Los propietarios de tierras del Medio Oeste de Estados Unidos que luchan contra la construcción de una red de oleoductos de captura de carbono de 2000 millas están molestos al saber que la empresa que busca realizar las servidumbres en sus tierras está financiada por inversores extranjeros, incluyendo al menos uno con un historial problemático.
Summit Carbon Solutions pretende construir un oleoducto a través de cientos de granjas y otras propiedades privadas en Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota del Sur y Dakota del Norte.
Los oleoductos tomarían el dióxido de carbono (CO2) producido por más de 30 plantas de etanol, lo licuarán y lo enviarán a Dakota del Norte para enterrarlo entre las rocas a una milla bajo tierra.
Se trata de una tecnología nueva y no todos están convencidos de que el plan sea beneficioso, sobre todo a largo plazo.
«Dios está a cargo del viento, la lluvia y el Sol, y cualquiera que sea la cantidad de carbono que se bombee en el suelo, no va a cambiar el clima. La naturaleza puede adaptarse», dijo a The Epoch Times Colin Hoffman, ganadero de tercera generación en Leola, Dakota del Sur.
«Los propietarios de tierras se respetan mutuamente en Dakota del Sur. Sabemos que una valla es una línea de propiedad. No entramos en la propiedad de nuestro vecino sin su permiso. No vamos a cavar en la propiedad de nuestro vecino. Las líneas de propiedad significan algo para nosotros».
Pero Summit está pidiendo cruzar una sección del rancho de 3000 acres de Hoffman con una servidumbre permanente para un proyecto de «captura, utilización y almacenamiento de carbono» destinado a salvar la tierra del calentamiento global.
Antecedentes irregulares
En mayo, la empresa energética surcoreana SK E&S anunció que invertiría USD 110 millones para adquirir una participación del 10 por ciento en Summit Carbon Solutions como parte de su estrategia de transición hacia formas de energía supuestamente más respetuosas con el medio ambiente.
SK E&S se unió a un consorcio de inversores, entre ellos Summit Agricultural Group y Texas Pacific Group, en esta reciente ronda de financiación de Summit, según un comunicado de SK E&S.
SK E&S es una filial de SK Inc. junto con SK Engineering & Construction Co. Ltd., empresa que se declaró culpable en junio de 2020 de fraude electrónico, en un esquema para obtener contratos del Ejército de Estados Unidos a través de pagos a un funcionario de contratación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y la presentación de reclamaciones falsas al gobierno de Estados Unidos.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, SK fue condenada a pagar USD 60.6 millones; USD 2.6 millones en restitución al Ejército de los Estados Unidos; y a cumplir tres años de libertad condicional, tiempo durante el cual SK se comprometió a no perseguir contratos del gobierno federal de Estados Unidos.
El Ejército suspendió a SK en 2017 de futuras contrataciones en toda la rama ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos.
En 2008, SK obtuvo un contrato de construcción del Ejército estadounidense en Camp Humphreys, Corea del Sur, por valor de cientos de millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, SK pagó millones de dólares a una falsa empresa de construcción coreana llamada S & Teoul, que luego pagó ese dinero a un funcionario contratante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
A continuación, para ocultar aproximadamente USD 2.6 millones en pagos a S & Teoul, y en última instancia al funcionario contratante, SK presentó documentos falsos al Ejército de Estados Unidos.
SK admitió que, en abril de 2015, sus empleados quemaron muchos documentos relacionados con los contratos para obstaculizar a los investigadores. La empresa también admitió que en otoño de 2017, sus empleados obstruyeron un procedimiento penal federal al intentar persuadir a una persona para que no cooperara con las autoridades estadounidenses, según un comunicado del DOJ.
SK no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
En otro caso, otra filial de SK, SK Energy Co. Ltd., junto con otras dos empresas surcoreanas, GS Caltex Corporation y Hanjin Transportation Co. Ltd., se declararon culpables de cargos penales y pagaron un total de aproximadamente USD 82 millones en multas penales por su participación en una conspiración de manipulación de licitaciones de una década de duración que tenía como objetivo los contratos para suministrar combustible a las bases del Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur, según una declaración del DOJ de 2018. Esta declaración indica que en resoluciones civiles separadas, SK Energy y las otras dos compañías acordaron pagar un total combinado de aproximadamente USD 154 millones. De eso, SK pagó más de USD 90 millones.
Ed Fischbach, un agricultor cerca de Mellette, Dakota del Sur, se dedica al cultivo y a la ganadería. Summit quiere instalar una servidumbre en las tierras de Fischbach, quien se muestra escéptico con la empresa.
“Yo no me fiaba en esta empresa antes de que descubriéramos que tenían inversionistas extranjeros, tal como han actuado con los terratenientes desde el principio. Aquí no hay confianza en absoluto”, dijo Fischbach a The Epoch Times. Al conocer los antecedentes de SK lo hizo sentir aún más escéptico.
The Epoch Times le preguntó a Summit qué tenía que decir sobre las preocupaciones de los terratenientes sobre SK E&S.
“Una amplia gama de personas y organizaciones han invertido en Summit Carbon Solutions porque comparten nuestra opinión de que existen importantes oportunidades para descarbonizar económicamente las industrias agrícola y del etanol, lo que mejorará su sostenibilidad a largo plazo”, Jesse Harris, portavoz de Summit, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico.
“La empresa seguirá cumpliendo o superando todos los requisitos reglamentarios federales, estatales y locales, incluidos los requisitos financieros, mientras trabajamos para abrir nuevas oportunidades económicas para los productores de etanol, fortalecer el mercado agrícola para los agricultores y generar nuevos ingresos para las comunidades locales. apoyar escuelas, hospitales, carreteras y más”.
Para que el proyecto avance, cientos de terratenientes en el proyecto de cinco estados tendrían que aceptar una servidumbre o enfrentar potencialmente un dominio eminente.
“No me gusta”, dijo a The Epoch Times Kathy Stockdale, una agricultora del condado de Hardin, Iowa.
Su familia enfrenta la presión de dos empresas, Summit y Navigator CO2 Ventures, que buscan servidumbres en su granja.
“Como cristiana, yo creo que soy un mayordomo de mi tierra y puedo cuidarla. Hemos trabajado muy duro en eso. Tener algunos inversionistas de fuera del país en tierras agrícolas de Iowa (…) Como republicana, nuestra plataforma dice que no apoyamos la inversión extranjera ni el dominio eminente utilizado por empresas privadas. Así que esto va en contra de todo lo que es Iowa y [yo mismo como] agricultor”.
Incentivo financiero
El proyecto de oleoducto de Summit, y proyectos similares en obras en todo el país, se están fomentando a través del crédito fiscal federal de captura y secuestro de carbono, también llamado 45Q, que paga hasta USD 50 por tonelada de CO2 capturado y secuestrado.
La construcción de nuevos proyectos de captura de carbono debe comenzar antes del 1 de enero de 2026 para que estos sean elegibles, por lo que es urgente que las empresas de captura de carbono comiencen sus proyectos.
Cuanto más CO2 capturado, más créditos fiscales federales se obtienen.
Una vez completado, el proyecto de Summit será el proyecto de captura y almacenamiento de carbono más grande del mundo, dice el sitio web de la compañía. Tendrá capacidad para capturar y almacenar de forma permanente hasta 12 millones de toneladas de CO2 al año.
A esa tasa, Summit obtendría USD 600 millones por año en créditos fiscales que la empresa y sus inversores pueden usar para compensar sus facturas de impuestos, o venderlos a otros para obtener ganancias. Se ha hablado en el Congreso sobre hacer que estos créditos fiscales sean pagos directos para fomentar aún más este tipo de proyectos.
“Las soluciones de captura y almacenamiento de carbono son una tecnología importante que puede reducir directamente el dióxido de carbono generado en el proceso de emplear diversas fuentes de energía, incluidos los biocombustibles y el gas natural”, dijo el vicepresidente del Grupo SK y director ejecutivo de SK E&S, Jeong Joon Yu, en unn declaración.
“SK E&S se compromete a apoyar activamente los proyectos de energía con bajas emisiones de carbono en los EE. UU. para contribuir significativamente al objetivo del gobierno de EE. UU. de reducir significativamente las emisiones de CO2 para 2030”.
Pero los terratenientes a los que se les piden que las servidumbres pasen a través de sus propiedades no creen que los créditos fiscales deban ir a inversionistas extranjeros.
“Ese es el otro problema que está enojando a la gente”, dijo Hoffman. “¿Por qué los extranjeros pueden entrar y aprovechar nuestro crédito fiscal federal 45Q a expensas de nosotros los contribuyentes? Nosotros no creemos que se les deba permitir usar el dominio eminente en esto porque no sirve a un propósito público (…) No creemos que el dominio eminente deba usarse para una empresa privada y no creemos que sea una forma segura material para tener en una tubería”.
Stockdale dijo que el proyecto no es necesario.
“Ellos quieren usar el dinero de nuestros contribuyentes para financiar este oleoducto y esas ganancias, si se construye, no volverán a los contribuyentes”, dijo Stockdale. “Este se irá a los inversionistas extranjeros, quiero decir todo el dinero que están ganando, eso no nos ayuda en absoluto como agricultores.
“Todo está construido sobre una premisa falsa. Es solo por dinero».
Brian Jorde, abogado gerente de Domina Law Group con sede en Omaha, Nebraska, está trabajando en los estados involucrados, con más de 500 terratenientes que no desean permitir una servidumbre en sus tierras. Los casos tienen como objetivo evitar las servidumbres a través del abuso del dominio eminente.
“Una cosa es si el gobierno lo está haciendo y, según la teoría, por un bien mayor. Pero aquí, esto es puramente para el enriquecimiento financiero de una corporación privada”, dijo Jorde a The Epoch Times.
“Nuestras leyes se han alejado del uso público. El desencadenador del inminente dominio tiene que ser de uso público. Algunos muchachos se despertaron un día y dijeron: ‘Guau, hay créditos fiscales. ¡Síííí! Hagamos ingeniería inversa de un negocio para obtener esos créditos fiscales. Mientras tanto nos apoderamos de la tierra de la gente si no nos la quieren dar. Qué gran plan’. Quiero decir, es absolutamente escandaloso”.
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