WASHINGTON —Un fabricante chino de teléfonos inteligentes obtuvo una victoria legal clave contra el gobierno de Estados Unidos esta primavera, lo cual se espera que aliente a más empresas chinas con vínculos militares para desafiar una prohibición de la era Trump que impedía a los inversores estadounidenses invertir en sus empresas.
El Departamento de Defensa retiró oficialmente en mayo a la china Xiaomi, el tercer mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, de su lista negra de inversiones. Xiaomi estaba entre las 44 empresas etiquetadas como «empresas militares comunistas chinas» (CCMC) por el Pentágono.
El Departamento de Defensa, bajo la Administración de Trump, había designado a la compañía por tener vínculos con el ejército de China el 14 de enero. En respuesta, Xiaomi presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en el Tribunal del Distrito de Columbia, calificando su colocación en la lista de «ilegal e inconstitucional».
En marzo, el juez de distrito estadounidense Rudolph Contreras ordenó la suspensión temporal de la implementación de la lista negra, citando la falta de «pruebas sustanciales» sobre los vínculos de la empresa con el Ejército Popular de Liberación (EPL). La Administración Biden no impugnó el fallo.
El 5 de mayo, el mismo juez ordenó una suspensión similar que impedía al Pentágono aplicar la prohibición a Luokung Technology Corp, otra empresa china que fue designada como CCMC. Luokung es una empresa de tecnología de creación de mapas y procesamiento de grandes datos con sede en Beijing.
Tras las sentencias, FTSE Russell, uno de los principales proveedores de índices mundiales, anunció que volvería a incluir a Xiaomi y Luokung en sus índices mundiales. Los valores de muchas empresas chinas están incluidos en fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros fondos de inversión pasivos comparados con índices mundiales como el FTSE Russell.
El Nasdaq también retiró su decisión de excluir las acciones de Luokung de la lista el 6 de mayo. La decisión y la noticia de la cotización hicieron que las acciones de Luokung Technology —Nasdaq: LKCO— subieran más de un 10% el mismo día.
Las acciones de Xiaomi Corp., HKG:1810, en Hong Kong cayeron casi un 40%, perdiendo aproximadamente 39,000 millones de dólares en valor de mercado en dos meses después de que la empresa fuera incluida en la lista negra. Sin embargo, las acciones recuperaron la mayor parte de la pérdida desde la sentencia judicial de marzo.
Según Keith Krach, veterano de Silicon Valley y exsubsecretario de Estado, Xiaomi ha sido una empresa crucial para la vigilancia estatal por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).
«El secretario general Xi utiliza empresas respaldadas por los militares, como Baidu, Tencent, Alibaba y Xiaomi, para hacer crecer la influencia del PCCh mientras abandona peligrosamente las normas de confianza internacionales en materia de tecnología», dijo a The Epoch Times.
Krach lanzó el año pasado la campaña «Red limpia» del Departamento de Estado para expulsar a Huawei y otras empresas chinas de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones en más de 50 países.
Krach dijo que la Administración Biden debería continuar la campaña contra empresas chinas como Xiaomi y «reunir a nuestros socios estratégicos en todo el mundo para crear confianza y seguridad en las redes tecnológicas».
Según los legisladores republicanos, Xiaomi es el «próximo Huawei» que pretende comprometer la cadena de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación de Estados Unidos.
En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en abril, los legisladores republicanos de Nueva York, los representantes John Katko y Andrew Garbarino advirtieron a la Administración Biden contra las nuevas y emergentes empresas chinas.
«Específicamente, estamos alarmados por el ascenso de la empresa tecnológica china Xiaomi, que ha lanzado recientemente varios nuevos teléfonos inteligentes de gama alta con el objetivo de llenar el vacío para los consumidores dejado por Huawei», escribieron los legisladores, instando a la administración a presentar su «respuesta a la amenaza de los actores emergentes del mercado como Xiaomi».
Fusión militar-civil
El régimen chino, a través de su agresiva estrategia nacional denominada «Fusión militar-civil», utiliza a las empresas chinas para reforzar a su ejército. Según la legislación china, estas empresas están obligadas a compartir su tecnología con el EPL.
Muchas de estas empresas cotizan en las bolsas de todo el mundo y son objeto de seguimiento por parte de los principales índices, como el MSCI y el FTSE.
En un esfuerzo por frenar el acceso de Beijing a los lucrativos mercados de capitales de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el año pasado que prohibía a los inversores estadounidenses invertir en estas empresas.
Tras las sentencias judiciales, otras empresas chinas incluidas en la lista negra podrían seguir la misma vía legal e impugnar la aplicación de la lista negra, según Nazak Nikakhtar, socia del bufete de abogados Wiley Rein LLP y exsecretaria adjunta del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
«El riesgo de demanda podría haberse evitado», dijo a The Epoch Times durante una entrevista en abril.
Es un hecho conocido que el régimen chino, a través de su estrategia de Fusión Militar-Civil y otras leyes de seguridad nacional, utiliza a las empresas chinas para ayudar a fortalecer el EPL, y por lo tanto el Congreso debería considerar la posibilidad de modificar el proyecto de ley de política de defensa para aplicar «un enfoque ‘de jure’, en lugar de un enfoque ‘de facto’, para la designación de las CCMC», dijo Nikakhtar.
Este enfoque más flexible reduciría la carga del Pentágono para proporcionar datos suficientes sobre las empresas militares chinas y reduciría el riesgo de demanda para el gobierno, señaló.
El abogado del gobierno, Joseph Evan Borson, dijo que la Administración Biden está estudiando las opciones para evitar las impugnaciones judiciales de las empresas chinas, según un artículo de Politico.
«El gobierno está considerando sus opciones», dijo Borson en mayo en respuesta a una pregunta del juez Contreras, que dictaminó en los casos de Xiaomi y Luokung.
«Estamos considerando cómo responder a la luz de las cuestiones que las sentencias de este tribunal han planteado».
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