El Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) y el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) presentaron un escrito de amicus curiae instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a resolver -de una vez por todas- las cuestiones jurídicas en torno a las impugnaciones de la Enmienda 14 a la elegibilidad del presidente Donald Trump.
Aunque las organizaciones no respaldan oficialmente a ningún candidato político, tienen interés en poder designar a los candidatos de su elección, y tales impugnaciones han permitido a las cortes suplantar la autoridad de los partidos políticos en varias jurisdicciones.
Los abogados del presidente Trump revelaron recientemente que se han producido al menos 60 impugnaciones de este tipo en todo el país. Esta novedosa teoría legal de que el presidente Trump, favorito del Partido Republicano, no puede postularse bajo la Sección 3 de la Enmienda 14 se basa en la idea de que el 6 de enero de 2021 constituyó una insurrección, y los tribunales individuales pueden emitir fallos a este efecto y ordenar que sea eliminado de cualquier boleta electoral.
Se trata de un esfuerzo «sin precedentes históricos» y lleno de riesgos, argumentan las organizaciones republicanas. Sugieren que las sentencias para inhabilitar al presidente Trump, que hasta la fecha no han entrado en vigor, fueron partidistas.
» La Corte Suprema de Colorado fue la primera en morder el anzuelo. «Dado el riesgo obvio de escalada a medida que los oponentes políticos luchan por eliminarse mutuamente de la boleta electoral, incluso los críticos más públicos del presidente Trump esperan que prevalezcan las cabezas más frías».
Represalias
A raíz de la decisión de inhabilitación de Colorado, algunos legisladores republicanos propusieron la idea de prohibir al presidente Joe Biden votar en represalia a lo que consideraban un fallo absurdo y partidista.
Las organizaciones republicanas argumentan que la interpretación de insurrección de Colorado y la posterior sentencia son tan amplias que permiten varias hipótesis y «provocan la anarquía»:
— El presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y varios miembros de su personal que se manifestaron tras la muerte de George Floyd en 2020 para apoyar a los alborotadores que habían asaltado la Casa Blanca, herido a agentes de policía y obligado al presidente a refugiarse en un búnker podrían ser eliminados de la votación por ayudar a los insurrectos.
— La representante Maxine Waters ( D-Calif.) alentó el comportamiento violento diciendo: «Si ves a alguien de ese Gabinete en un restaurante, en unos grandes almacenes, en una gasolinera, sal, y crea una multitud, y contraataca» antes de que varios simpatizantes demócratas se enfrentaran a funcionarios de la administración Trump, incluyendo un tiroteo masivo que hirió gravemente al representante Steve Scalise (R-La.), por lo que se le impediría presentarse a la reelección
— Manifestantes de izquierdas y pro palestinos habían irrumpido en el complejo de la Casa Blanca tras recibir «apoyo vocal» de funcionarios demócratas, que deberían entonces ser inhabilitados para el cargo según la sentencia de Colorado.
«Al igual que los acontecimientos que subyacen a la teoría del Tribunal Supremo de Colorado, los funcionarios estatales y los estadounidenses en general están divididos sobre cómo ver estos acontecimientos», argumentan. «Pero dejar que los funcionarios estatales, a su propio juicio, eliminen a los infractores de las urnas o anulen la autoridad federal no es algo que un Congreso de la Reconstrucción prescribiría».
La autoridad estatal frente a la federal
Las organizaciones republicanas sostienen que la interpretación de la Corte Suprema de Colorado de la Sección 3 -que descalifica a un candidato presidencial en la etapa de primarias sobre una base de estado por estado y es autoejecutable- es «inverosímil.»
«Según la corte, el Congreso de la Reconstrucción, al ratificar la Sección Tercera de la Decimocuarta Enmienda, dio a los estados -incluidos los antiguos estados confederados- el poder de decidir independientemente las calificaciones de los candidatos nacionales sin permiso del Congreso», dice el escrito. «Su decisión significa que el Congreso de la Reconstrucción otorgó a los funcionarios estatales el poder de desplazar unilateralmente la capacidad del pueblo de seleccionar al candidato de su elección para un cargo federal».
La 14ª Enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil, con la intención de extender la ciudadanía y la igualdad de derechos a todas las personas nacidas y naturalizadas en Estados Unidos, es decir, a los antiguos esclavos. La Sección 3 se añadió para impedir que los oficiales militares, así como los funcionarios federales y estatales que se unieron a la Confederación, volvieran a ocupar cargos públicos sin el voto de dos tercios del Congreso.
«Si la Sección Tres otorgaba a una amplia gama de funcionarios estatales el poder de descalificar a cualquier candidato que -en opinión de los funcionarios estatales- participara en la insurrección, entonces habría sido un hazmerreír autosaboteador», argumentaron.
La interpretación de la Corte Suprema de Colorado habría sido el «sueño de cualquier secesionista», añadieron, al permitir «una nueva base constitucional no sólo para eliminar de la papeleta electoral a los candidatos favorables a la Unión, sino también para anular los actos de dichos funcionarios, incluida su promulgación o aplicación de la legislación federal».
Se entiende que la 14ª Enmienda amplió los poderes federales sobre los estatales en esta era de posguerra, y las organizaciones republicanas se hacen eco de varios expertos al argumentar que la decisión de la Corte Suprema de Colorado antepone la autoridad estatal a la federal.
«Las cortes estatales son el foro equivocado para esta disputa», argumentan. «La Sección Tercera no otorgó a los funcionarios estatales poder para frustrar al Gobierno federal o la voluntad nacional».
» La Corte Suprema de Colorado reescribió el texto de la Sección Tercera para prohibir no solo «ocupar un cargo», sino presentarse a él», añaden. Otros autores de informes amicus habían presentado al Tribunal Supremo argumentos similares en el sentido de que la Sección 3 no está pensada para aplicarse durante el proceso de primarias, sino que permitiría al Congreso eliminar la inhabilitación en una votación posterior a las elecciones generales.
El Partido Republicano de Colorado había recurrido a la Corte Suprema de EE.UU. tras la decisión, preguntando si el fallo infringía los derechos de la Primera Enmienda de los partidos políticos. Las organizaciones republicanas reiteraron esta pregunta y argumentaron que el Estado se había «entrometido» en el proceso de primarias con su fallo.
«Con lo que está en juego, esta Corte debería conceder el certiorari y rechazar la reimaginación de la Sección Tercera por parte de la Corte Suprema de Colorado», argumentan.
27 estados
Los fiscales generales de Indiana, Virginia Occidental, otros 25 estados y la asamblea legislativa de Arizona presentaron un escrito separado en el que pedían a la Corte Suprema que hiciera lo mismo y evitara el inminente «caos» que la decisión de Colorado está a punto de crear.
Los tribunales han mostrado históricamente moderación en cuestiones políticas, argumentan, y la Corte Suprema de Colorado hizo lo contrario.
«En medio de unas elecciones muy reñidas, ha excluido a un presidente y principal candidato de su boleta presidencial», se lee en el escrito.
Pronostican «vastas consecuencias que van mucho más allá de Colorado», que ya se vieron cuando Maine siguió los pasos de Colorado y declaró al presidente Trump inelegible para la boleta electoral el mismo mes.
«Ningún estado es una ‘isla’ electoral porque ‘el impacto de los votos emitidos en cada estado se ve afectado por los votos emitidos’ -o, en este caso, no emitidos- ‘en otros estados'», reza el escrito. «Los estados amici tienen un gran interés en proteger a sus electorados de acciones que diluyan las opciones de sus ciudadanos».
«Amenaza con sumir en el caos las elecciones presidenciales de 2024», argumentan.
Sostienen además que la corte permitió que la importante cuestión de la «insurrección» se decidiera sobre la base de «juicios puramente políticos, no jurídicos».
«Si la decisión de Colorado se mantiene … muchos estadounidenses se convencerán de que unos pocos actores partidistas se las han ingeniado para sacar una decisión política de las manos de los votantes ordinarios».
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