digital) como por el Parlamento Europeo, puede darnos una idea bastante clara de los usos que los tecnócratas europeos pueden dar a un sistema de identificación digital, si se les da la oportunidad.
El certificado digital COVID se utilizó para obligar a los ciudadanos que no habían recibido la vacuna COVID en un plazo determinado a someterse a una costosa e incómoda prueba COVID cada vez que cruzaban una frontera europea, e incluso se utilizó para denegar la entrada a ciudadanos no vacunados en lugares culturales y recreativos de toda Europa. En otras palabras, el certificado digital COVID servía como mecanismo para coaccionar a los ciudadanos a inyectarse una determinada medicación en el torrente sanguíneo y creaba una sociedad de dos niveles en la que los no vacunados eran tratados como una nueva subclase social y política.
Ahora, imaginemos que se ofreciera a todos los ciudadanos europeos un certificado digital europeo controlado centralmente como herramienta para acceder a una amplia gama de servicios, desde la banca, los viajes en avión y las estancias en hoteles hasta el alquiler de coches, el acceso a lugares de ocio y el acceso a servicios digitales en línea. Al principio, presumiblemente, el certificado sería opcional y los ciudadanos podrían utilizar otros métodos para validar su identidad. Luego, con el pretexto de mejorar la «seguridad» de los ciudadanos, el certificado podría muy bien convertirse en obligatorio para un número cada vez mayor de transacciones.
El siguiente paso sería ampliar gradualmente la información contenida en el certificado y utilizarlo como medio para denegar o aprobar el acceso de los ciudadanos a determinados servicios en función de sus hábitos de gasto, su estado de vacunación o su puntuación de «crédito social». Por supuesto, no podemos estar seguros al cien por cien de que esto vaya a ocurrir. Pero la reciente implantación del apartheid de las vacunas en Europa debería despojarnos de cualquier ilusión de que los líderes políticos europeos se comprometan a respetar y defender nuestras libertades civiles o nuestro acceso igualitario a las instalaciones y servicios públicos.
Políticos como Breton y von der Leyen, y los eurodiputados y gobiernos de los Estados miembros que les vitorearon durante la pandemia, estaban dispuestos a tratar a los ciudadanos como ganado o vectores de enfermedades para ser vacunados y sometidos a pruebas en masa, con escasa consideración por su historial médico personal y sus factores de riesgo. Seguramente es sólo cuestión de tiempo que personas con este tipo de desprecio por la libertad individual se sientan inclinadas a aprovechar una tecnología como el identificador digital universal como palanca para controlar las decisiones privadas de las personas con vistas a avanzar en sus propias carreras y objetivos políticos.
Bastantes ciudadanos dijeron «no» a una vacuna experimental, y bastantes ciudadanos siguen cuestionando los fundamentos científicos y políticos para imponer gravosos impuestos sobre el carbono, expropiar por la fuerza tierras de cultivo basándose en directivas climáticas, vivir en «ciudades de 15 minutos», dar cabida a la ideología transgénero en sus hospitales y aulas, o abstenerse de lo que los poderes fácticos consideren «incitación al odio».
¿Qué mejor método para inducir el cumplimiento público de políticas y leyes impopulares o controvertidas que recompensar el cumplimiento con una mayor movilidad y un mejor acceso a las instalaciones y servicios sociales y castigar el incumplimiento con una menor movilidad y un menor acceso a los servicios e instalaciones? ¿No es eso exactamente lo que hizo el certificado digital COVID, una creación de la misma Comisión?
Obviamente, los defensores de un identificador digital europeo afirmarán públicamente que solo les interesa promover la seguridad de nuestras transacciones y proteger nuestra privacidad. Pero como son los mismos que se atreven a afirmar que la segregación médica y la coerción mediante pasaportes vacunados «nos reafirma en (el) espíritu de una Europa abierta, una Europa sin barreras«, sus afirmaciones sobre la privacidad y las libertades de los ciudadanos carecen de toda credibilidad.
Publicado originalmente en el Substack del autor, republicado desde el Brownstone Institute.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
