El candidato presidencial republicano John Castro está preparando un intento arriesgado para solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque la decisión de un tribunal de apelaciones que rechazó su demanda para descalificar al presidente Trump de la candidatura de 2024, dijo Castro a The Epoch Times en un comunicado el lunes.
Sería el próximo episodio del intento del candidato texano de sacar al presidente Trump de la boleta primaria en las elecciones presidenciales de 2024, y una de las muchas demandas que buscan descalificar al presidente empleando una disposición de la Constitución que prohíbe a los funcionarios que han “participados en insurrección o rebelión” de ocupar un cargo, también conocida como Sección Tres de la 14ª Enmienda.
Castro, de 40 años, fue noticia a principios de este año por sus demandas contra el presidente Donald Trump, en las que argumentó que este participó en una insurrección contra Estados Unidos en virtud de sus acciones y palabras relacionadas con el 6 de enero de 2021, irrupción del Capitolio y, por lo tanto, debe ser descalificado para ocupar un cargo federal por la Sección Tres.
Alrededor de su aprobación en el siglo XIX, esta disposición se refería a los miembros de la Confederación en la Guerra Civil Estadounidense.
En los últimos meses, las cortes de Florida, New Hampshire, Minnesota y Michigan han desestimado las demandas de Castro, principalmente por razones procesales o jurisdiccionales, como la falta de legitimación de Castro o la abstención de las cortes para pronunciarse sobre una cuestión política. La Corte Suprema ya rechazó en octubre una apelación de Castro sin votación registrada ni justificación, que surgió del fallido caso de descalificación de Castro contra Trump en Florida.
Más recientemente, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos desestimó la apelación de Castro de un fallo en New Hampshire. La corte de apelaciones razonó que Castro no demostró que sufrió un “perjuicio de hecho” (un componente requerido para presentar el caso bajo la Sección Tres) por la candidatura del presidente Trump, porque la afirmación de Castro de que le quitarían sus votos durante la las elecciones de 2024 (en caso de que el presidente Trump se postule) son “demasiado especulativas” en el momento en que Castro presentó su denuncia.
Castro no estuvo de acuerdo con la conclusión de la corte de Apelaciones del Primer Circuito.
«El expediente probatorio claramente respaldaba mi afirmación de que estaba ‘compitiendo directa y actualmente’ contra Trump», escribió Castro en una declaración el lunes, «por lo que el Primer Circuito inventó una nueva y peligrosa teoría legal para negar una conclusión de daño cuando sostuvo que solo mostré una ‘aparición nominal en la boleta’ a pesar de pagar una tarifa de presentación de 1000 dólares”.
El candidato afirmó que la decisión del Primer Circuito convierte al poder judicial en “árbitros de quién no es un candidato viable”, lo que, dice, “viola irónicamente la doctrina de la cuestión política” que las cortes han utilizado como fundamento para desestimar sus demandas.
Al señalar que su caso cumple con el “mínimo constitucional absoluto para establecer la legitimación”, Castro dice que espera un mejor resultado en una demanda separada que presentó en un tribunal federal en Arizona, donde el juez aún no ha tomado una decisión sobre el fondo. o la situación de su caso.
«[El caso del Primer Circuito] fue solo un campo de pruebas para el caso real en Arizona». Castro escribió. «Los abogados de Trump me mostraron ahora su mejor argumento legal y estoy respondiendo en consecuencia».
Laurence Tribe, profesor jubilado de la Facultad de Derecho de Harvard y partidario de la teoría de que la Sección Tres justifica la descalificación del presidente Trump, comentó que es poco probable que Castro tenga éxito debido a defectos técnicos en su caso.
Las demandas de Castro, dijo Tribe a The Epoch Times en una entrevista el 29 de noviembre, “obstaculizan la consideración seria de demandas bien diseñadas presentadas por votantes que tienen capacidad legal en estados como Colorado”, refiriéndose a un caso presentado por un grupo de votantes de Colorado respaldados por la organización sin fines de lucro Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), que actualmente está pendiente en la Corte Suprema de Colorado.
“Es cierto que la posición de competidor podría ser establecida por alguien como Chris Christie, que es un serio competidor de Donald Trump. Pero que alguien diga al azar que soy un competidor y que Donald Trump me está bloqueando, cuando no hay ninguna base factual para suponer que Castro podría convertirse en el candidato del Partido Republicano, no le está haciendo ningún favor a la causa constitucional que creo que le interesa seguir”, dijo Tribe.
La campaña del presidente Trump no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
El caso de Colorado
Las cortes de todo el país, alegando cuestiones jurisdiccionales, en general se han abstenido de comentar sobre los méritos de los casos de descalificación contra el presidente Trump.
Esto con la excepción de una corte del condado de Colorado, donde la juez de distrito Sarah B. Wallace escribió que el presidente Trump “participó en una insurrección”, pero desestimó el caso por un razonamiento técnico: que la Sección Tres no se aplica al presidente Trump, porque la La disposición se aplica sólo a un “Oficial de los Estados Unidos”, lo que, según ella, no incluye al presidente.
La opinión del juez Wallace llevó tanto a los demandantes como al presidente Trump a apelar ante la Corte Suprema de Colorado, por motivos distintos. Los abogados del presidente Trump discreparon con la interpretación de la juez Wallace de que el presidente había participado en una insurrección, mientras que los demandantes no estuvieron de acuerdo con su decisión de que la Sección Tres no se aplica al presidente Trump.
La Corte Suprema de Colorado acordó hacerse cargo del caso y programó los alegatos orales para el 6 de diciembre.
Los expertos han divergido en cuestiones relacionadas con si el presidente Trump participó en la insurrección del 6 de enero, si la Sección III se aplica al caso del presidente Trump y si el poder judicial tiene la jurisdicción adecuada para hacer cumplir la descalificación de un expresidente.
La teoría de la descalificación ganó impulso después de que dos juristas asociados con la Sociedad Federalista, William Baude y Michael Stokes Paulsen, argumentaran en un artículo que la Sección Tres de la 14ª Enmienda no se limita a la Guerra Civil, reemplaza los principios de libertad de expresión de la Primera Enmienda. cubre la presidencia en su alcance, y descalifica al presidente Donald Trump de la candidatura de 2024.
Alan Dershowitz, profesor jubilado de la Facultad de Derecho de Harvard, tenía una interpretación de la disposición diferente a la de Baude y Paulsen.
«Sin embargo, una lectura justa del texto y la historia de la 14ª Enmienda deja relativamente claro que la disposición sobre discapacidad estaba destinada a aplicarse a aquellos que sirvieron a la Confederación durante la Guerra Civil», escribió Dershowitz en un artículo publicado en Compact. Magazine en agosto, haciéndose eco de sus comentarios a The Epoch Times a principios de este año de que “la única forma en que [Trump] puede ser descalificado es si pueden demostrar que realmente luchó en la Guerra Civil por el Sur”.
En respuesta a las demandas de la Sección III, el presidente Trump escribió en Truth Social en septiembre que son simplemente «interferencia electoral» y representan «solo otro ‘truco’ utilizado por los comunistas, marxistas y fascistas de izquierda radical, para robar nuevamente una elección».
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