Comentario
El Partido Comunista Chino (PCCh) se ha apoyado en una serie de mentiras económicas para influir en la percepción de mucha gente sobre la situación actual. En este artículo, examinamos algunas de las mayores mentiras y presentamos la verdadera imagen que hay detrás de estas.
La primera mentira económica: el desarrollo es el principio absoluto
En las últimas décadas, la mayor mentira de las políticas económicas del PCCh es «el desarrollo es el principio absoluto», una declaración hecha por el líder del PCCh Deng Xiaoping durante su gira por el sur de China en 1992.
Desde entonces, justificar las cosas como «desarrollo» se ha convertido en la mejor excusa para encubrir los errores, que pasaron a ser justificados e incuestionables.
A finales de los años 50 y principios de los 60, la campaña del «Gran Salto Adelante» de Mao provocó tres años de hambruna en China, pero Mao prefería dejar morir de hambre a decenas de millones de campesinos antes que detener el costoso desarrollo de bombas atómicas y misiles.
La agenda política del PCCh es completamente diferente de la cultura tradicional de Confucio de «la gente común es lo más valioso«, que valoraba las necesidades del pueblo como las principales necesidades del país, y el único propósito del desarrollo es servir verdaderamente a la mayoría del pueblo.
La segunda mentira económica: los funcionarios son corruptos, no el sistema del PCCh
El PCCh miente al pueblo chino diciendo que la corrupción es solo el comportamiento personal de los funcionarios y que el sistema del PCCh es siempre bueno. La gente no ve que la corrupción del PCCh está institucionalizada. El régimen comunista se estableció con un poder incuestionable otorgado a los funcionarios de todos los niveles. La corrupción institucionalizada del PCCh existe e impregna casi todas las actividades económicas chinas a lo largo de la historia del PCCh.
Antes de la reforma de 1978, la corrupción se manifestaba de diferentes formas, sobre todo en el suministro de alimentos (especialmente durante la gran hambruna de tres años), la vivienda gratuita y los servicios médicos según el rango de los funcionarios.
Los privilegios incluían también el uso del poder para el sexo. Los funcionarios del PCCh a todos los niveles siguieron el ejemplo de Mao y otros altos cargos. En la década de 1970, me enviaron a las zonas rurales de la provincia de Anhui para ser reeducado (Movimiento de Bajar al Campo). Una vez, en 1973, fui al condado de Chao para una reunión y me alojé en una casa de huéspedes. Vi que el comisario político del subdistrito militar de Chaohu tenía en su regazo a una niña de la casa de huéspedes. Ni siquiera se preocupó de cerrar la puerta por el poder que tenía.
Tras la reforma, el sistema burocrático del régimen nunca cambió. El objetivo era generar ingresos o beneficios personales mientras desempeñaban sus funciones oficiales. Utilizar el poder para ganar dinero se convierte en la norma, y los pocos funcionarios decentes que se mantienen al margen se convertirán en una espina para los demás funcionarios, que querrán deshacerse de ellos.
Desde mediados de los años 80, los retoños de los poderosos funcionarios del PCCh se han aprovechado de esta intervención burocrática. Vendieron certificados de cuotas de materiales y recursos de producción controlados por el PCCh, obteniendo beneficios de la diferencia de precios, y vendieron cuotas de importación de automóviles o electrodomésticos. A principios de la década de 1990, lucraron con la obtención de tierras mediante sobornos y propiedades inmobiliarias, y a finales de la década de 1990, los principitos ganaron fama y riqueza trabajando como agentes para sectores financieros extranjeros.
En este siglo, el soborno y la venta de puestos y títulos oficiales también se convirtieron en una forma de hacer fortuna fácilmente. Guo Boxiong y Xu Caihou, dos generales militares condenados a prisión por su corrupción, son solo dos ejemplos.
La tercera mentira económica: «Que algunos se enriquezcan primero»
La tercera mentira del PCCh es la reforma cuando Deng Xiaoping pregonó «que algunos se enriquezcan primero» a mediados de los años 80, y los chinos ordinarios pensaron que estaban entre los «algunos» que se enriquecerían.
De hecho, la mayoría de los chinos son residentes rurales. Desde que se introdujo la llamada práctica de registro de hogares en la época de Mao, todos los chinos rurales se han convertido en ciudadanos inferiores.
Bajo el régimen del PCCh, nacieron los llamados «trabajadores migrantes«. El término se refiere a los trabajadores de la ciudad procedentes de las zonas rurales. No se les concede el estatus de residentes de la ciudad a menos que puedan permitirse comprar una casa muy cara en la ciudad. Los trabajadores emigrantes no tienen seguro médico ni seguridad social a largo plazo, y sus hijos no pueden ir a la escuela ni presentarse a los exámenes nacionales de acceso a la universidad junto con sus homólogos urbanos. Los trabajadores emigrantes pasan la mitad de su vida trabajando en obras de construcción y cadenas de montaje de fábricas, pero al final tienen que volver al campo para jubilarse.
La mayoría de los residentes rurales siguen viviendo en una situación de pobreza relativa, aunque la economía china se encuentra entre las primeras del mundo. Incluso con la contribución de los trabajadores emigrantes, el gasto de consumo anual per cápita de los chinos rurales en 2019 fue de unos 2000 dólares, con un consumo diario per cápita de unos 5.60 dólares.
Según los datos publicados por el Banco Mundial en 2018, el estándar del umbral de pobreza es de 5.50 dólares al día en los países de renta media-alta. En otras palabras, tras décadas de reforma y apertura, cientos de millones de residentes rurales en China siguen viviendo cerca del umbral de la pobreza.
La existencia de una población de bajos ingresos tan grande demuestra que el elevado crecimiento económico de China solo ha creado la mayor sociedad de pobreza relativa del mundo. Al mismo tiempo, ha creado una clase de élite de compinches que constituye una ínfima minoría de la población, pero cuya riqueza familiar es mucho mayor que la de la clase media-alta de los países occidentales.
La cuarta mentira económica: la reestructuración de las empresas estatales
El PCCh comenzó a privatizar sus empresas estatales en 1997, pero hasta hoy se niega a reconocer que la privatización se completó hace más de 20 años.
La razón de la privatización fue que la propiedad pública de las empresas por parte del PCCh había fracasado por completo y las empresas estatales se habían convertido en una pesada carga económica para el gobierno, lo que llevó al casi colapso del sistema bancario. Más del 20% de los préstamos de las empresas públicas concedidos por los cuatro principales bancos estatales a principios de la década de 1990 eran préstamos incobrables. En 1996, los préstamos incobrables de las empresas públicas en el sistema bancario y sus préstamos vencidos representaban alrededor del 70% del total de los préstamos. Para salvar el sistema bancario del colapso, el PCCh lanzó la privatización integral de las empresas públicas en la segunda mitad de 1997.
La clave de la privatización es quién comprará las empresas públicas. El salario promedio mensual de los directivos de las empresas públicas no podría costearlo, y el capital extranjero desempeña un papel mínimo en el proceso de privatización de las empresas públicas.
He analizado 130 casos de privatización de empresas públicas en 29 provincias y ciudades y he descubierto los principales métodos que el PCCh ha utilizado para privatizar las empresas públicas. Debido a este oscuro secreto, el PCCh no ha permitido que se realicen estudios nacionales sobre el proceso de privatización, y los medios de comunicación estatales básicamente no han reportado la verdad sobre la privatización de las empresas públicas.
Uno de los métodos es que el PCCh permite a los directivos de casi un millón de empresas públicas obtener préstamos de los bancos con garantías en nombre de las empresas. Luego compran propiedades estatales con los préstamos y se les permite registrar las empresas que dirigen a su nombre o al de sus familiares. Después, utilizan los fondos públicos de la empresa en su calidad de propietarios de la misma para devolver los préstamos bancarios con los que han comprado la empresa de forma privada.
Otro método consiste en que los directivos de las empresas públicas obligan a sus empleados a comprar parte de las acciones de las empresas. Los empleados tienen que utilizar sus ahorros familiares para comprar las acciones de las empresas para mantener sus puestos de trabajo, pero no se les permite investigar el funcionamiento de las empresas o la transferencia de activos. Los empleados se ven obligados a aportar dinero para ayudar a la dirección de las empresas públicas a adquirir la propiedad de las mismas.
Un tercer método consiste en que las autoridades se confabulan con los cónyuges e hijos de estas familias rojas en el poder para que utilicen sus redes para ayudar a las grandes empresas públicas a cotizar en bolsa, por lo que reciben acciones de cortesía de las empresas cotizadas. Luego obtienen grandes beneficios de las acciones subiendo el precio de las mismas.
En 1996 había un total de 110,000 empresas públicas industriales en todo el país, y a finales de 2008 solo quedaban 9700, entre las que se encontraban grandes empresas públicas parcialmente privatizadas.
Según dos encuestas nacionales por muestreo financiadas por el Banco Mundial y otras entidades, entre el 50% y el 60% de las empresas son propiedad privada de los directivos, y aproximadamente una cuarta parte de las empresas son compradas por inversores ajenos a la empresa. Estos inversores proceden de otras industrias nacionales, de las cuales menos del 2 por ciento son inversores extranjeros. Solo el 10% son privatizadas conjuntamente por los directivos y los empleados.
Este tipo de reestructuración de las empresas públicas es casi como una división abierta y un saqueo de los activos nacionales por parte de los directivos, junto con sus superiores (funcionarios del gobierno local) y la segunda generación roja.
De 1998 a 2003, cuando las élites rojas se apropiaron ampliamente de los activos de las pequeñas y medianas empresas públicas mediante la privatización, el régimen comunista cerró específicamente la Administración de Activos del Estado, que era responsable de la supervisión de las empresas públicas, creando un periodo ventana, en el cual, la supervisión de las empresas públicas estuvo ausente durante los críticos seis años de privatización. Esto facilitó la malversación de los activos de las empresas públicas por parte de la élite roja.
En aquel momento, el PCCh propagó que los despidos de los trabajadores de las empresas públicas eran un sacrificio necesario para la reforma, pero el régimen no estaba dispuesto a establecer un subsidio de desempleo unificado para los trabajadores despedidos. Trasladó esta responsabilidad a los jefes rojos de las empresas privatizadas, y si los nuevos propietarios no querían pagar, al régimen comunista no le importaba. Como resultado, decenas de millones de extrabajadores de las empresas públicas quedaron reducidos a la condición de pobres de las zonas urbanas, luchando por su supervivencia.
El PCCh hace que el pueblo chino pague sus deudas
El PCCh se jacta ahora de que su economía superará a la de Estados Unidos. El público desinformado se confunde fácilmente con la prosperidad superficial de la construcción urbana y las infraestructuras como el tren de alta velocidad. El público confunde eso como un logro del PCCh, pero en realidad, eso es una enorme deuda que dará lugar a interminables dificultades internas.
Desde principios de este siglo, el PCCh ha pasado de depender de los mercados internacionales a depender totalmente de los bienes inmuebles y las infraestructuras para impulsar la economía. La sobreinflación del sector inmobiliario ha creado una burbuja económica extremadamente peligrosa que ha dejado al sistema bancario al borde del colapso. Los gobiernos locales han dependido durante mucho tiempo de los ingresos procedentes de la venta de terrenos para mantener las finanzas locales, un camino que ha llegado a su fin.
Con su dependencia de las exportaciones, la economía del PCCh depende en gran medida del excesivo endeudamiento de los ciudadanos de Estados Unidos y otros países desarrollados. En otras palabras, cuanto más dinero estén dispuestos a gastar los occidentales, más podrá sostenerse la economía china. Por eso, el PCCh, en medio de las actuales relaciones entre China y Estados Unidos, sigue esperando que este país elimine los aranceles de importación. Sin embargo, Estados Unidos ya no está dispuesto a sacrificar su propio futuro por la supervivencia del PCCh.
En la actualidad, el PCCh se endeuda en el extranjero a altos tipos de interés para importar los alimentos, el petróleo, el mineral de hierro y los chips necesarios para sostener su economía. Esto equivale a adelantar el gasto en términos de financiación internacional.
A nivel interno, el Ministerio de Finanzas del PCCh admitió no hace mucho que «la deuda gubernamental acumulada era de 46.6 billones de yuanes (7.2 billones de dólares) a finales de 2020, lo que representaba el 46% del PIB». Esto no incluye los numerosos bonos de construcción urbana emitidos por los gobiernos locales y las deudas emitidas por los tres bancos centrales: El Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo Agrícola de China. Se puede decir que las deudas en todos los niveles financieros han llegado también al borde del colapso.
En un principio, el objetivo de la emisión de enormes cantidades de bonos por parte de los gobiernos locales y su participación activa en la inversión en infraestructuras era utilizar los ingresos procedentes de la venta de terrenos para pagar sus deudas. Esta forma de gasto deficitario ya no está disponible porque el gobierno central está compitiendo con los gobiernos locales por los recursos financieros. A partir del 1 de julio de este año, el gobierno central anunció que los ingresos procedentes de la venta de terrenos locales se transferirán al gobierno central, y esta política comenzó a ejecutarse en la ciudad de Shanghai y en las provincias de Zhejiang, Hebei, Mongolia Interior, Anhui y Yunnan. A partir del 1 de enero del próximo año, todo el país seguirá su ejemplo.
Se trata de un golpe fatal para los gobiernos locales, que no podrán devolver la enorme cantidad de bonos emitidos por ellos para el desarrollo de infraestructuras e inmobiliario. Para sobrevivir, las haciendas locales tienen que acelerar la introducción del impuesto sobre la propiedad, lo que hará estallar la burbuja inmobiliaria, y los propietarios de viviendas pagarán una gran cantidad de dinero para saldar las deudas de las autoridades.
Ahora, el mercado inmobiliario, las finanzas y los bancos de China están en apuros. No solo es improbable que vuelva el boom económico, sino que las dificultades económicas reflejadas en el alto desempleo y los bajos salarios empeoran día a día, poniendo fin a los «buenos tiempos» de la economía china. El estilo de vida de «tumbarse» (es decir, el estilo de vida de los jóvenes que no buscan trabajo ni cónyuge, no se casan y viven al nivel más bajo con las pensiones de sus padres), que se está haciendo popular entre algunos jóvenes ahora, refleja, en gran medida, el estado de ánimo pesimista de la generación joven sobre el futuro.
El Dr. Cheng Xiaonong es un estudioso de la política y la economía de China con sede en Nueva Jersey. Cheng fue investigador político y ayudante del exlíder del Partido, Zhao Ziyang, cuando éste era el primer ministro. También fue editor jefe de la revista Modern China.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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