El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, suplicó el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo que espera que el alto tribunal falle a favor de una ley estatal de aplicación de la ley de inmigración que fue puesta en suspenso a principios de este mes.
Patrick dijo el lunes que el Tribunal Supremo decidirá pronto si la ley, SB4, entrará en vigor mientras los tribunales inferiores escuchan el caso. A principios de este mes, el juez Samuel Alito suspendió temporalmente dos veces la ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para este mes.
La ley tipificaría como delito el cruce ilegal de la frontera entre EE.UU. y México para entrar en Texas y permitiría a los agentes de policía detener a las personas que crean que son extranjeros ilegales. Funcionarios estatales, entre ellos Patrick y el gobernador de Texas Greg Abbott, dijeron que la medida es necesaria para hacer frente a la inmigración ilegal históricamente alta en los Estados Unidos y Texas, que comparte una extensa frontera con México.
«A los jueces del Tribunal Supremo que están viendo Fox, estoy seguro de que esta mañana mientras se levantan temprano, nos están atacando … por tierra, por mar, por aire, literalmente millones que vienen a través de la frontera, muchos armados, muchos criminales, terroristas», dijo Patrick a Fox News el lunes por la mañana.
El funcionario republicano añadió que también ha habido informes de aviones no tripulados en la frontera entre Estados Unidos y México que están «espiando» a Estados Unidos para «ayudar a enviar drogas e inmigrantes ilegales a través de la frontera.» Y añadió: «Por tierra, por mar, por aire, yo llamo a eso una invasión».
El mes pasado, el juez de distrito David Ezra dictaminó que la medida violaba la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense, que otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva en materia de inmigración. El juez también rechazó los argumentos del estado de que Texas estaba siendo invadido en virtud del Artículo IV de la Constitución de EE.UU.
El juez Ezra, nombrado por Reagan, escribió en su momento que la ley entraría en conflicto con las leyes federales de inmigración y afirmó que Texas podría entonces «sustituir permanentemente las directivas federales», lo que «equivaldría a anular la ley y la autoridad federales».
Según el juez, esa es una «noción que es antitética a la Constitución y ha sido inequívocamente rechazada por los tribunales federales desde la Guerra Civil».
Si la ley pudiera mantenerse, escribió, el gobierno federal «sufriría un grave daño irreparable» porque otros estados se inspirarían para aprobar medidas similares. «La SB 4 amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz», prosiguió el juez Ezra.
Su orden fue posteriormente recurrida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, antes de que el Quinto Circuito de Apelaciones de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, bloqueara su orden, permitiendo la aplicación de la ley. El caso fue posteriormente recurrido ante el Tribunal Supremo antes de que interviniera el juez Alito.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) también presentó una demanda contra el estado de Texas, argumentando que la ley de inmigración viola la Constitución de EE.UU..
«Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso. El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal», declaró la fiscal general adjunta Vanita Gupta en un comunicado de prensa emitido por el DOJ en enero.
En los últimos tres años, Abbott y otros republicanos de Texas han criticado las políticas de control fronterizo de la administración Biden, afirmando que han provocado un aumento de la inmigración ilegal. Además, el gobernador ha acusado al presidente Joe Biden de incumplir su deber de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El presidente Biden y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han señalado que existe un problema de inmigración ilegal, pero lo han achacado a un sistema «roto» y a la corrupción en otros países. También han afirmado que las políticas del expresidente Donald Trump han contribuido a ese sistema roto, aunque el presidente Biden trabajó para deshacer muchas de las órdenes ejecutivas de su predecesor a los pocos días de asumir el cargo en enero de 2021.
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