El gobierno australiano está planeando introducir un régimen constitucional de detención preventiva para sacar de las calles a los «delincuentes peligrosos» que fueron liberados de la detención de inmigrantes.
La ministra del Interior, Clare O’Neil, dijo que el parlamento no volverá a casa hasta que se adopten las nuevas medidas.
La promesa se produce en medio de la presión política de la oposición, después de que 141 detenidos fueran liberados en la comunidad tras una decisión histórica del Tribunal Superior que anuló un precedente de 20 años.
El 28 de noviembre, el Tribunal Superior justificó su decisión de que la inmigración indefinida era ilegal en el caso NZYQ contra el ministro de Inmigración.
Este fallo dejó la puerta abierta a la detención del individuo sobre otra base legal, como una ley que prevea la detención preventiva de un delincuente sexual infantil que presente un riesgo de reincidencia si es puesto en libertad.
La Sra. O’Neil dijo que «la tarea ahora del Parlamento es crear un régimen de detención preventiva que sea constitucional».
«Eso va a significar que tendremos que remitir esos poderes a los tribunales. Ahora, nos queda poco más de una semana del Parlamento. No nos iremos de aquí hasta que se establezca un régimen de prisión preventiva», dijo en una entrevista con ABC Radio National Breakfast.
«Para hacer eso, vamos a necesitar que [el líder de la oposición] Peter Dutton y los liberales trabajen con nosotros».
O’Neil dijo que el gobierno actuará lo más rápido posible.
«Lo que es realmente importante es que el Tribunal Superior ha dejado espacio para que el Parlamento legisle para sacar de las calles a los delincuentes más peligrosos, y ese es el objetivo del gobierno aquí», dijo.
«El próximo jueves el Parlamento se levantará. No volveremos a casa hasta que este Parlamento haya adoptado un régimen de detención preventiva».
Los detenidos liberados han sido declarados culpables de delitos que incluyen asesinato, violación, abuso sexual infantil y violencia doméstica.
Dutton y los ministros liberales Michaelia Cash, James Paterson y Dan Tehan pidieron al gobierno que «presente una legislación urgente al parlamento» en un comunicado de prensa conjunto.
«El Tribunal Superior ha respaldado exactamente el tipo de respuesta que Peter Dutton ha estado pidiendo durante las últimas tres semanas, cuando el gobierno liberó en nuestras calles a más de 140 detenidos, entre ellos pedófilos, violadores, asesinos y un asesino a sueldo», dijo la oposición en un comunicado.
«Las razones del Tribunal Superior para su sentencia en el caso del detenido conocido como NZYQ claramente dan luz verde a un camino para legislar sobre la detención preventiva para proteger a la comunidad. Ahora le corresponde al gobierno seguir adelante».
Paterson, el ministro de Asuntos Internos en la sombra (ministerio de oposición), dijo que es posible que no era aplicable la liberación de algunos de los141 detenidos.
Afirmó que el gobierno necesita urgentemente responder sobre los motivos de la decisión de liberar a las 141 personas detenidas y si se pueden recapturar algunos de los liberados.
«El tribunal ha dejado muy claro que son las circunstancias únicas de un delincuente sexual infantil las que hicieron que su detención constituyera una detención indefinida, y el tribunal también ha dicho que es posible volver a detener a alguien que fue puesto en libertad si existe, de nuevo, la perspectiva de que sea expulsado y antes de que sea expulsado, que puede ser detenido de nuevo», dijo.
El gobierno federal anunció USD 255 millones (USD 170 millones) de financiación de los contribuyentes para controlar a los inmigrantes liberados de su detención el 27 de noviembre. Esto incluye toques de queda, monitores de tobillo y más capacidad para que las autoridades procesen a quienes infrinjan la libertad condicional.
¿Qué dijo el Tribunal Superior?
El Tribunal Superior expuso los motivos del caso NZYQ contra el ministro de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales.
NZYQ era el seudónimo dado a un musulmán rohingya apátrida detenido porque otros países, incluido Estados Unidos, no quisieron reasentarlo, ya que había sido condenado por delitos sexuales contra menores.
El tribunal concluyó que, como no había perspectivas de expulsión del demandante de Australia en un futuro previsible, su detención y su mantenimiento en prisión eran ilegales.
El fallo señaló que «ningún país del mundo tiene una práctica establecida de ofrecer reasentamiento a personas en Australia que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra niños».
Sin embargo, el tribunal dejó claro que la liberación de una detención ilegal no otorga a las personas el derecho a permanecer en Australia ni impide la detención por otros motivos.
«La liberación de una detención ilegal no debe equipararse a la concesión del derecho a permanecer en Australia», afirma el Tribunal Superior (pdf).
«A menos que al demandante se le conceda tal derecho en virtud de la Ley de Migración, el demandante sigue siendo vulnerable a la expulsión en virtud del artículo 198.
«La emisión de un recurso de hábeas corpus no impediría que se volviera a detener al demandante […]. Tampoco la concesión de esa reparación impediría la detención del demandante sobre alguna otra base legal aplicable, como en virtud de una ley que prevea la detención preventiva de un delincuente sexual pedófilo que represente un riesgo inaceptable de reincidencia si es puesto en libertad».
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