Los documentos incautados por el FBI en el complejo turístico Mar-a-Lago de Donald Trump ya estaban desclasificados en virtud del «poder constitucional inherente» del presidente, según Mike Davis, exsecretario del juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch.
«[El presidente Trump] tiene la autoridad constitucional para desclasificar todo lo que quiera», dijo Davis en una entrevista a NTD el 12 de agosto. «Entonces cuando envió cajas fuera de la Casa Blanca, las desclasificó».
Según un recibo recién desclasificado de la redada del 8 de agosto, el FBI se llevó 11 conjuntos de «documentos clasificados» de la casa de Florida de la exprimera familia, incluyendo uno etiquetado como «varios documentos clasificados/TS/SCI».
Los archivos que contienen Información Confidencial Compartimentada (SCI), una clasificación superior a la de altamente secreto (TS), solo pueden almacenarse, manejarse o discutirse en instalaciones seguras designadas. Una instalación de este tipo se había establecido en Mar-a-Lago durante el primer mandato de la presidencia de Trump.
Es constitucionalmente racional que un presidente decida qué información es clasificada y cuál no, dijo Davis, citando la decisión de la Corte Suprema en el caso de 1987 conocido como Departamento de la Marina vs. Egan.
«El presidente, después de todo, es el Comandante en Jefe del Ejército y la Marina de Estados Unidos, de acuerdo al artículo II de la Constitución», dice la opinión mayoritaria de 5-3 votos del alto tribunal. «Su autoridad para clasificar y controlar el acceso a la información que tiene que ver con la seguridad nacional (…) fluye principalmente en la inversión de poder constitucional en el presidente y existe bastante aparte de cualquier concesión explícita del Congreso».
«Eso significa que él [el presidente Trump] tiene una autoridad constitucional inherente bajo la Cláusula del Comandante en Jefe en la Constitución y ni el Congreso ni los burócratas pueden quitarle esa autoridad a través de estatutos o reglamentos», explicó Davis.
Davis también discrepó con el manejo del Departamento de Justicia de la redada del FBI, señalando que el fiscal general Merrick Garland aparentemente no consultó a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC), que actúa como asesor general de facto del poder ejecutivo, antes de dar luz verde a la operación.
«No he visto ninguna evidencia de que [Garland] pidiera una opinión a la OLC», dijo Davis a NTD.
Cuando se le preguntó por la declaración jurada que supuestamente contiene una causa probable para la redada, Davis dijo que el Departamento de Justicia ya debería haberla hecho pública, pero que probablemente tratará de «ocultarla todo lo que pueda».
«Ellos van a tratar de esconderse detrás de la clasificación», añadió. «El Departamento de Justicia ya tergiversó ante el pueblo estadounidense que el fiscal general Merrick Garland no autorizó esta orden, cuando en realidad él admitió que sí lo hizo. También es probable que hayan tergiversado que el presidente Trump tenía secretos nucleares altamente confidenciales”.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud para confirmar si Garland había pedido o no la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia antes de autorizar la orden de allanamiento.
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