Editorial
Han pasado casi cuatro años desde las elecciones de 2016, durante los cuales el FBI, con la ayuda de la CIA, realizaron una investigación criminal sobre la campaña de Trump. Sin embargo, aunque la investigación —que luego se convirtió en la investigación del abogado especial— concluyó hace tiempo, los estadounidenses siguen sin saber qué ocurrió exactamente y si la investigación era de naturaleza política.
Desde 2017, The Epoch Times ha documentado la falta de pruebas para sustentar la acusación de que la campaña de Trump confabuló con Rusia. Las investigaciones del Congreso han confirmado desde entonces que fue la campaña de Clinton la que pagó por la fuente principal de las acusaciones, el «expediente de Steele».
Los mensajes de texto del personal del FBI involucrado, los testimonios del Departamento de Justicia y del personal del FBI ante el Congreso, las investigaciones realizadas por el Congreso y la cobertura de la prensa han confirmado que la investigación «Crossfire Hurricane» del FBI estuvo plagada de irregularidades.
Entre esas irregularidades figuran la grave parcialidad expresada por los agentes que investigaban la campaña de Trump, la dependencia en el expediente de Steele para conseguir una solicitud bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, el engaño al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera al no incluir la evidencia exculpatoria, la participación directa de altos cargos del FBI en la investigación, la continuación de la investigación a pesar de la falta de pruebas y así sucesivamente.
Sin embargo, muchos de los detalles de la investigación, así como cualquier rendición de cuentas —salvo del abogado del FBI Kevin Clinesmith, quien se declaró culpable de alterar un correo electrónico— siguen siendo esquivos.
A principios de esta semana, el director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe autorizó la publicación de notas manuscritas del exdirector de la CIA John Brennan y de un memorándum de la CIA al entonces director del FBI James Comey y al entonces director asistente del FBI Peter Strzok con una pista de investigación basada en inteligencia rusa, la cual sugería que Hillary Clinton había autorizado un plan para utilizar la acusación de colusión entre Trump y Rusia como una distracción por su escándalo con los correos electrónicos.
Sin embargo, los documentos contienen tantas partes editadas que es difícil comprender el contexto de las declaraciones y hacer una evaluación justa. También provocó que la desclasificación fuera acusada de ser selectiva y de naturaleza política.
Y ahí es exactamente donde yace el problema; ¿cómo se supone que el pueblo estadounidense —de ambos lados— recupere la confianza en nuestras instituciones, como el FBI y la CIA, cuando estas han sido tan gravemente dañadas?
Además, se ha reportado que la CIA estaría retrasando la desclasificación de documentos. En una carta del 7 de octubre a la directora de la CIA Gina Haspel, los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Ron Johnson (R-Wis.) escribieron que la agencia «no ha producido ni un solo documento en respuesta» a sus indagaciones.
La carta se produjo un día después que el presidente Donald Trump escribiera en Twitter que había «autorizado totalmente la desclasificación completa de cualquier y todos los documentos relacionados con el mayor CRIMEN político de la historia estadounidense, el fraude sobre Rusia».
El pueblo estadounidense merece tener total transparencia y rendición de cuentas sobre la investigación Crossfire Hurricane del FBI sobre una campaña presidencial, lo cual a su vez será un remedio clave para restaurar la confianza rota que decenas de millones tienen hacia el sistema.
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