El Salvador registró 5 contagios locales del virus del PCCh con lo que elevó el número de casos positivos a 167, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 6, informaron este jueves fuentes oficiales.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, se mantienen 125 casos activos del COVID-19, de los que 110 pacientes tienen pronóstico médico «estable», 6 «moderado», 7 «grave» y 2 «crítico».
El presidente del país, Nayib Bukele, señaló en sus redes sociales que el miércoles se realizaron 548 pruebas y que de los 5 casos positivos, 4 son por «nexos epidemiológicos» y uno se detectó en «búsqueda».
Añadió que 3 pacientes fueron «curados», para totalizar 33, y que 299 personas salieron de cuarentena.
Las cifras gubernamentales también indican que el grupo etario con mayor número de contagiados es el que oscila entre los 20 y 39 años con 70 casos, le siguen las personas que van de los 40 a 59 años.
Atrás de estos grupos se ubican los pacientes con edades entre 60 y 79 años. Los ancianos mayores de 80 años suman 3 casos, los jóvenes entre 10 y 19 años llegan a 4 y los niños menores de 9 años contagiados son 2.
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Además, un total de 4411 personas están en cuarentena en 91 centros de contención y 1831 salvadoreños han finalizado su cuarentena y regresaron a sus hogares para continuar con las medidas establecidas por el Gobierno.
La capital del país centroamericano es el municipio que más casos registra a la fecha con 12 contagios y le sigue Santa Ana (noroeste) con 4 pacientes.
El Salvador vive este jueves su tercer día de cuarentena domiciliar obligatoria sin estado de excepción, dado que los diputados de los dos principales partidos opositores no apoyaron su ampliación a raíz de las denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos por parte de policías y soldados.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido al menos 102 denuncias por vulneraciones a la «libertad e integridad» atribuidas a la Policía y Ejército.
El titular de la PDDH, José Apolonio Tobar, también denunció el miércoles que elementos de elite de los cuerpos de seguridad irrumpieron en viviendas en los departamentos de San Salvador y Santa Ana y amenazaron a los habitantes con remitirlos a centros de contención.
Esto supuestamente amparados en un nuevo decreto ejecutivo de cuarentena que obliga a las personas a permitir el acceso de delegados del Ministerio Salud.
Sin embargo, diversos expertos señalan que el Gobierno no tiene dicha facultada, dado que la inviolabilidad de la morada es una garantía constitucional que no está sujeta a suspensión.
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